1. Los hechos

Cada 26 de octubre se conmemora el Día de la Mujer Palestina, en recuerdo del primer congreso de mujeres palestinas, reunido en Jerusalén en 1929. Este año la Embajada de Palestina quiso celebrarlo en el Palacio Legislativo, y el senador socialista Gustavo González, del Frente Amplio, se ocupó gustoso del trámite y pidió el Salón de Eventos Especiales. La mesa redonda será el lunes 26 a las 18 horas, con entrada libre. Estarán la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier; la senadora frenteamplista Lilián Abracinskas; Lujain Jallad, esposa del embajador palestino; la abogada Rasha Qumsiyeh, y, por video, la invitada que convirtió una efeméride en escándalo: Majida al-Masri, exministra de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina y hoy vicesecretaria general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), una organización cuyo brazo armado no se quedó en su casa el 7 de octubre de 2023.

La oposición se enteró y le escribió a la vicepresidenta Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General. Los firmantes se tomaron el trabajo de aclarar que no tenían nada contra la conmemoración y sí contra la invitada, porque el brazo armado del FDLP participó junto a Hamás en los ataques del 7 de octubre y porque a ella le atribuyen haber defendido la “resistencia en todas sus formas”, fórmula que en la jerga de la región incluye exactamente las formas que uno se imagina, además de haber promovido la incorporación de Hamás y la Yihad Islámica a la OLP. Pidieron que se tomaran medidas para que no participara.

Cosse contestó en X con la serenidad de quien no tiene que decidir nada: el Parlamento es la casa de la democracia, sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver el mundo, no hay reglamento sobre el uso de las salas, cada legislador responde por lo que convoca y a ella no le corresponde decidir quién habla y quién no. Una respuesta impecable a una pregunta que, como se verá, estaba mal hecha.

González, en cambio, se tomó el asunto a pecho. En rueda de prensa explicó que la oposición estaba “equivocadísima” y se había “confundido de frente”, que el FDLP no figura en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y que su historial está limpio: “jamás un atentado, jamás secuestro, jamás nada”. Para despejar cualquier duda agregó que Al-Masri no está buscada por Interpol, estándar que el canciller Mario Lubetkin adoptó para explicar quién puede entrar al país y que deja la vara de admisión al Palacio Legislativo a la altura de un control de pasaportes. Y cuando el embajador de Israel, Eldad Hayet, se mostró preocupado por que el Parlamento legitimara a organizaciones terroristas, el senador descubrió por fin un límite a la libertad de expresión: que “se calle la boca y que no hable más”, porque “no puede hablar sobre los problemas uruguayos”.

2. Lo que está documentado

Para ser alguien a quien la oposición “confundió”, Majida al-Masri tiene un currículum notablemente fácil de identificar. Nacida en Haifa en 1947, militó en el Movimiento Nacionalista Árabe y luego en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyos campos de entrenamiento en Jordania frecuentó; no consta que allí se dictaran cursos de mediación de conflictos. Pasó después al FDLP, del que fue secretaria en Nablus desde 1999 y miembro del buró político desde 2004. Fue ministra de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina entre 2009 y 2013, integra el secretariado del BDS y hoy es la número dos de la organización. Más de medio siglo dentro de la izquierda armada palestina, que el senador González resume en una frase de cédula de identidad: “la mujer es legal”.

En julio de 2024, Human Rights Watch publicó un informe de 236 páginas sobre el 7 de octubre. Concluyó que las Brigadas al-Qassam de Hamás y al menos otros cuatro grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra civiles, asesinato y toma de rehenes entre ellos, y estableció que el ataque fue diseñado para matar civiles y llevarse la mayor cantidad posible de rehenes. En la lista de participantes figura el brazo armado del FDLP, las Brigadas de Resistencia Nacional, también conocidas como Fuerzas Omar al-Qasim. La organización que según González “jamás” hizo “nada” aparece en ese informe con nombre, apellido y alias.

Que el FDLP sea marxista y secular mientras Hamás es islamista es cierto, y es una distinción muy útil en un seminario de historia de las ideas. El 7 de octubre no tuvo la menor importancia: las dos organizaciones entraron juntas a territorio israelí, y las víctimas no tuvieron ocasión de preguntar por la doctrina de quien les disparaba. El senador Sebastián da Silva, que habló de “una terrorista de Hamás”, se equivocó de sigla; la carta de la oposición, que nombró al FDLP, no se equivocó en nada. González tomó el error de un senador y lo convirtió en la absolución de una organización entera, lo cual, como economía de medios, es admirable.

