Hay entrevistas en las que el entrevistado aporta información. Hay otras en las que aporta algo quizá más revelador: la cantidad de vueltas que está dispuesto a dar para no pronunciar una frase de cinco palabras.

Eso ocurrió cuando Patricia Madrid entrevistó en Radio Carve a María de Lima, secretaria e integrante del Directorio del Partido Nacional, después de la conferencia de Gonzalo Gómez sobre Pablo Leiva. La conversación completa puede escucharse en “Lo del edil Gómez es grave”.

Para entonces ya se conocía una pequeña maravilla administrativa. Pablo Leiva, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones en el marco de la Operación Trazador, había sido contratado por Gómez con una remuneración de $52.000 nominales mensuales; el propio edil reconoció que Leiva no concurría a la Junta Departamental y que las tareas para las cuales supuestamente había sido incorporado nunca se realizaron, según recogieron Teledoce y Montevideo Portal. También explicó que llegó a su despacho por recomendación de Lucio Leiva, hijo de Pablo, amigo suyo y militante de la Juventud Nacionalista.

Es difícil mejorar semejante argumento defensivo. El problema, aparentemente, sería que Gómez no sabía qué hacía Leiva en su vida privada; lo extraordinario es que tampoco hacía demasiado en su vida pública: no iba a la Junta, no tenía tareas asignadas y cobraba igual.

La ignorancia del edil parece haber sido extraordinariamente democrática: abarcaba tanto la actividad criminal de su contratado como su actividad laboral. Hay, sin embargo, una pequeña diferencia bastante antipática: esta última dependía directamente de él.

El fascinante arte de contestar otra cosa

Madrid le pregunta a María de Lima si, como integrante del Directorio del Partido Nacional, considera que Gómez debería renunciar a su cargo de edil. De Lima empieza inmediatamente la peregrinación: Gómez no está imputado, la decisión puede depender de él, está su conciencia, hay una Comisión de Ética, todavía debe reunirse el Directorio y ella no puede anticipar una resolución partidaria que aún no existe.

Todo muy institucional, todo muy procedimental y todo muy útil para recorrer varias cuadras sin llegar al domicilio de la pregunta. Patricia Madrid vuelve entonces con una técnica periodística revolucionaria: simplificarla hasta que resulte imposible construir otra rotonda discursiva.

Ya no pregunta qué debería resolver el Directorio ni qué sanción merece Gómez. Le pregunta si le parece correcto o incorrecto que un funcionario público contrate a una persona y se le pague un sueldo sin trabajar; ahí, tras atravesar finalmente el pantano, aparece una respuesta: es incorrecto, y De Lima agrega que el asunto es grave.

Extraordinario avance de la ciencia política uruguaya. Después de varios minutos conseguimos establecer que pagar con fondos públicos a alguien que no trabaja está mal, y no necesitamos a Kelsen, una comisión bicameral ni sacrificar una cabra bajo la luna llena.

El narco es casi el segundo problema

La condena de Pablo Leiva vuelve todo esto explosivo, pero precisamente por eso puede terminar tapando la irregularidad política que ya estaba delante de la nariz. La Fiscalía General de la Nación informó que Leiva fue condenado a dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones dentro de la Operación Trazador.

Aun si borráramos por un instante la palabra narcotráfico del caso, Gómez seguiría teniendo que explicar por qué utilizó recursos públicos para mantener contratada a una persona que no concurría a la Junta y a la que no había asignado tareas. El propio edil admitió que Leiva cobraba $52.000 nominales, aproximadamente $42.000 líquidos, y que las funciones pensadas originalmente nunca llegaron a ejecutarse.

El lenguaje político posee estas delicadezas: una persona cobra durante meses sin cumplir funciones y el asunto se llama “error”. Error es mandarle un audio hablando mal de alguien a la propia persona; esto es otra cosa.

Más todavía cuando el ingreso al cargo tampoco surge de un concurso, una necesidad técnica extraordinaria o el descubrimiento de un talento irrepetible para la gestión departamental. Gómez explicó que Lucio Leiva, amigo suyo y también asesor, le recomendó contratar a su padre, así que tenemos otra de esas casualidades tan uruguayas en las que siempre aparece una necesidad del Estado esperando exactamente al padre de un amigo.

La gauchada, pero con plata ajena

La explicación ha circulado alrededor de la idea del favor, de darle una mano, de facilitarle una situación laboral a Pablo Leiva. Dar una mano con plata propia se llama solidaridad; dar una mano con un cargo financiado por los contribuyentes tiene otro perfume.

Si Gómez realmente necesitaba una persona para determinadas tareas, resulta bastante curioso que durante meses esas tareas nunca aparecieran. Si no la necesitaba, resulta todavía más curioso que la contratación continuara y que el Estado pagara por una función tan etérea que ni siquiera alcanzó a materializarse.

El Partido Nacional ha hecho durante años del gasto público, los cargos innecesarios, los funcionarios de más y los célebres ñoquis parte habitual de su repertorio contra la izquierda. Resulta difícil encontrar una definición más artesanal de ñoqui que una persona que cobra un sueldo público, no concurre al organismo y no tiene tareas asignadas; esta vez, además, no la contrató un comité de base.

