Daiana Abracinskas, la carga de la prueba y el principio que se perdió
Daiana Abracinskas lleva tatuada en el hombro derecho una justicia con los ojos vendados. La muestra al final de una entrevista de casi hora y media en Al Weso, y en la misma respuesta dice que si hay algo que la justicia no es, es ciega. Abracinskas es abogada penalista y periodista deportiva. Trabaja en el básquetbol desde los dieciocho años, abandonó Derecho después de perder el primer examen de su vida, el de Comercial, y volvió a la facultad a los treinta y siete, con un hijo de nueve años, para recibirse pasados los cuarenta. Se la conoce por defender a hombres denunciados por violencia de género, y ella resume el precio de esa fama con una frase: de las víctimas que defiende, nadie habla. Su tía, Lilián Abracinskas, es una referente histórica del feminismo uruguayo, y no se hablan desde que ella asumió la defensa en el caso Valizas, en 2019.
En la entrevista dice en voz alta lo que el consenso institucional sobre violencia de género da por cerrado, y lo hace con una honestidad sobre sus propios errores que casi ningún abogado se permite frente a una cámara. Del otro lado de la mesa, Jorge pregunta de buena fe y sin militancia, y por eso sus preguntas valen como termómetro. Cada vez que tropieza, tropieza con un sentido común que la ley terminó volviendo obvio.
El defensor y el escrache
La primera corrección llega rápido. Jorge habla de los abogados que defienden «a un homicida, un narco, un abusador, un estafador», y ella lo frena: la premisa ya tiene un error, nadie es un homicida, es alguien acusado de homicidio. Lo dice con un vocabulario que viene de la mejor tradición procesal rioplatense. La inocencia no es una presunción que se va gastando a medida que crece la sospecha. Es un estado, y se mantiene intacto hasta la sentencia firme. Ni la denuncia lo afecta, ni la sentencia de primera instancia. Quien recibe una denuncia sigue siendo inocente, y el abogado que lo defiende defiende a un inocente hasta que un tribunal diga lo contrario de manera definitiva. Jorge acepta la corrección en el momento.
El contexto es el escrache a Jorge Barrera, abogado de imputados en el caso Conexión Ganadera, al que los damnificados recibieron a gritos en la puerta del juzgado. Abracinskas dice que a ella le pasó en la puerta de su casa, en una feria, a la salida de la cancha de Aguada y en las redes, y que todos los abogados dan la misma respuesta porque es la verdadera: no son las personas que defienden ni cometen los delitos que se les imputan. Para que se entienda, propone una imagen. Un médico al que le traen a un condenado por homicidio y dice «no lo atiendo» sería un escándalo, y nadie pensaría que al atenderlo aprueba el crimen. El abogado tiene la misma obligación. Los defensores de oficio, que salieron de la misma facultad, están obligados a defender las causas más aberrantes, y nadie los acusa de complicidad por cumplir con su trabajo.
La imagen del médico llega más lejos de lo que parece. El médico que atiende al condenado protege algo que va más allá de ese paciente: la regla de que la atención no depende de lo que hizo quien la recibe. El defensor protege la regla equivalente, que una condena vale solo si alguien la discutió con todo lo que tenía. Una condena dictada sin defensa efectiva es anulable y, además, no prueba nada, porque nadie la puso a prueba. Los ahorristas de Conexión Ganadera necesitan condenas que resistan todas las instancias, y lo único que garantiza eso es que el abogado al que le gritan en la puerta del juzgado haga bien su trabajo. Quien escracha al defensor ataca justamente lo que le daría legitimidad a la condena que reclama. Abracinskas lo resume en una advertencia: ojo con el día en que los abogados no podamos ejercer, porque ese día no vamos a estar en un Estado de derecho.
