ES  ·  EN

Jerga, malentendidos y captura política del ciudadano ordinario

Hay una figura casi siempre ausente en las grandes discusiones contemporáneas sobre sexo, género e identidad. No porque carezca de importancia política, sino precisamente porque su manera de relacionarse con estos asuntos parece demasiado ordinaria para merecer atención intelectual. Es el ciudadano que no ha leído a Judith Butler, que no sabe qué significa performatividad y que probablemente tampoco podría explicar con precisión la diferencia entre sexo biológico, identidad de género, expresión de género y rol de género. Trabaja, paga impuestos, mira televisión, escucha la radio en el auto, conversa con compañeros, familiares y vecinos, y vota cada algunos años. Tiene un compañero gay, una sobrina lesbiana o una conocida trans. No comprende del todo sus experiencias y utiliza un vocabulario que haría estremecer a más de un seminario universitario. Sin embargo, tampoco siente particular interés en perseguirlos. Su posición política cabe en una fórmula intelectualmente modesta pero históricamente nada despreciable: que cada uno viva como quiera y que nadie sea jodido por eso.

Esta figura aparece en los análisis, sobre todo, cuando deja de comportarse como se esperaba. Mientras acepta silenciosamente la ampliación de derechos, su indiferencia resulta poco interesante. Cuando expresa rechazo hacia determinadas formulaciones o políticas vinculadas con el género, en cambio, se convierte rápidamente en objeto de explicación: persistencia del prejuicio, reacción conservadora, transfobia, radicalización algorítmica, avance de la extrema derecha. Algunas de esas explicaciones son correctas en muchos casos. Pero pueden reemplazar una pregunta distinta: qué escuchó esa persona antes de reaccionar, cómo estaba organizado el discurso que recibió y qué parte de su reacción respondía a una objeción razonable antes de quedar absorbida por un lenguaje político más radical.

El alcance de la tesis es más limitado. Este texto no intenta explicar por sí solo el crecimiento de la derecha reaccionaria ni resolver aquí las disputas sobre la ontología del sexo. Sostiene que existe un mecanismo discursivo por el cual desacuerdos que no son reaccionarios en su origen quedan integrados a paquetes políticos reaccionarios cuando el lenguaje que los formula sólo encuentra reconocimiento en ese campo. La existencia del mecanismo puede establecerse conceptualmente; su frecuencia poblacional y su peso electoral son cuestiones empíricas distintas y exigen otra clase de evidencia.

Hecha esa delimitación una vez, no hace falta volver a pedir permiso en cada párrafo.

Del lenguaje especializado al paquete político

Proposiciones distintas comienzan a circular como si mantuvieran entre sí una relación necesaria.

“El sexo de un recién nacido es una observación objetiva cuando nace” viaja junto con “las personas trans no existen”. “El sexo importa para algunas clasificaciones institucionales” termina unido a “las personas trans amenazan a la sociedad”. “Registrar el sexo neonatal no constituye violencia” aparece dentro del mismo bloque que “todo reconocimiento jurídico de la identidad de género debe ser eliminado”. Entre las primeras y las segundas proposiciones no existe una inferencia válida. Para llegar a las segundas hacen falta premisas adicionales.

También ocurre a la inversa. “Las personas trans merecen reconocimiento jurídico y protección frente a la discriminación” circula atado a afirmaciones sobre la naturaleza del sexo, la prioridad general de la identidad subjetiva o el carácter opresivo de determinadas clasificaciones corporales. Tampoco hay necesidad lógica en esa asociación. Defender derechos trans no obliga a adoptar una ontología específica del sexo ni a aceptar que toda categoría sexual sea una imposición política.

Ese empaquetado convierte proposiciones independientes en marcadores de pertenencia a bloques completos. Quien acepta una parece obligado a aceptar todas; quien objeta otra queda desplazado hacia el campo adversario. El desacuerdo deja de organizarse por contenidos y pasa a organizarse por alineamientos.6,7,16

Eso explica por qué ciertas expresiones adquieren una importancia mucho mayor cuando salen del ámbito especializado. “Sexo asignado al nacer”, por ejemplo, tiene un uso técnico perfectamente inteligible en contextos clínicos, epidemiológicos y registrales: permite distinguir entre el dato consignado al nacimiento y otras variables posteriores, como la identidad de género declarada. En ese uso se trata simplemente de no colapsar variables distintas.3,13,15

Yo, no comparto el término “sexo asignado al nacer” porque no se “asigna”, se observa y se registra. El gran porcentaje de esas observaciones se condicen con la realidad genérica que más tarde aparecerá. Que existan personas que difieren en esta categoría en algún punto de su trayectoria vital, no invalida la categoría de origen y sus descripciones.