La generosidad con recursos ajenos tiene la extraordinaria virtud de no doler en el bolsillo propio. El Estado engorda de maneras misteriosas, especialmente cuando la dieta la prescribe alguien que después denuncia la obesidad estatal.

Madrid encuentra otra puerta que nadie había cerrado

La entrevista se pone todavía mejor cuando Patricia Madrid entra en el circuito del dinero. Si Pablo Leiva figuraba formalmente, cobraba una partida y el motivo original de la contratación incluía ayudarlo con aportes y beneficios, la pregunta elemental es cómo se realizaban efectivamente esos pagos y qué documentación existe.

Madrid pregunta por los comprobantes, por cuánto de la partida recibía efectivamente Leiva y por cómo se acreditaban esos pagos. María de Lima no puede despejarlo en la entrevista y sostiene que la Comisión de Ética deberá pedir los recibos y revisar la documentación.

La escena es magnífica por lo básica: estamos hablando de dinero público, de una persona contratada que no trabajaba y de pagos que ahora una comisión partidaria tendrá que reconstruir documentalmente. Quizá antes de elaborar sofisticadas teorías sobre la penetración del narcotráfico en el sistema político podríamos empezar por una innovación institucional verdaderamente disruptiva: saber exactamente qué carajo se hace con la plata.

Cuando “el sistema” aparece justo a tiempo

María de Lima introduce después otro elemento: explica que las juntas departamentales tienen sistemas distintos de contratación, partidas, viáticos y compensaciones, y llega a utilizar la palabra “perverso” para describir algunos de esos mecanismos. También señala que Montevideo tiene un sistema de asesores que no existe de la misma manera en otras juntas departamentales.

Si el sistema permite contratar con fondos públicos a una persona sin tareas verificables, entonces el problema no se achica, se agranda. Ya no estaríamos solamente ante una decisión personal cuestionable, sino ante un mecanismo institucional que permite tomar dinero público, asignarlo a una contratación política y descubrir meses después que el contratado no tenía nada que hacer.

El recurso retórico es viejo: cuando la conducta propia resulta difícil de defender, aparece el sistema. El sistema de contrataciones, el sistema de partidas, el sistema político, el sistema electoral; esa entidad casi teológica rara vez comparece cuando las cosas funcionan bien, pero llega corriendo cuando alguien tiene que explicar una cagada.

Si el sistema es perverso, cámbienlo. Mientras tanto, quien utiliza ese sistema sigue siendo responsable de lo que hace con él, porque la abstracción institucional no firma contratos ni asigna partidas: las personas sí.

Veintisiete años y una revelación administrativa

Gómez también explicó su error invocando su edad y su inexperiencia. Tiene 27 años y ejerce por primera vez el cargo, recordó al defender su permanencia en la Junta; en su conferencia había dicho que no encontraba “mérito” para renunciar y que todavía tenía mucho para aportar a Montevideo, según recogió Teledoce.

La juventud explica no conocer todos los recovecos reglamentarios de una Junta Departamental y puede explicar torpezas políticas, errores de procedimiento y declaraciones que uno recordará con horror diez años después mientras intenta dormir. Lo que cuesta bastante más convertir en achaque juvenil es pagar durante meses a una persona sin tareas.

A los 27 años uno puede no saber cómo funciona una comisión asesora, pero generalmente ya entiende la diferencia entre trabajar y no trabajar. Si no la entiende, la inexperiencia deja de funcionar como defensa y empieza a parecerse bastante al problema.

El epílogo llegó rápido: un día después de sostener que no había mérito para renunciar, Gómez resolvió pedir licencia de la Junta Departamental mientras su situación es analizada por la Comisión de Ética del Partido Nacional. El mérito parece haber experimentado una evolución notable en veinticuatro horas.

La pregunta que quedó desnuda

Todo el episodio tiene una característica fascinante: cuanto más se intenta explicar, menos se parece a un simple error de selección de personal. Primero era un asesor cuyo jefe desconocía sus actividades criminales; después supimos que el asesor no asesoraba, tampoco concurría a la Junta, tampoco tenía tareas, había sido recomendado por el hijo, amigo y asesor del edil, cobraba todos los meses y ahora la Comisión de Ética tendrá que examinar la documentación de esos pagos.

El narcotráfico agrega una dimensión gravísima, pero no debería eclipsar esta otra historia porque, en cierto sentido, es más sencilla y más miserable. Patricia Madrid tuvo que insistir hasta conseguir que una dirigente del Directorio del Partido Nacional respondiera algo que debería poder contestarse antes de terminar la pregunta: si está mal que un funcionario ponga a cobrar con fondos públicos a una persona que no trabaja.

Sí, está mal, y todo lo demás empieza después. Si para llegar hasta ahí necesitamos una Comisión de Ética, una conferencia de prensa, una dirigente partidaria haciendo slalom entre respuestas y una periodista preguntando dos veces, quizá Pablo Leiva no sea el único problema que dejó al descubierto la Operación Trazador.