Ella no se presenta como una abogada que toma cualquier causa. Recuerda que poder elegir es un privilegio que depende de los años de carrera, de tener o no hijos que mantener, de cuánto se gana, y que hay colegas que no eligen porque lo que defienden es que haya un juicio justo, con todas las garantías. Ella hoy puede elegir y lo dice sin rodeos. A un violador no lo defiende. A un violento tampoco. No le cree a su cliente: le revisa el teléfono, lo interpela, lo confronta para ver cómo reacciona. Hace un día le renunció a uno que se le presentó como un padre ejemplar y que a la segunda pregunta mostró ser violento y tener problemas de consumo, porque si a ese nene le pasaba algo ella no iba a poder dormir. Cuando sabe que el cliente es culpable, acepta firmar un abreviado para que reciba la pena que corresponde, y nada más. Pocas veces se oye a un abogado describir con tanta claridad sus propios límites.
Hay un caso que deja a la vista con qué vara mide el público a los abogados. Abracinskas y un colega defendieron a los acusados de un homicidio, reconstruyeron la escena con animaciones en 3D, midieron trayectorias y distancias, y lograron el sobreseimiento sin llegar a juicio. Años después, uno de ellos les reconoció que había sido el autor. El muerto acosaba a nenas del barrio y se masturbaba en la calle. Ella aclara varias veces que eso no justifica de ninguna manera el homicidio, y recuerda que en ese caso nadie los criticó por defender al homicida: «nos aplaudían». Lo llama un disparate, y lo es. Pero es también la prueba más clara de que la gente no juzga al abogado según la presunción de inocencia, ni según si el cliente es culpable. Lo juzga según quién era la víctima. Se puede defender a un asesino y que te aplaudan, si mató al que había que matar.
La consecuencia más concreta del escrache la cuenta casi al pasar. Renunció a la defensa de un hombre en cuya inocencia confiaba, al menos respecto de quienes lo denunciaban, porque la tenía podrida la exposición pública, «no por ellos». El escrache no condenó a ese hombre, pero le sacó a la abogada que creía en él. Si eso le pasa a alguien con su carácter, que puede elegir sus casos y no depende de ninguno para pagar las cuentas, el efecto sobre un abogado que recién empieza y necesita la causa es fácil de imaginar. La presión pública no necesita ganar en el juzgado: le alcanza con dejar al acusado sin quien lo defienda.
El agresor no existe
Jorge plantea una imagen muy instalada: fiscales y abogados se enfrentan en la audiencia como políticos de partidos rivales y después, lejos de la cámara, se llevan bien, se saludan, a veces son amigos, y hay quien pasa de un lado al otro. Abracinskas la desarma con dos palabras, «otro error», y explica por qué. El fiscal lleva la acusación, pero no es un litigante que quiere ganar a cualquier precio. La ley le impone un deber de objetividad: tiene que investigar también lo que favorece al imputado, buscar la verdad y, si no encuentra elementos suficientes para pedir una condena, decir «hasta acá puedo llegar». De todos los actores del proceso, el fiscal tendría que ser el primero en no querer un inocente preso. El enfrentamiento que se ve desde afuera existe en la audiencia, pero lo que funda el lugar del fiscal en el proceso es ese deber de objetividad.
Contra ese ideal pone un caso que, dice, la tiene enferma. Tiene grabaciones de una fiscal que, mientras le toma declaración a los testigos, se refiere al denunciado como «el agresor». La defensa le había presentado veinte declaraciones y le había pedido que tomara diez más para demostrar la inocencia de su cliente. Cuando los testigos dicen cosas que no le sirven a su teoría del caso, la fiscal vuelve a lo mismo: «no, bueno, pero el agresor». Ocho veces en una sola declaración. Abracinskas está evaluando si lo denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Para explicar por qué esa palabra es grave, separa dos términos que en el lenguaje público se usan como si dijeran lo mismo. «Víctima» es un estatuto que el código le da a quien denuncia, y le reconoce derechos durante el proceso: ser informada, ser protegida, participar. Ella lo acepta porque es la ley: «les tenemos que decir víctimas». Pero «agresor» no existe en el proceso. Lo que existe es un denunciado. Su crítica, además, apunta más arriba que a la fiscal: habla de una terminología equivocada que viene de afuera, de España, de Chile, de todos los que hicieron antes las mismas estupideces que estamos haciendo ahora. Lo que cuestiona es el marco que el código importó, y la fiscal que dice «agresor» muestra hasta qué punto ese marco ya se volvió natural.