La propia Al-Masri tampoco ayuda demasiado a su anfitrión. El mes pasado describió el 7 de octubre como un “terremoto” y un punto de inflexión para la causa palestina, y reclamó un diálogo nacional que incluya a todas las facciones, Hamás incluido. El 7 de octubre de este año, mientras buena parte del mundo recordaba a los muertos, ella condenó la demolición israelí de monumentos a los mártires en Cisjordania, la interpretó como una venganza por aquel día y afirmó que el pueblo palestino se enorgullece de los combatientes de la resistencia. Así conmemora el aniversario la invitada que viene a hablarnos de los derechos de las mujeres.

Frase del senador Gustavo González frente al hallazgo de Human Rights Watch sobre el FDLP

3. La pregunta mal planteada

La carta de la oposición y la respuesta de Cosse discuten quién tiene la potestad de impedir que Al-Masri hable, y en ese terreno el oficialismo gana sin despeinarse. La libertad de expresión protege el derecho de Al-Masri a decir lo que piensa en Ramallah, en sus redes o en cualquier medio dispuesto a publicarla. No incluye el derecho a que el Parlamento de un país situado a doce mil kilómetros le preste una sala, un micrófono y la solemnidad de la institución. Esa sala la consiguió por la vía más terrenal posible: un senador la pidió para ella.

En lo procedimental Cosse tiene razón, y la oposición se la sirvió en bandeja. Una presidencia de la Asamblea General con facultad para vetar invitados según su pasado político sería un juguete peligroso en manos de cualquier mayoría, y hasta el diputado colorado Felipe Schipani, firmante de la carta, admitió que no ve necesaria una reglamentación y que prefiere la autorregulación. Autorregulación significa confiar en el criterio del legislador que invita, y el legislador que invitó es González, convencido todavía de que el FDLP pasó el 7 de octubre mirando televisión. Al apuntar a Cosse, la oposición le regaló el papel más cómodo del repertorio, el de la demócrata que se niega a censurar, mientras el verdadero responsable miraba la función desde la platea.

Que Al-Masri hable por video tampoco cambia nada, salvo el gasto en pasajes. La objeción apunta al uso del Palacio Legislativo como plataforma, y una pantalla cumple esa función tan bien como un atril, sobre todo con la directora de un organismo del Poder Ejecutivo y una senadora sentadas a la misma mesa para completar la escenografía institucional. La diputada nacionalista Fernanda Auersperg lo resumió sin adornos: nadie necesita estar presente para que su voz cuente.

La libertad de expresión no incluye el derecho a que el Parlamento le preste una sala, un micrófono y la solemnidad de la institución

4. Washington, Interpol y una lista que no existe

Para absolver al FDLP, González recurrió a una autoridad inesperada en boca de un senador socialista: el Departamento de Estado. La organización no figura en su lista de organizaciones terroristas, dijo, y agregó entre risas: “¡miren de quién estoy diciendo!”. Sabía perfectamente que invocaba a la fuente que su propio campo denuncia por reflejo, y la invocó igual porque, por una vez, el imperio le daba la razón. Omitió un detalle menor: Washington retiró al FDLP de esa lista en octubre de 1999. Citar una decisión administrativa de 1999 para absolver a una organización por lo que hizo en 2023 tiene la solidez de presentar el boletín de conducta del liceo en un juicio por homicidio.

Para saber qué hizo el FDLP aquel día había otra fuente a mano, y González prefirió no verla. Human Rights Watch es una organización a la que nadie en el Frente Amplio podría acusar de sionista: fue la primera gran organización internacional de derechos humanos en acusar a Israel de apartheid, y ha documentado crímenes de guerra israelíes en Gaza. Mientras condena a Israel, funciona como la conciencia moral de la humanidad; en cuanto documenta que el FDLP participó en una matanza, desaparece del radar y en su lugar asoma el Departamento de Estado de 1999. Una fuente que vale cuando condena a Israel y se evapora cuando condena a sus enemigos deja de funcionar como evidencia y pasa a funcionar como coartada.