Pero ésa no es la única forma en que la expresión circula públicamente. La versión más difundida públicamente vincula la asignación con una imposición normativa y, en su forma más fuerte, con una violencia ejercida por el sistema médico. Circula mejor que la precisión administrativa porque genera conflicto, reacción y titulares. El ciudadano no recibe entonces una distinción técnica entre variables. Recibe una tesis moral: que cuando un médico observa las características sexuales de un recién nacido y lo registra como masculino o femenino está ejerciendo una forma de violencia.1,2

Su desconcierto no necesita ninguna explicación psicológica profunda. La proposición es fuerte. Si identificar el sexo de un recién nacido constituye violencia, corresponde explicar qué hace violento ese acto, cuál sería la alternativa institucional, qué diferencia existe entre describir una característica corporal y prescribir una identidad futura y cómo deberían operar las instituciones que necesitan registrar variables sexuales por razones médicas, estadísticas o administrativas. Ésas son preguntas sustantivas, no síntomas.

El vocabulario especializado no comunica solamente contenido. Comunica también una señal de autoridad epistémica. Cuando alguien escucha “significativo al 0,05”, aunque no pueda evaluar el análisis estadístico, entiende que existe detrás un procedimiento técnico. Del mismo modo, términos como performatividad, cisheteronormatividad o la autoidentificación es inmune al ejercicio semántico de la pregunta externa, transmiten la impresión de que el terreno conceptual ya fue estabilizado y que el desacuerdo central pertenece al pasado.1,17

En este campo esa señal excede con frecuencia el consenso real. Las discusiones sobre materialidad corporal, identidad, performatividad, clasificación social y experiencia trans atraviesan el propio campo emancipatorio. Prosser discute determinados usos de la performatividad desde una posición trans; Namaste cuestiona una teoría queer que celebra discursivamente lo trans mientras desatiende las condiciones materiales de vida; distintas corrientes feministas y queer discrepan sobre el estatuto de las categorías sexuales y sobre qué debe hacerse políticamente con ellas. El campo tiene conocimiento acumulado, pero conserva desacuerdos sobre cuestiones centrales.4,5

Presentar una de esas posiciones como si fuera simplemente “lo que sabemos” produce una falsa impresión de consenso. Cuando el receptor detecta la distancia entre la seguridad del vocabulario y la disputa que existe detrás, la reacción lógica no es necesariamente “no entiendo”. También puede ser: “me están presentando como resuelto algo que no lo está”.

El ciudadano no necesita haber leído teoría de género para advertir que una afirmación fuerte requiere una justificación fuerte.

De la objeción al diagnóstico del objetor

El desacuerdo deja de tratarse como una proposición y pasa a interpretarse como información sobre quien la formula.

Una frase como “el sexo de un recién nacido puede identificarse” pretende decir algo acerca del mundo. Se discute mediante definiciones, evidencia, contraejemplos y razones. En cambio, una afirmación como “sos transfóbico” atribuye una disposición o característica al interlocutor. Una secuencia persistente de actos discriminatorios, declaraciones explícitas o prácticas hostiles puede justificar esa atribución. El problema surge cuando la inferencia se realiza directamente desde una proposición controvertida hacia un diagnóstico moral del sujeto.

Ahí se colapsan acto y carácter.

No se dice “esta afirmación tiene este problema”, “esta práctica produce este efecto” o “este criterio excluye de esta manera”. Se dice “vos sos esto”. El desacuerdo queda transformado en evidencia sobre la clase de persona que habla. Los predicados de acto mantienen localizada la discusión: una afirmación se defiende, se corrige o se abandona. Los predicados de carácter expanden el conflicto hacia la identidad moral completa del interlocutor.

Este desplazamiento se vuelve especialmente problemático cuando sale de la conversación privada y entra en instituciones con capacidad sancionatoria. Dos personas discutiendo en un bar pueden acusarse mutuamente de estupideces monumentales, tradición humana de larga data. Otra cosa ocurre cuando una atribución de hostilidad sirve para justificar una sanción laboral, profesional, educativa, administrativa o de plataforma. Allí la categoría necesita criterios claros, proporcionalidad, posibilidad de revisión y garantías acordes con sus consecuencias materiales.

Una persona que dice “un hombre nace hombre” puede creer que sólo está formulando una proposición anatómica, pero si tiene delante a alguien cuya identidad contradice esa clasificación, su frase también actúa sobre la relación. Clasifica al interlocutor contra su propia declaración. Reconocer ese efecto no resuelve la cuestión acerca de la verdad de la proposición ni autoriza a inferir automáticamente una intención hostil. Obliga a distinguir dos planos que suelen mezclarse: qué dice un enunciado acerca del mundo y qué hace ese enunciado en una interacción concreta.

