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La enfermera en la sala

Cuando examino a una paciente y la consulta se acerca a las mamas o a la zona genital, llamo a una enfermera para que esté presente. Es buena práctica, recomendada desde mucho antes de cualquier ley de género, y protege al paciente tanto como al médico. Cuando empecé a ejercer, en 2016, no la sentía como un seguro contra una acusación. Hoy sí.

No tengo pareja mujer. Soy un hombre gay. Mi exposición biográfica al conflicto de pareja heterosexual es, digamos, bastante modesta. Si el riesgo que percibo no puede provenir de que alguien malinterprete mi deseo, lo que temo no es un malentendido: es la acusación misma. Que incluso desde esa posición haya cambiado mi percepción del riesgo profesional debería despertar alguna curiosidad. No demuestra una epidemia de denuncias falsas, ni falta que hace. Dice algo más elemental: existe un clima social en el que una acusación de determinada naturaleza se percibe como capaz de producir consecuencias graves antes de que alguien determine si es verdadera.

La respuesta habitual a esta clase de inquietud suele tener la sutileza intelectual de una taza con eslogan: los hombres están asustados porque están perdiendo privilegios. Es una explicación cómoda porque convierte cualquier objeción en confirmación de la teoría que la descalifica. Si un hombre no protesta, el sistema funciona; si protesta, añora sus privilegios. Magnífico dispositivo epistemológico: siempre gana la casa.

Pero perder privilegios y perder garantías son cosas distintas. Que un hombre ya no pueda controlar económicamente a su esposa es pérdida de un privilegio. Que un acusado tenga derecho a defensa, proporcionalidad, revisión de las medidas que se le imponen y presunción de inocencia pertenece a otra categoría. Una garantía limita el poder que otros, incluido el Estado, pueden ejercer sobre una persona antes de demostrar su responsabilidad. Llamar privilegio a ambas cosas ahorra la molestia de distinguirlas y permite interpretar cualquier preocupación por las garantías como nostalgia por tiempos en los que el señor de la casa decidía todo. Es una operación retórica eficaz. Como análisis jurídico, bastante menos.

La ley escrita y el sistema que produce

Circula la idea de que la Ley 19.580 prohíbe cuestionar el testimonio de la denunciante. No es cierto. El artículo 8, literal H, reconoce a la mujer el derecho a que su testimonio no sea desvalorizado mediante estereotipos de género sustentados en la inferioridad o el sometimiento de las mujeres o en otros factores de discriminación. Impide desacreditar un testimonio porque «las mujeres exageran», no contrastarlo con evidencia, encontrar contradicciones o someterlo a las reglas del proceso.

La restricción más fuerte aparece cuando la víctima es una niña, niño o adolescente: el denunciado no puede estar presente en las audiencias y las preguntas de la defensa requieren autorización del tribunal y la intervención de personal técnico especializado.

Leer solamente esos artículos deja afuera una parte considerable del fenómeno. Las instituciones producen mucho más que aquello que el legislador escribió. Generan prácticas administrativas, incentivos, categorías lingüísticas, comportamientos defensivos y consecuencias sociales. Algunas fueron buscadas y otras aparecen después, ese incómodo pariente que nadie invitó a Navidad pero ya está sentado a la mesa y preguntó qué hay de postre. Evaluar una política pública exige mirar también eso.

La condena que no necesita sentencia

El sistema opera en etapas que jurídicamente tienen funciones diferentes. Socialmente, esa prolijidad se evapora bastante rápido. Primero existe una denuncia. Después pueden dictarse medidas de protección. Puede aparecer una investigación penal, una formalización y eventualmente una prisión preventiva. Mucho después llegará, si corresponde, una sentencia. Para el derecho son acontecimientos diferentes. Para el vecino de Juan, probablemente bastante menos.

Juan fue denunciado por su pareja. Se dictaron medidas cautelares. Más tarde fue formalizado y pasó un período en prisión preventiva. Su familia lo sabe, sus compañeros de trabajo lo saben y el barrio lo sabe. Google probablemente también, porque posee una memoria bastante más perseverante que la absolución.

Dos años después Juan es absuelto. Sabemos qué ocurrió con su expediente. Mucho menos sabemos qué ocurrió con Juan. ¿Recuperó el trabajo? ¿Qué pasó con sus vínculos familiares, su reputación, sus relaciones posteriores, su salud, su situación económica y su integración social? ¿Cuántos absueltos continúan siendo «el que estuvo preso por violencia doméstica»? ¿Cuánto dura el estigma? ¿Cambia según haya existido cobertura mediática? ¿Las medidas cautelares produjeron consecuencias laborales, familiares o habitacionales?