En otra entrevista, González subió la apuesta: el FDLP no está en la lista de organizaciones terroristas “ni de Naciones Unidas”. El argumento es impecable, con el pequeño defecto de que Naciones Unidas no lleva ninguna lista de ese tipo para el conflicto palestino-israelí y de que Hamás tampoco figura en ninguna. Con el criterio del senador, la organización que planificó y dirigió el 7 de octubre también podría dar una conferencia en el Salón de Eventos Especiales. Conviene no darle ideas a la Embajada.

El último argumento fue Interpol. Al-Masri no está buscada por Interpol, dijo González, y el canciller hizo suyo el criterio para explicar quién puede entrar al país. Nadie había sugerido que Al-Masri fuera prófuga. La oposición planteó una objeción política, la de dar tribuna en el Parlamento a la número dos de una organización que participó en una matanza, y el oficialismo respondió exhibiendo un certificado de antecedentes penales. Con ese estándar, el Palacio Legislativo queda abierto a cualquiera que todavía no haya sido detenido, lo que amplía considerablemente la lista de oradores posibles. Cuando la respuesta a una pregunta política es la ausencia de una orden de captura, el gobierno está confesando que no tiene respuesta para la pregunta que le hicieron.

Una fuente que vale cuando condena a Israel y se evapora cuando condena a sus enemigos pasa a funcionar como coartada

5. El Frente Amplio como fuerza

González no es un francotirador. Es senador del Partido Socialista, uno de los sectores fundadores del Frente Amplio, una fuerza que se enorgullece de su estructura orgánica y de su unidad de acción. En esa cultura política, lo que un senador afirma en público se lee como posición de la fuerza mientras nadie lo desautorice, y nadie lo desautorizó.

No fue por falta de práctica. En julio de este año, cuando el embajador uruguayo en Washington asistió a una reunión convocada por Marco Rubio, el diputado Sebastián Valdomir se apresuró a dejar constancia, en plena comisión y delante del canciller, de que el Frente Amplio no estaba de acuerdo. La sensibilidad orgánica del Frente se dispara con una foto en Washington; un senador propio negando la participación de una organización en una matanza documentada no alcanza el umbral. Hasta el cierre de este texto, la reacción más audaz vino del senador Daniel Caggiani, que declaró no conocer los vínculos de Al-Masri: el equivalente parlamentario de silbar mirando el techo, y una manera elegante de dejar intacta cada palabra de González.

Más elocuente que el silencio es la asistencia. Después de la carta, de la respuesta de Cosse y de las declaraciones de González, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, y la senadora Lilián Abracinskas siguen anunciadas en la mesa, y el canciller adoptó como propio el criterio Interpol del senador. El oficialismo tuvo una semana para tomar distancia y eligió poner el cuerpo, en un caso desde un cargo del Poder Ejecutivo.

6. Responsabilidad por empoderar

La defensa oficial descansa en una premisa tan cómoda como implícita: mientras nadie pruebe que Al-Masri apretó un gatillo con sus propias manos, no hay nada que objetarle. Es el estándar de un juzgado penal aplicado a una invitación al Parlamento, y confunde dos clases de responsabilidad. La penal es individual y exige probar la conducta de cada persona. La política funciona de otro modo: quien dirige una organización responde por lo que la organización hace. A nadie se le ocurre exigir que el presidente de un partido haya votado personalmente cada ley de su bancada para hacerlo responsable de ellas, y nadie debería exigir que la número dos del FDLP haya disparado personalmente el 7 de octubre.

Ese brazo armado no actuó por su cuenta ni por un malentendido. Desde 2018 integra, junto a Hamás y la Yihad Islámica, la Sala de Operaciones Conjuntas de las facciones armadas de Gaza, y el 7 de octubre combatió en la misma operación. Cuando varias organizaciones entran juntas a matar civiles, cada una carga con la operación entera y no solo con los cadáveres que puedan atribuirse a sus propios hombres. Es la lógica de la empresa criminal conjunta en el derecho penal internacional, y la entiende cualquiera que haya visto un policial: el que maneja el auto del asalto no puede alegar que él no disparó.