Al pasar, distingue algo que en un debate sobre violencia sexual vale más que cualquier estadística. En un homicidio, dice, el muerto es la víctima y ahí no hay mucha discusión. Hay un cadáver: el hecho está probado, y lo que se discute es quién lo cometió. En una denuncia de abuso sin rastros físicos, lo que se discute es justamente si el hecho ocurrió. Ahí la palabra «víctima» ya da por cierto lo que el proceso tiene que probar, y «agresor» termina la frase que «víctima» dejó empezada. Cuando una fiscal habla así mientras toma declaración, la conclusión llegó antes que la prueba.
Lo que Abracinskas describe tiene nombre en la literatura sobre condenas de inocentes. Keith Findley y Michael Scott lo llamaron visión de túnel: la investigación se cierra sobre un sospechoso, y a partir de ahí todo lo que llega se interpreta a la luz de esa hipótesis. Lo que la confirma se registra como prueba y lo que la contradice se descarta como ruido, o directamente no se pregunta. No hace falta mala fe. Findley y Scott señalan que el propio sistema enseña la visión de túnel por regla y por política, y en este caso la enseña desde el vocabulario: el marco le dice al investigador quién es quién antes de empezar. Por eso la palabra importa como síntoma: la fiscal que dice «el agresor» mientras escucha a un testigo que lo exculpa revela que la hipótesis ya ganó la discusión antes de que el testigo terminara de hablar.
La consecuencia práctica la saca ella misma, y es la más dura de esta parte de la entrevista. Si quien tiene el deber de buscar la verdad parte de que el denunciado es el agresor, el deber de objetividad queda vacío. La defensa puede presentar veinte declaraciones o doscientas, y cada una va a ser leída como un intento del agresor por zafar. Lo que ella pide no es que el fiscal crea en la inocencia del denunciado. Pide algo mucho más elemental, que el código ya establece y que en ese caso no se cumplía: que la investigación siga abierta mientras investiga.
La precaución que se volvió prueba
Cuando Jorge le pide que resuma sus críticas al sistema, Abracinskas empieza por la premisa sobre la que, según ella, se construyó todo: que las mujeres no mienten y que los niños no mienten. Los psicólogos saben que los niños mienten, dice, y todos sabemos que las mujeres mentimos, porque somos seres humanos y la mentira no tiene género. Lo que propone a partir de ahí no es dudar de quien denuncia, sino un orden de pasos. Primero hay que creerle a la denunciante y tomar las medidas de protección más urgentes, siempre, para evitar una tragedia. Después hay que hacer pericias serias, con profesionales serios que no partan de que las mujeres no mienten ni de que ser hombre te vuelve violento. Y con eso hay que resolver rápido. Más adelante en la entrevista describe cómo se ve una pericia seria: varias entrevistas, el contexto, el entorno, lo que dicen la maestra y el psicólogo, un informe fundado y, si hace falta, una segunda pericia. Pide que el Estado ponga plata en eso, porque si no se depura a tiempo lo que es cierto de lo que no, pierden todos. Las tobilleras faltan para quien de verdad las necesita porque están puestas por denuncias falsas, los juzgados no dan abasto para evaluar el riesgo, y el INAU no llega a los niños que lo necesitan porque está ocupado atendiendo denuncias que no se sostienen.
Cualquiera que haya trabajado en una emergencia reconoce ese orden. Un dolor de pecho se trata como infarto hasta que se descarta. No es que se crea que es un infarto: se actúa como si lo fuera, porque equivocarse para un lado cuesta una vida y equivocarse para el otro cuesta un estudio. Pero ningún médico firma un certificado de defunción por un dolor de pecho que nadie estudió. La precaución autoriza a actuar antes de saber y obliga a averiguar después. El modelo de Abracinskas separa dos sentidos de la palabra «creer» que el activismo fundió en una consigna. Uno es la credibilidad como precaución, la que justifica sacar a alguien de la casa esa misma noche. El otro es la credibilidad como juicio, la que solo puede salir de la prueba. El «yo te creo» mezcla las dos, y en el proceso la que alcanzaba para una medida provisoria termina sosteniendo una condena.