La misma caridad interpretativa que se concede rutinariamente al lenguaje académico debería aplicarse también al lenguaje ordinario. Cuando un filósofo formula una frase oscura, generaciones de comentaristas reconstruyen niveles, contextos y sentidos posibles antes de concluir que dijo una estupidez. Cuando una persona cualquiera afirma torpemente que “un hombre nace hombre”, con demasiada facilidad se le atribuye una metafísica política completa.

La exigencia es más modesta: no inferir del lenguaje ordinario más de lo que contiene.

Una persona que sostiene que el sexo biológico existe y suele identificarse al nacimiento, no ha dicho todavía qué piensa sobre documentos, tratamientos hormonales, matrimonio, empleo, discriminación, expresión de género, deporte o sistema penitenciario. La distancia entre esas preguntas es enorme, y es justamente esa distancia la que interesa preservar.

Estamos metiendo en la misma categoría al tipo que quiere perseguir personas trans y al tipo que acepta perfectamente que un adulto viva como quiera pero considera absurda la afirmación de que registrar el sexo neonatal constituye violencia. Son posiciones normativamente muy diferentes.

Las preguntas ordinarias, además, señalan conflictos institucionales reales. Qué registra un médico al nacimiento y qué variables necesita una historia clínica. Cómo se construyen las estadísticas sanitarias. Cuándo importa el sexo y cuándo resulta irrelevante. Si una categoría jurídica debe coincidir siempre con una clasificación biológica. Qué ocurre cuando distintas instituciones utilizan categorías semejantes para finalidades diferentes. Si una misma regla sirve para documentación, medicina, deporte competitivo, estadísticas y sistema penitenciario.

Preguntar eso no equivale a negar la dignidad de nadie. Es lo que inevitablemente ocurre cuando una teoría abandona el seminario y entra en formularios, protocolos, indicadores, reglamentos y leyes. La política conserva una característica poco glamorosa pero persistente: al final hay que administrar cosas.

Del desconcierto a la captura

El riesgo político aparece cuando un desacuerdo razonable queda sin lenguaje disponible dentro del campo que defiende derechos y encuentra reconocimiento únicamente en el campo que pretende restringirlos.

La secuencia puede verse así:

A) “No me importa lo que hagas con tu vida y quiero que tengas los mismos derechos”.

B) “Registrar el sexo de un bebé es violencia”.

C) “La autodeterminación debe prevalecer en toda clasificación institucional”.

D) “Cuestionar C es negar la existencia de las personas trans”.

E) “¿Viste? Se volvieron todos locos. Yo te voy a devolver el sentido común”.

A es una posición liberal ordinaria. No contiene una teoría sofisticada del reconocimiento, pero tampoco una pulsión persecutoria: expresa una disposición básica a la convivencia. E resulta eficaz porque verbaliza una objeción que A ya tenía antes de encontrarse con E. No necesita fabricar el desconcierto desde cero. Lo reconoce, lo valida y le ofrece una explicación política.

Ahí comienza la captura.

El ciudadano no pasa directamente de “dejá vivir” a una doctrina reaccionaria completa porque descubrió repentinamente que odiaba a las personas trans. Entra por una puerta más estrecha: encuentra que el único campo dispuesto a decir que su objeción no es absurda es precisamente aquel que tiene preparado un paquete mucho más amplio.6,18,19

Ese paquete incorpora conclusiones que no se deducen de la objeción inicial: las identidades trans serían fraudulentas, el reconocimiento jurídico constituiría un privilegio y cualquier política antidiscriminatoria sería autoritaria. También puede reunir la homosexualidad, la transexualidad y ciertas transformaciones familiares dentro de un mismo relato de decadencia, hasta presentar la restauración de jerarquías sociales como condición para recuperar la realidad biológica. La intuición limitada termina así funcionando como puerta de entrada a una identidad ideológica que el ciudadano A nunca había pensado adoptar.

Por eso la explicación “la sociedad se volvió reaccionaria” resulta insuficiente. Describe el resultado sin reconstruir el recorrido y no permite distinguir entre quien ya sostenía una ontología reaccionaria y quien fue incorporando ese marco porque fue el único que reconoció como legítimo un desacuerdo previo.