La responsabilidad tampoco termina ese día. El FDLP es marxista y secular, y nadie le atribuye la teología de Hamás; lo que se le atribuye son las consecuencias de su alianza. Hamás gobierna Gaza desde 2007, y su programa excede largamente la guerra contra Israel. En 2016 sus propias brigadas ejecutaron a uno de sus comandantes, Mahmoud Ishtiwi, acusado de “torpeza moral”, el eufemismo con que la organización designa la homosexualidad; su familia sostuvo que fue un ajuste de cuentas interno, y la acusación elegida para justificar el fusilamiento dice igual lo suyo sobre lo que en Gaza se considera imperdonable. En 2021, un tribunal islámico de Hamás dispuso que las mujeres solteras necesitaban permiso de un tutor varón para salir de Gaza, y tras las protestas tuvo la gentileza de moderar el fallo sin renunciar a la tutela: el tutor conserva el poder de pedir que se impida el viaje. Una organización que fortalece a Hamás responde por lo que Hamás hace con ese poder, también sobre las mujeres y los homosexuales palestinos.

Y Hamás salió fortalecido. Según el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, en diciembre de 2023 el apoyo a Hamás en Cisjordania se había más que triplicado respecto de tres meses antes; en septiembre de 2024, pese a una caída, seguía siendo la facción con más respaldo, y en octubre de 2025 el 53% de los encuestados en Cisjordania y Gaza todavía consideraba correcta la decisión de atacar. La misma encuestadora advierte que el apoyo a Hamás suele subir durante las guerras y bajar después, lo cual no altera lo medido: el ataque en el que participó el FDLP le regaló a Hamás un salto de popularidad documentado. Al-Masri, por su parte, reclama un diálogo nacional que incluya a todas las facciones, y la oposición le atribuye haber promovido la incorporación de Hamás y la Yihad Islámica a la OLP. Si eso no es empoderar a Hamás, habrá que inventar otra palabra.

Esta responsabilidad no se reparte por igual entre todos los palestinos, y conviene decirlo antes de que alguien le atribuya a este texto lo que no dice. Fatah y Hamás se enfrentaron a tiros en Gaza en 2007, y la Autoridad Palestina detiene a militantes de Hamás en Cisjordania. Hay escalones, y en el más alto están las organizaciones que participaron en el 7 de octubre y trabajan para darle a Hamás un lugar en la conducción del proyecto nacional palestino. Ahí está el FDLP, y ahí está su número dos, la invitada del senador González.

El que maneja el auto del asalto no puede alegar que él no disparó

7. El criterio de Abracinskas

Diez días antes de esta polémica, el Palacio Legislativo recibió otra actividad discutida: Uruguay Dialoga, organizada por Parlamento y Fe, un grupo evangélico cuya misión declarada es transformar el corazón de los legisladores, empresa que cualquiera que conozca el Parlamento uruguayo reconocerá como un acto de fe en sentido estricto. Lilián Abracinskas fue la única legisladora del oficialismo con una visión crítica que soportó la presentación entera, y después explicó a Caras y Caretas por qué la objetaba. Sus organizadores, dijo, adhieren a “las posiciones más ultraconservadoras y más integristas” y buscan usar los poderes del Estado para imponer lo que dictan los libros sagrados, con blancos concretos: el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo.

Abracinskas no pidió que se prohibiera la actividad, y eso la honra. Pero el argumento que usó para descalificarla merece una lectura atenta, porque coincide palabra por palabra con el de este texto. Señaló a sus impulsores como “los mismos operadores” que en la legislatura anterior avalaron a Pablo Laurta, un hombre que se presentaba como víctima en la agrupación Varones Unidos y que terminó matando. Nadie había acusado a esos operadores de matar; Abracinskas les cargó la responsabilidad de haber respaldado a quien mató. Su crítica de fondo apuntaba a quienes usan sus alianzas para llevar al Estado un programa contra los derechos de las mujeres y de los homosexuales. Responsabilidad por asociación y responsabilidad por empoderar, formuladas por ella misma con una claridad que este texto envidia.