Son preguntas empíricas. No tienen pene.

Sin embargo, formularlas puede resultar sospechoso porque durante unos minutos desplazan el foco desde la víctima hacia el denunciado. Allí aparece un fenómeno bastante más interesante que la habitual guerra de consignas: cuando una política pública adquiere una identidad moral muy fuerte, estudiar sus efectos adversos empieza a confundirse con atacar el objetivo que persigue.

Nadie pensaría seriamente que estudiar complicaciones posoperatorias equivale a estar contra la cirugía. Los falsos positivos forman parte de la evaluación de cualquier programa de screening sin que el investigador tenga que comenzar el artículo declarando solemnemente que está a favor de diagnosticar el cáncer. Con algunas políticas sociales ocurre algo distinto: antes de preguntar por un efecto adverso parece necesario presentar certificado de buena conducta ideológica.

Ese reflejo importa porque termina determinando qué sabemos y, sobre todo, qué no sabemos.

El agujero académico y el agujero estadístico

El Estado sabe contar aquello que decidió mirar. Puede informar denuncias, medidas adoptadas, formalizaciones, condenas y femicidios. Mucho más difícil es encontrar una contabilidad sistemática de lo que ocurre con quienes atravesaron buena parte del dispositivo y terminaron sobreseídos o absueltos.

Pero el problema empieza antes de la estadística estatal.

El Estado no inventa espontáneamente todos los fenómenos que debería medir. Las categorías de una política pública, sus indicadores y buena parte de las preguntas con las que después se evalúa surgen de conocimiento producido previamente. La academia identifica problemas, formula hipótesis, construye variables, estudia asociaciones y señala consecuencias que hasta entonces podían pasar inadvertidas. Después la administración convierte algunas de esas preguntas en registros, indicadores y sistemas de seguimiento. Pretender que un ministerio descubra por iluminación burocrática cada efecto no previsto de una ley es pedirle capacidades que normalmente no tiene y, francamente, atribuirle una curiosidad científica que la burocracia rara vez exhibe sin que alguien la empuje.

Por eso hay dos responsabilidades distintas. La academia tiene que estudiar. El Estado tiene que medir.

La primera debería preguntarse qué ocurre a mediano y largo plazo con las personas sometidas a medidas cautelares, formalizadas o encarceladas preventivamente que después son sobreseídas o absueltas en causas vinculadas con violencia de género. Hay material para cohortes, estudios cualitativos y seguimientos longitudinales: empleo, ingresos, vivienda, relaciones familiares, contacto con hijos, salud mental, nuevas relaciones, costos económicos, reincorporación social, exposición mediática y persistencia del estigma. También interesa comparar duración e intensidad de las medidas, prisión preventiva, difusión pública del caso y tiempo transcurrido hasta la resolución.

No hace falta conocer de antemano el resultado para justificar esas investigaciones. Precisamente para eso se investiga, detalle metodológico que a veces parece haberse extraviado entre el activismo y el formulario del comité de ética.

El problema aparece cuando la pregunta misma queda moralmente contaminada. Investigar al denunciado absuelto puede ser leído como «centrar a los hombres», «desplazar a las víctimas» o relativizar la violencia de género. Esa reacción tiene una consecuencia epistemológica concreta: algunos objetos se vuelven menos atractivos para investigar, menos financiables, menos publicables o simplemente menos cómodos para quien está empezando una carrera académica y descubre rápidamente qué preguntas dan prestigio y cuáles producen caras raras en un seminario.

No hace falta imaginar una conspiración de profesoras con pañuelo violeta reuniéndose los martes para prohibir temas. Las disciplinas también seleccionan sus preguntas mediante incentivos, marcos teóricos dominantes, agendas de financiación y consensos morales. Así funciona buena parte de la producción de conocimiento. Y cuando un objeto queda fuera de esas agendas, la ausencia posterior de bibliografía puede adquirir una función bastante perversa: como hay poca evidencia del fenómeno, el fenómeno parece poco importante; como parece poco importante, hay todavía menos razones para estudiarlo. Una pequeña máquina de fabricar ignorancia con revisión por pares.

Ahí comienza el segundo agujero. Si la academia no construye el problema, el Estado difícilmente construirá el indicador.