Y aunque no les resulte agradable, los dos bandos pueden terminar dándose material mutuamente para justificar posiciones radicales. El reaccionario selecciona la afirmación progresista más extravagante y dice: “Esto demuestra que siempre tuvimos razón sobre ellos”. Del otro lado, la reacción resultante puede leerse como prueba de que detrás de cualquier objeción siempre hubo odio. Así, cada extremo encuentra en el peor representante del adversario una razón para presentar su propia moderación como irresponsable.

Esa funcionalidad discursiva recíproca no supone equivalencia moral ni identidad de fines: cada radicalismo puede convertir al otro en prueba de necesidad.

La moderación, además, tiene dificultades estructurales para hacerse visible. “Las personas trans deben tener los mismos derechos y el sexo biológico sigue siendo relevante para determinadas instituciones” tiene muy poco rendimiento dentro de una arquitectura mediática organizada por conflictos. No indigna suficientemente a nadie, no ofrece un enemigo claro ni permite identificar en cinco segundos a qué tribu pertenece quien habla. Su principal defecto mediático es precisamente su principal virtud política: distingue.8,20,21

La tesis defendida aquí es conceptual: los paquetes discursivos pueden conectar una objeción limitada con un programa político más amplio. Determinar con qué frecuencia ocurre ese recorrido y cuánto pesa en términos electorales exige otra clase de evidencia: estudios de opinión, análisis longitudinales, datos electorales y comparación con explicaciones rivales.

Qué hacer con el ciudadano ordinario

La primera tentación frente a este problema consiste en reclamar que “los movimientos emancipatorios comuniquen mejor”. La frase suena sensata y significa bastante poco mientras no se identifique quién debe hacer qué.

Parte del fenómeno pertenece a la arquitectura de circulación. Las plataformas premian la interacción, la indignación produce interacción y las formulaciones maximalistas sobreviven mejor que las distinciones prudentes. Los sistemas de recomendación, los incentivos económicos y la competencia por atención pueden seleccionar esos resultados sin que exista una voluntad central encargada de amplificar cada extremo. Las plataformas, por supuesto, tampoco son fenómenos naturales: tienen diseñadores, propietarios, métricas y decisiones de producto. El resultado agregado puede surgir de ese conjunto de incentivos sin reducirse a la intención individual de ninguno de sus participantes.8,9,20,21

En cambio, hay decisiones perfectamente identificables. Alguien decide qué titular, qué clip recortar, a quién invitar a un panel, qué manual de estilo redactar, qué conceptos incorporar a una campaña y qué lenguaje convertir en protocolo institucional. Allí la exigencia es concreta: no presentar como consenso lo que sigue siendo disputa, no convertir jerga especializada en verdad autoevidente, distinguir el uso técnico de un término de sus extensiones normativas y no tratar el malentendido como una confesión moral.

La posición liberal ordinaria ofrece un punto de partida precisamente porque no exige consenso metafísico. “No necesito comprender completamente quién sos para reconocer que tu vida te pertenece” es una fórmula teóricamente delgada y políticamente poderosa. Permite que personas con concepciones incompatibles acerca del sexo, el género, la religión, la naturaleza humana y la moral compartan un mismo orden jurídico sin obligarse mutuamente a una conversión intelectual previa.10,11,12

Una defensa liberal de las personas trans no necesita afirmar que el sexo carece de realidad objetiva, que toda clasificación sexual constituye violencia ni que la identidad subjetiva resuelve automáticamente cada conflicto institucional. Reconocer la materialidad del sexo es compatible con sostener que esa materialidad no otorga al Estado ni a terceros autoridad ilimitada sobre la vida de una persona y con defender reconocimiento, autonomía y protección jurídica sin convertir una teoría particular del género en condición de ciudadanía.

Ese marco resuelve bien la libertad negativa y se vuelve insuficiente allí donde comienzan las instituciones compartidas. El vecino que no quiere interferir en la vida ajena dispone de una regla sencilla: dejá vivir. El deporte competitivo, el sistema penitenciario, determinados espacios segregados por sexo, la medicina o los registros estadísticos no pueden abstenerse de decidir. Allí clasificar tiene costos y no clasificar también. La pregunta deja de ser únicamente cuánto espacio dejamos a la libertad individual y pasa a ser qué criterio sirve para cada función institucional.

El liberalismo ordinario sirve aquí como marco de discusión, no como solución automática. Permite discutir esos conflictos sin convertir cada desacuerdo técnico en una impugnación existencial.

Eso exige recuperar el lenguaje ordinario antes de que la reacción consiga monopolizarlo. Si sólo un extremo político está dispuesto a decir que el sexo existe, que las diferencias corporales importan en medicina o que algunas instituciones necesitan categorías operativas, ese extremo recibe gratuitamente la apariencia de representar la realidad contra la ideología. Desde allí incorpora conclusiones que no se desprenden de ninguna de esas premisas.