La ley uruguaya no dice en ningún artículo que la mujer no miente. No le hace falta. El artículo 3 de la ley 19.580 establece que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de sus disposiciones prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. El artículo 46, sobre la valoración de la prueba, dice de los niños y adolescentes algo que ningún código dice de ningún otro testigo: «No será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios». En una denuncia por abuso de un niño, la denuncia la hace casi siempre la madre, y el relato que llega al juez por boca del niño es el que se armó en esa casa. Si ese relato fue inducido, la pericia que podría mostrarlo es justamente el argumento técnico que la ley declara inválido. La madre queda escudada detrás del testimonio de su hijo.
Lo que pasa en los juzgados es más contundente que la letra. Un relevamiento de la Facultad de Derecho de la Udelar, hecho a pedido de la Cámara de Diputados, encontró que en casi nueve de cada diez casos (87%) que llegan a un juzgado de Familia Especializado se toman medidas que apuntan a limitar el contacto entre el denunciado y la denunciante, y que la declaración de la denunciante es el principal elemento probatorio, utilizado en casi la totalidad de los casos. En tres de cada cuatro casos es la única prueba con la que se cuenta. El informe sobre denuncias falsas que dirigió Teresa Herrera lo reconoce a su manera: en el proceso de protección «no corresponde en esa materia investigar sino proteger». Así funciona el sistema: una medida que por diseño no investiga, apoyada en la mayoría de los casos en una sola declaración, que se mantiene meses o años mientras la verificación no llega. La ley no presume que la mujer dice la verdad. Simplemente nunca lo verifica, y las consecuencias son las mismas que si lo presumiera. En la práctica, lo que nunca se cuestiona funciona como verdad.
Abracinskas no pide que se le crea menos a nadie. Pide que la precaución siga siendo precaución, que la verificación llegue y que llegue a tiempo. Y lo pide en nombre de las víctimas tanto como de los denunciados. Cada caso que no se depura ocupa una tobillera, una hora de juzgado y un técnico que le faltan a una mujer que está en riesgo de verdad. El argumento no depende de cuántas denuncias sean falsas: mientras el sistema no distinga unas de otras, todas compiten por los mismos recursos, y las que pierden son las urgentes.
Gato por liebre
La pregunta más elaborada de Jorge viene armada como una trampa lógica. Si hay gente que miente para cobrar un seguro, y nadie propone cambiar la ley de hurtos por eso, ¿por qué las denuncias falsas pesan tanto en la discusión sobre violencia de género y en ningún otro delito? El argumento busca que la preocupación por las denuncias falsas parezca un capricho: si en todos lados hay mentirosos y solo en este tema se arma escándalo, el escándalo tendría otra motivación. Lo que Jorge no calcula es que se lo plantea a una penalista que vive en los juzgados, y que el contrabando no le va a pasar.
Abracinskas contesta con lo que cualquiera que trabajó con un seguro sabe. Para que te paguen un hurto hay que probarlo. No alcanza con ir y decir que te robaron. Si estás enojado con Juan Pérez y decís que te robó Juan Pérez, Juan Pérez no va preso ni el seguro paga por tu sola palabra: hace falta el contexto probatorio, las cámaras, el testigo, el registro. Jorge insiste con que el testimonio también es una prueba, y ella le concede que lo es, pero lo que vino diciendo es otra cosa: la palabra sola de quien denuncia no alcanza para condenar a nadie por un robo.
Entonces Jorge, buscando un caso más difícil, propone el que termina de darle la razón a ella. Una rapiña en la calle tiene cámaras, testigos, seguimiento. Pero una rapiña dentro de una casa, sin testigos y sin filmación, no lleva a nadie preso. Ella lo agarra en el aire: «Exactamente, a eso iba. Eso es lo que pasa con los delitos sexuales». Él armó el contraejemplo para acorralarla y le entregó el argumento completo. La diferencia entre el hurto y el abuso no está en que en uno haya mentirosos y en el otro no. Está en que en el hurto la ley sigue exigiendo prueba más allá de la palabra, y en los delitos sexuales se dejó de exigir, por una razón que ella explica y defiende.