El Estado debería registrar cuánto duran efectivamente las medidas cautelares, cuántas se vinculan después con procesos penales, cuánto tardan esos procesos y cómo terminan. Debería saberse qué proporción de las personas sometidas a medidas termina condenada, sobreseída o absuelta. También podría vincular, con las salvaguardas correspondientes, esos resultados con variables laborales, sanitarias, familiares y económicas que permitan detectar consecuencias persistentes.

Una planilla puede informar que Juan fue absuelto el 14 de marzo. La investigación cualitativa puede descubrir que tres años después cambió de trabajo y alguien escribió su nombre en Google durante el proceso de selección y encontró primero el titular de su detención. Son niveles diferentes de conocimiento y hacen falta ambos.

Si los daños son excepcionales, los estudios lo mostrarán y el Estado podrá dimensionarlos como excepcionales. Si son frecuentes o se concentran en determinados tipos de medidas, también aparecerá. Lo científicamente interesante es que hoy no deberíamos decidir la respuesta antes de formular la pregunta.

El agujero estadístico estatal y el agujero académico, por tanto, no son el mismo agujero. El segundo puede fabricar el primero. Si nadie estudia qué convendría observar, resulta bastante optimista esperar que el Estado se levante una mañana poseído por el espíritu de Karl Popper y decida medirlo solo.

In dubio pro reo, pero después vemos

En el proceso penal uruguayo continúa formalmente vigente una regla elemental: nadie debe ser tratado como culpable mientras su responsabilidad no haya sido establecida por sentencia. Ante una duda que impida alcanzar el estándar requerido para condenar, esa duda beneficia al acusado. El problema es que una parte considerable de las consecuencias que interesan ocurre mucho antes de llegar a ese momento.

La presunción de inocencia puede permanecer impecable en el Código mientras una persona soporta durante meses medidas restrictivas, pérdida de vínculos, exposición pública, sospecha laboral y una etiqueta social que ninguna absolución posterior necesariamente revierte. El juez finalmente puede absolver por insuficiencia probatoria. El barrio no celebra audiencia de revisión y Google, hasta donde sabemos, todavía no cursó Procesal II.

El in dubio pro reo conserva así toda su dignidad jurídica mientras pierde capacidad para impedir determinados efectos materiales previos a la sentencia. Una garantía no necesita ser formalmente abolida para perder parte de su eficacia práctica. Basta con que una porción importante del costo se produzca antes del momento en que puede hacer su trabajo.

Los seis meses

El artículo 66 establece un mínimo de 180 días para determinadas medidas de no comunicación y distanciamiento, aunque la propia norma admite su modificación o cese. El mínimo, por tanto, no funciona como un candado absoluto de seis meses. La cuestión interesante está en otra parte: qué criterios se utilizan para revisar esas medidas, con qué frecuencia ocurre y hasta qué punto su intensidad y duración responden a la evolución concreta del riesgo.

La intervención urgente puede justificarse con un grado de incertidumbre que sería inadmisible para condenar. En violencia de pareja, esperar certeza puede significar llegar demasiado tarde. Pero precisamente porque el estándar inicial es preventivo y bajo, la revisión posterior adquiere mayor importancia. Si los indicios se fortalecen, habrá razones para mantener o modificar la protección; si se debilitan, el sistema debería reaccionar también en esa dirección. Una cautelar que puede revisarse jurídicamente pero rara vez se reconsidera en la práctica plantea un problema distinto de una cautelar legalmente irrevisable, y conviene no confundirlos.

Una medida cautelar tampoco se convierte en inocua porque el derecho no la llame pena. Puede alterar convivencia, vivienda, contacto familiar, trabajo y reputación. La clasificación jurídica describe su función; no anestesia sus consecuencias. Cuanto más intensa sea la intervención preventiva que una política considera necesaria, mayor debería ser su interés en estudiar qué efectos produce y qué ocurre cuando la sospecha que la originó finalmente no termina en condena.

La guerra de las cifras

En el debate sobre denuncias falsas circulan números con una seguridad inversamente proporcional a la calidad de lo que miden. El famoso 0,01 % español aparece periódicamente como si Moisés hubiera bajado del Sinaí con una tercera tabla.

La cifra tiene una fuente real, pero suele viajar por el debate público convertida en otra cosa. La Fiscalía General del Estado español informó para el período 2009-2024 que las sentencias condenatorias por denuncia falsa representaron aproximadamente el 0,0082 % del total de denuncias por violencia de género. Ese dato permite afirmar exactamente eso: que las condenas por denuncia falsa son extraordinariamente infrecuentes. Convertirlo en la proporción de denuncias que son falsas exige un salto adicional, porque «denuncia falsa» y «denuncia que terminó en condena por denuncia falsa» no son la misma variable.