El lunes, Abracinskas compartirá una mesa sobre los derechos de las mujeres con la número dos de una organización cuyo brazo armado participó en una operación en la que mujeres fueron asesinadas y secuestradas, y sobre la que la representante especial de Naciones Unidas para la violencia sexual en los conflictos encontró motivos razonables para creer que hubo violaciones, incluidas violaciones en grupo. Esa organización trabaja además para darle poder a un movimiento que exige a las mujeres permiso de un varón para viajar y que fusiló a uno de sus comandantes bajo acusación de homosexualidad. Si los evangélicos de Parlamento y Fe quedaron descalificados por haber avalado a un asesino, cuesta entender qué mérito exime a la compañera de mesa del lunes. Nadie le pide a Abracinskas que censure a nadie: alcanza con que aplique su propio criterio.

8. El panel ya tenía voces palestinas

La objeción más previsible a todo lo anterior es que equivale a silenciar a las mujeres palestinas en su propio día, y la composición del panel se encarga de desarmarla. Además de Al-Masri, participan Lujain Jallad, esposa del embajador palestino, y la abogada palestina Rasha Qumsiyeh, y la oposición aclaró por escrito que no objetaba la conmemoración. El acto podía recordar a las mujeres palestinas, denunciar lo que viven en Gaza y en Cisjordania y discutir su situación sin Al-Masri. Lo único que su presencia le agrega es la firma de una organización que estuvo en el 7 de octubre, un aporte del que la mesa podía prescindir sin perder una sola idea.

La lista la propuso la Embajada de Palestina, y González la aceptó y la defendió con gesto de hidalgo: “me hago absolutamente responsable de la nota que mandé”. Tenía de dónde elegir. Palestina tiene juristas, periodistas, médicas y defensoras de derechos humanos sin cargo alguno en una organización armada. En 2021, por ejemplo, la activista gazatí Zainab al-Ghunaimi, que dirige una organización por los derechos de las mujeres, denunció el fallo de tutela masculina de Hamás como un retroceso contrario a la Ley Básica palestina. Una voz así habría honrado el día de la mujer palestina sin traer consigo la sombra del 7 de octubre, con el inconveniente de que habría hablado mal de los aliados de la invitada. Entre todas las mujeres posibles, se eligió a la que menos podía hablar de derechos de las mujeres sin que alguien le preguntara por las asesinadas aquel día.

La tolerancia, por lo visto, también se reserva el derecho de admisión

9. Que se calle la boca

El embajador de Israel no pidió hablar en el Parlamento. Le expresó a un diario su preocupación por que una institución uruguaya legitimara a organizaciones armadas, que es exactamente para lo que existen los embajadores. González le contestó que “se calle la boca y que no hable más”, porque no puede hablar de problemas uruguayos. La regla que surge de las dos decisiones del senador tiene una coherencia admirable: la número dos del FDLP puede hablar de Palestina desde el Palacio Legislativo, y el representante de Israel no puede opinar en la prensa sobre una polémica uruguaya que gira en torno a Israel. La casa abierta a las más diversas formas de ver el mundo tiene una puerta que gira hacia un solo lado, y un portero socialista que decide quién entra y quién se calla.

En Uruguay viven uruguayos judíos con familiares y amigos en Israel, para quienes el 7 de octubre fue una herida próxima y no una noticia lejana. Ninguno tiene derecho a vetar a nadie en el Parlamento de su país, y ninguno lo pidió. Sí tienen derecho a esperar que sus representantes se hagan cargo del significado de lo que hacen con una institución que también es suya. El lunes verán a una jerarca del Poder Ejecutivo y a una senadora compartir mesa con la dirigente de una organización que participó en aquella matanza, mientras el senador que la invitó manda callar a quien se queja. La tolerancia, por lo visto, también se reserva el derecho de admisión.

El argumento de este texto, de todos modos, no depende de ellos. La invitación sería igual de objetable aunque en Uruguay no viviera un solo judío, porque el principio en juego es que el Parlamento de una república no da tribuna a quien dirige una organización que entró a matar civiles, sean quienes sean esos civiles. Por eso la última pregunta es para Lilián Abracinskas, y es sencilla: ¿compartiría un panel sobre los derechos de las mujeres, en el Palacio Legislativo, con la dirigente de una organización cuyo brazo armado hubiera participado en una matanza de mujeres palestinas? Si la respuesta es no, le toca explicar qué cambia cuando las asesinadas son israelíes. Si no encuentra explicación, el principio que esgrimió contra Parlamento y Fe era apenas una preferencia, y su feminismo, un feminismo que pide pasaporte a las víctimas.


Este texto también está disponible en inglés.

Fuentes