La tarea es disputar las consecuencias del sentido común sin entregárselo a la reacción.

Que el sexo exista no implica que las personas trans carezcan de derechos. La utilidad médica de una clasificación tampoco exige que determine toda la vida jurídica. Una política basada en identidad de género puede ser criticable sin que de ahí se siga la eliminación de todo reconocimiento. Y rechazar la idea de que registrar el sexo neonatal constituye violencia todavía no dice qué piensa alguien sobre la dignidad, la autonomía o la igualdad jurídica de una persona trans. Romper esos falsos puentes forma parte de esa disputa.

El ciudadano que nunca leyó teoría de género no es un residuo intelectualmente atrasado que debe ser educado hasta adquirir el vocabulario correcto. Tampoco es depositario de una sabiduría popular infalible. El sentido común produjo durante siglos errores e injusticias que también parecían obvios. Es, simplemente, uno de los sujetos centrales de cualquier democracia: alguien que puede equivocarse, tener prejuicios, razonar mal y utilizar categorías deficientes, exactamente igual que quienes publican libros, dictan seminarios y redactan políticas públicas.

Pero también formula objeciones razonables con palabras imperfectas.

Si quienes defienden sociedades abiertas dejan de responder a esas objeciones porque no vienen expresadas en el lenguaje correcto, otros las responderán. Y no se limitarán a reconocer que alguna intuición era legítima. Ofrecerán un relato completo del desconcierto: explicarán quiénes son los culpables, qué derechos fueron demasiado lejos, qué instituciones fueron capturadas y qué personas deberían volver al lugar del que supuestamente nunca debieron salir. Ahí reside el problema político que el análisis de la reacción suele perder de vista: no toda persona que termina utilizando un lenguaje reaccionario comenzó desde una ontología reaccionaria. Entre una cosa y la otra existe un espacio de captura.

Ese espacio está habitado precisamente por personas que ya habían internalizado hace tiempo la premisa política más difícil: dejar vivir a los demás.

Perderlas no es el precio inevitable del progreso; es simplemente su principal torpeza.

Referencias

  1. Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.
  2. Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”. Routledge.
  3. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2022). Measuring sex, gender identity, and sexual orientation. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26424
  4. Prosser, J. (1998). Second skins: The body narratives of transsexuality. Columbia University Press.
  5. Namaste, V. K. (2000). Invisible lives: The erasure of transsexual and transgendered people. University of Chicago Press.
  6. Mason, L. (2018). Uncivil agreement: How politics became our identity. University of Chicago Press.
  7. Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization in the United States. Annual Review of Political Science, 22, 129–146. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034
  8. Törnberg, P. (2022). How digital media drive affective polarization through partisan sorting. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(42), Article e2207159119. https://doi.org/10.1073/pnas.2207159119
  9. Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton University Press.
  10. Mill, J. S. (1859/2003). On liberty. Yale University Press.
  11. Berlin, I. (1969). Two concepts of liberty. En I. Berlin, Four essays on liberty (pp. 118–172). Oxford University Press.
  12. Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.
  13. Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W. P., et al. (2022). Standards of care for the health of transgender and gender diverse people, version 8. International Journal of Transgender Health, 23(Suppl. 1), S1–S259. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644
  14. Madrigal-Borloz, V. (2021). The law of inclusion: Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (A/HRC/47/27). United Nations Human Rights Council.
  15. Clarke, J. A. (2022). Sex assigned at birth. Columbia Law Review, 122(7), 1821–1898.
  16. Levendusky, M. S. (2009). The partisan sort: How liberals became Democrats and conservatives became Republicans. University of Chicago Press.
  17. Bullock, O. M., Colón Amill, D., Shulman, H. C., & Dixon, G. N. (2019). Jargon as a barrier to effective science communication: Evidence from metacognition. Public Understanding of Science, 28(7), 845–853. https://doi.org/10.1177/0963662519865687
  18. Cohen, G. L. (2003). Party over policy: The dominating impact of group influence on political beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 85(5), 808–822. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.5.808
  19. Barber, M., & Pope, J. C. (2019). Does party trump ideology? Disentangling party and ideology in America. American Political Science Review, 113(1), 38–54. https://doi.org/10.1017/S0003055418000795
  20. Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(28), 7313–7318. https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114
  21. Rathje, S., Van Bavel, J. J., & van der Linden, S. (2021). Out-group animosity drives engagement on social media. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(26), Article e2024292118. https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118