La mayoría de los delitos sexuales ocurren en la intimidad: un padre con un hijo, una madre con un hijo, un hombre con una mujer. Las pruebas son casi imposibles. Antes, dice, había que llegar poco más que con el semen, con la recomendación de no bañarse para que se pudiera sacar ADN de la piel y de las uñas, y los violadores quedaban impunes. La ley vino a corregir eso, y Abracinskas no lo discute. Lo que agrega es la frase que resume el problema: hecha la ley, hecha la trampa, y la miseria es humana, no tiene género. La misma regla que permitió condenar a quien antes quedaba libre abrió la puerta a que alguien use la denuncia contra un inocente. Por eso las denuncias falsas pesan más acá que en el hurto. Donde la palabra sola alcanza, la proporción de palabras falsas define cuántos inocentes terminan atrapados.
Lo que ella describe es un dilema que cualquier sistema de prueba tiene que enfrentar. Toda exigencia probatoria reparte errores entre culpables que quedan libres e inocentes que quedan presos. Si se baja la exigencia para que los abusadores dejen de quedar impunes, sube el riesgo para los inocentes, y si se sube para proteger a los inocentes, vuelve la impunidad. No hay umbral que no cueste. En el debate público cada bando suele negar uno de esos dos costos: unos sostienen que las denuncias falsas no existen, otros que las denuncias son casi todas un invento para sacar plata. Abracinskas nombra los dos a la vez. Defiende la razón de ser de la ley y señala lo que la ley dejó abierto. Por eso no pide volver a exigir el semen. Pide pericias serias: un control que permita mantener la exigencia baja sin que el costo lo paguen los inocentes. Si la palabra de la mujer es la única prueba posible en la mayoría de estos casos, dice, más razón para que la pericia sea seria y se resuelva rápido.
Para mostrar cómo se usa la trampa, cuenta una consulta. Una mujer llega a su estudio y le dice que quiere denunciar al marido por abuso. Cuando ella le pregunta qué le hizo, la mujer le contesta que en treinta y dos años de casados la cuerneó cuarenta veces, y que como sabe que si dice que la abusó ese hijo de puta va preso, lo quiere denunciar. Abracinskas le responde que ese no es el lugar. La escena dice más que cualquier estadística. La infidelidad no es delito, y la mujer lo sabe. Lo que busca es un castigo que el código penal no le da, y sabe exactamente qué palabra lo consigue. Que la abogada que la frena sea la misma a la que se acusa de no creerles a las mujeres resume bastante bien de qué lado está cada uno en esta discusión.
Los «demos por bueno»
Cuando Jorge le pregunta si hay algún estudio que respalde la idea de que las denuncias falsas abundan, Abracinskas contesta que el único que se hizo en el país es muy poco serio, y le cuenta casos. Uno es el de un hombre que denunció por abuso sexual a la pareja de la madre de su hijo, y a la madre como cómplice. El nene había contado que le hacían «un juego», y lo que hacían era ponerle en el pene una crema que había indicado el médico. Las pericias encontraron distorsiones cognitivas en quien denunciaba, no abuso. Jorge le contesta que eso es evidencia anecdótica. Ella le dice que está llena de esos casos y lo invita a pasar por el estudio. Él le responde que, si habla con una fiscal que hace lo contrario, la fiscal le va a decir que está llena de denuncias reales.
Ella no acepta esa simetría, y tiene con qué. Si los estudios que dan porcentajes bajos de denuncias falsas se apoyan en las condenas, hay que mirar cómo se llega a esas condenas. Según ella, apenas el 0,8% de los casos llega a juicio. El resto se resuelve con acuerdos que describe como extorsivos. La fiscalía amenaza con doce años y ofrece tres. El defensor le explica al imputado que con la declaración de la denunciante y una pericia está en el horno, y que si firma en tres años vuelve a su vida. Mucha gente firma. Con un sistema así, una condena no prueba que el hecho haya ocurrido, y contar condenas no dice nada sobre cuántas denuncias eran verdaderas. Le exigieron un estudio a ella mientras el dato oficial del otro lado está contaminado por los abreviados. Nadie conoce la proporción real, y lo honesto sería reconocerlo de los dos lados. Ella además señala dónde habría que buscar: en los juzgados de familia especializados, porque muchos casos nunca llegan a lo penal. Es justo donde, como se vio, se toman medidas en casi todos los casos con la palabra de la denunciante como única prueba. Cuando Jorge le pregunta por qué los abogados defensores no hacen su propio estudio, ella le pregunta quién lo va a pagar. Una cátedra universitaria con apoyo de organismos internacionales puede producir datos. Un estudio de abogados que vive de sus honorarios, no. Quien dice «dato mata relato» no suele aclarar que los datos los produce el que puede pagarlos, y que eso decide qué se mide.