Los estudios que han intentado clasificar directamente denuncias concretas ofrecen otra aproximación. Lisak, Gardinier, Nicksa y Cote analizaron 136 denuncias de agresión sexual registradas durante diez años en una universidad estadounidense y clasificaron ocho como falsas, un 5,9 %. Los autores situaron ese resultado dentro de un rango aproximado del 2 % al 10 % encontrado en investigaciones previas. Tampoco esa cifra puede trasladarse alegremente a Uruguay, a la violencia doméstica en general o a cualquier otra población. Es un estudio sobre agresiones sexuales, realizado en un contexto específico y con criterios determinados.

La cifra real, por tanto, no se conoce. «No sabemos» debería ser una respuesta perfectamente respetable en una discusión adulta, aunque suele generar urticaria cuando ambos bandos ya encargaron sus pancartas. Una tasa de condenas no demuestra que las denuncias falsas prácticamente no existan; un estudio con 5,9 % tampoco demuestra que una de cada veinte denuncias uruguayas sea falsa. Entre convertirlas en epidemia y decretar su inexistencia queda ese territorio poco sexy llamado incertidumbre.

Femicidio y anticipación del veredicto

En Uruguay el femicidio no constituye un delito autónomo. La Ley 19.538 lo incorporó como agravante muy especial del homicidio cuando se mata a una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal.

La norma establece indicios para presumir ese móvil. Entre ellos aparece la existencia previa de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo ejercida por el autor contra la mujer. La violencia previa puede ser un excelente predictor del riesgo de homicidio de pareja. Otra cosa es que demuestre por sí misma que el homicidio fue cometido por desprecio hacia la condición femenina de la víctima. Predicción de riesgo y prueba de motivación responden a preguntas distintas.

También existe una redundancia parcial. El numeral 1 del artículo 311 ya agrava el homicidio cometido contra cónyuge, concubino, excónyuge o una persona con quien existió una relación afectiva de índole sexual. El numeral 7 del artículo 312 agrava homicidios motivados por discriminación vinculada con orientación sexual, identidad de género, raza, origen étnico, religión o discapacidad. El sexo no aparece en esa enumeración neutral: para el homicidio motivado por sexo existe un agravante específicamente femenino.

El valor simbólico de esa elección legislativa tiene una contracara. «Femicidio» contiene una afirmación sobre el móvil y, cuando la categoría abandona el expediente y entra en la comunicación pública antes del juicio, esa afirmación viaja con ella. Utilizarla antes de probar ese móvil adelanta discursivamente una conclusión que el proceso todavía debe establecer. La calificación podrá corregirse después en tribunales; el titular que circuló durante meses no recibe automáticamente la sentencia rectificativa. Otra vez, el expediente posee mecanismos de revisión que la vida social no tiene.

Feminismo liberal y garantías

Mi objeción parte precisamente de presupuestos que considero compatibles con el feminismo liberal. Si uno de sus logros fue reclamar que una mujer fuese tratada como individuo pleno ante la ley y no como representante de su sexo, cuesta justificar que el principio se vuelva negociable cuando cambia el protagonista.

Un hombre denunciado tampoco representa a «los hombres». No responde por la historia del patriarcado, por las absoluciones injustas de 1950 ni por el juez que preguntaba cómo iba vestida una víctima. Responde por aquello que pueda probarse que hizo él. La deuda histórica, si queremos utilizar esa metáfora, pertenece a las instituciones que produjeron la injusticia. Cobrarla distribuyendo la factura entre individuos contemporáneos elegidos por sexo se parece bastante poco al individualismo jurídico liberal y bastante más a una contabilidad tribal con membrete oficial.

Por eso me interesa especialmente la facilidad con la que determinadas inquietudes masculinas se traducen a «pérdida de privilegios». El recurso permite evitar la pregunta concreta. Si un hombre teme una acusación falsa, habrá perdido privilegios; si cuestiona una medida desproporcionada, privilegios; si pregunta qué ocurre con los absueltos, otra vez privilegios. A determinada altura «privilegio» deja de ser una categoría analítica y empieza a funcionar como el cajón de la cocina donde se mete todo lo que no sabemos dónde guardar.

Hay privilegios masculinos que merecían desaparecer y garantías individuales que deberían sobrevivir a cualquier política pública. Saber distinguirlos no exige especial heroísmo intelectual.