Jorge cambia de enfoque y apela a la responsabilidad personal. Si te ofrecen un abreviado y firmás, admitiste que sos culpable. Si te hicieron una denuncia falsa y no denunciaste a la madre por simulación de delito porque es la madre de tus hijos, sos una víctima permanente de todo y es muy difícil creerte. Ese razonamiento se rechaza, con razón, cuando se aplica a una mujer que tardó años en denunciar o que nunca lo hizo: no usar un recurso no prueba que el daño no haya existido. Aplicado al denunciado, se presenta como sentido común. Abracinskas le contesta con hechos. Ese padre que no denunció hoy tiene la tenencia compartida y está criando a su hijo con una madre que tiene distorsiones cognitivas, y no la denunció por simulación de delito para que el chico no tuviera una madre condenada.
Entonces aparece el primer «demos por bueno». Demos por bueno que hay un problema de denuncias falsas, dice Jorge: si cualquiera puede denunciar por simulación de delito, ¿dónde está la impunidad? Ella le responde con un dato que desarma la pregunta. Otro padre logró probar todo, que el auto no era el suyo, que en el lugar de las fotos no estaba él, que la nena no había sido abusada, y presentó entre doce y quince denuncias por simulación de delito. Están todas durmiendo, como duermen las denuncias de abuso, porque las fiscalías están saturadas: hay setecientas carpetas de abuso sexual en una sola fiscalía. El remedio existe en el papel y no funciona en los hechos. Que exista un recurso no significa que funcione, y quien mide su uso para concluir que el problema no existe confunde las dos cosas.
El segundo «demos por bueno» es el más revelador. Jorge quiere suponer que un padre puede llegar a lavarle la cabeza a un hijo, y aclara que eso no necesariamente hay que darlo por bueno. Ella lo interrumpe: «¿Vos tenés hijos?». Él dice que no. «¿Cómo no vas a dar por bueno que los padres les lavamos la cabeza a los hijos?». Las madres se hacen las víctimas y los nenes creen que las tienen que cuidar, a uno le dicen que papá es malo, al otro que mamá lo dejó por otro, y el chico llega preguntando lo que escuchó. Que los niños pequeños son influenciables frente a los adultos que insisten está ampliamente documentado. Ella da el ejemplo exacto: una madre que entra al consultorio diciendo, delante de una nena de dos o tres años, «a mi nena la violaron, el padre la tocó». Después, cuando le preguntan a la nena, la nena dice lo que oyó. Jorge pregunta entonces si eso significa que no hay que creerles a los niños. Ella había dicho, desde el principio, que primero se les cree y se los protege, y que después se pericia en serio. «Me molesta cuando la gente da vuelta lo que yo dije», le contesta, y tiene toda la razón.
Jorge no es tonto ni está de mala fe. Razona desde un marco que la ley volvió sentido común. Su resistencia a aceptar que un niño puede ser inducido es la versión periodística del artículo 46, que declara inválidos los argumentos técnicos para disminuir la credibilidad del testimonio infantil. Él no inventa esa posición: la repite como la postura prudente, la que un periodista razonable tiene que adoptar. Esa es la medida de lo instalado que está el marco. Ni siquiera hace falta ser militante para hablar desde ahí. Alcanza con querer ser cuidadoso.