Qué cambiar

  1. Medidas proporcionales y revisables. Sustituir el mínimo fijo de 180 días por una duración fijada según los indicios disponibles, con revisión periódica obligatoria. La protección urgente puede comenzar con incertidumbre; su mantenimiento debería responder a cómo evoluciona el riesgo.
  2. Neutralidad en los agravantes. Incorporar «sexo» a la lista del numeral 7 del artículo 312, de modo que el homicidio motivado por el sexo de la víctima reciba el mismo tratamiento cualquiera sea este, y evaluar qué función conserva entonces el numeral 8 junto con el numeral 1 del artículo 311.
  3. Separar riesgo de móvil. Revisar los indicios del numeral 8 para distinguir aquello que predice riesgo de violencia de aquello que permite inferir el móvil específico exigido por el agravante.
  4. Un control de acusación que controle. Los agravantes requieren indicios propios. Si la evidencia aparece posteriormente, deben existir mecanismos para incorporarla garantizando que la defensa pueda responder. El control judicial pierde bastante de su encanto si su principal actividad consiste en controlar que exista el formulario.
  5. Mismo estándar probatorio para los elementos subjetivos. Si un estado mental atribuido al acusado aumenta la pena, su prueba merece el mismo rigor que exigimos cuando un elemento subjetivo podría disminuirla.
  6. Comunicación institucional con sensibilidad procesal. Antes de la sentencia, la comunicación oficial debería describir la situación procesal y la calificación sometida a discusión, en lugar de convertir una hipótesis jurídica en identidad pública del caso. Google no va a aprender procesal; el Estado sí puede.

La cuenta la paga el Estado

Una política pública seria también se evalúa por los daños que produce mientras intenta evitar otros. El problema comienza cuando algunos de esos daños adquieren inmunidad ideológica: mencionarlos se interpreta como un intento de quitar derechos a las mujeres; estudiarlos, como sospechosa preocupación por los hombres; exigir garantías, como nostalgia por privilegios perdidos. El resultado es una zona ciega que después se retroalimenta porque aquello que no se estudia tampoco genera datos, y aquello que no genera datos difícilmente llegue a la agenda de quienes diseñan la política.

Las injusticias históricas contra las mujeres fueron reales, igual que la indiferencia institucional que durante demasiado tiempo rodeó a la violencia doméstica y sexual. Esa historia explica muchas de las instituciones actuales; no convierte las garantías procesales de los hombres contemporáneos en moneda compensatoria. Juan no responde por una deuda histórica colectiva. Responde por lo que pueda demostrarse que hizo Juan.

Si después de atravesar el sistema resulta absuelto, el Estado tampoco debería limitarse a cerrar el expediente satisfecho porque técnicamente nunca lo declaró culpable. Necesita saber qué ocurrió durante el trayecto. Y para poder medirlo necesita que antes alguien se haya atrevido a convertir ese trayecto en objeto de investigación.

Ahí academia y Estado tienen responsabilidades diferentes, pero encadenadas. La primera tiene que permitirse hacer preguntas incluso cuando resulten políticamente antipáticas. El segundo tiene que transformar el conocimiento relevante en indicadores y revisar sus políticas cuando esos indicadores muestran daños evitables. Si cualquiera de los dos decide que ciertos efectos son demasiado incómodos para mirar, la ignorancia deja de ser ausencia de información y pasa a formar parte del diseño.

La sentencia puede absolver a una persona. No puede retroceder el tiempo y deshacer automáticamente todo lo que ocurrió antes de ella. Ese resto también pertenece a la política pública, aunque todavía no tenga casillero en el formulario.

Referencias

  • Uruguay. Ley N.º 19.580, de 22 de diciembre de 2017. Ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Especialmente arts. 8, 65 y 66. IMPO.
  • Uruguay. Ley N.º 19.538, de 9 de octubre de 2017. Modificación del Código Penal e incorporación del femicidio como circunstancia agravante muy especial del homicidio. Véase Código Penal, arts. 311 y 312. IMPO.
  • Uruguay. Código del Proceso Penal, Ley N.º 19.293. Especialmente arts. 4, 217 y 223, relativos al tratamiento y estado de inocencia y a la prisión preventiva. IMPO.
  • Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C. & Cote, A. M. (2010). “False Allegations of Sexual Assault: An Analysis of Ten Years of Reported Cases”. Violence Against Women, 16(12), 1318-1334. DOI: 10.1177/1077801210387747.
  • Fiscalía General del Estado de España (2025). Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025. Violencia sobre la Mujer. Datos acumulados 2009-2024 sobre procedimientos y sentencias condenatorias por denuncia falsa.