Las consecuencias las cuenta ella con un caso en el que le renunciaron nueve peritos, de las tres listas del Poder Judicial, que no se actualizan desde hace cuatro años. Al noveno, cuatro años después y con una familia pagando 190.000 pesos, el informe dijo que no hubo abuso. Ese padre llevaba dos años sin ver a sus hijos. Pero a los cuatro años, pregunta ella, ¿cómo se sabe si hubo abuso o no? Una nena que fue influenciada para decir que sí y una nena que olvidó porque los recuerdos de la infancia se borran dan, cuatro años después, el mismo resultado borroso. La demora destruye la prueba para los dos lados: la víctima real pierde credibilidad y el inocente pierde la posibilidad de demostrar que lo es. Al otro día tenía una cámara Gesell de una denuncia de 2021, a una nena que hoy tiene doce años. Y la verificación seria solo existe para quien puede pagar entre 100.000 y 190.000 pesos. Para el denunciado pobre, la precaución sin verificación es todo el proceso.
Jorge hace entonces la mejor pregunta de la entrevista. Si mañana hubiera recursos ilimitados, peritos y fiscales para todos y medidas resueltas al instante, ¿alcanzaría, o hay algo de la ley que habría que cambiar? Ella dice que el principal problema está en la aplicación y en la interpretación: jueces saturados que no llegan a leer los escritos, que escuchan a una víctima mientras atienden el teléfono. Cuenta también que una jueza le comentó que llegan cada vez más denuncias de hombres a los que les parten una silla en la cabeza, y que los hombres saben que tienen que quedarse con los brazos atrás, porque es lo primero que les dicen sus abogados. La pregunta de Jorge tiene, sin embargo, una respuesta que la propia ley da. Con recursos ilimitados, el artículo 46 seguiría declarando inválidos los argumentos técnicos contra el testimonio infantil, y la pericia que puede mostrar que un relato fue inducido seguiría chocando con la letra. No es solo un problema de recursos. Hay una parte que está escrita en la ley.
La carga invertida
Jorge vuelve a la analogía con otro ejemplo: hay gente que inventa accidentes de trabajo para cobrarle a su empleador, y nadie pide eliminar las indemnizaciones laborales. Ella le contesta lo mismo que con el hurto. En un juicio civil o laboral hay que probar el daño con pruebas reales, y en el proceso penal por violencia sexual la condena trae sola una reparación. Después discuten sin coincidir en una cosa que, en el fondo, les da la razón a los dos. Él dice que está lleno de denuncias que se archivan porque no alcanza con lo que hay. Ella dice que está lleno de mujeres esperando años una respuesta. Las dos cosas son ciertas: son síntomas de un mismo sistema saturado que les falla a todos.
Jorge le pregunta si reconoce que hay casos en los que una mujer solo tiene su testimonio y la justicia le dice que no alcanza. «Eso de ninguna manera», contesta ella, porque con una pericia y un relato te condenan, firmás un abreviado o vas a juicio y probablemente pierdas. Él insiste: ¿ningún caso? Hay, dice ella, porque los tiene, y cuenta cómo se gana uno. Una denuncia de 2018 por dos abusos en el mismo día, uno de tarde y otro en la madrugada, después de una fiesta. Ella grabó a 37 personas y presentó mensajes que muestran que, de 2018 a 2026, la denunciante le escribía al denunciado que estaba enamorada de él, le pedía que la llevara a todas partes, lo hostigaba y aparecía donde no correspondía. Esos mensajes no prueban un consentimiento, y ella no los usa para eso: prueban un motivo para denunciar. «Yo tuve que presentar las pruebas. Yo. Se invierte la carga de la prueba».
Ningún artículo de la ley dice eso, y ella no afirma que lo diga. Lo que afirma es que, tal como está escrita y como se aplica, la ley produce ese efecto. Si la palabra de la denunciante y una pericia alcanzan para llegar a juicio o para forzar un abreviado, la presunción de inocencia sigue figurando en el código, pero el acusado que no consigue demostrar que la denuncia es falsa pierde. El «no» de ella al principio y el «sí hay» de después no se contradicen. Describen el mecanismo: el testimonio alcanza, salvo que la defensa lo destruya con prueba propia.
Para que Jorge lo entienda, Abracinskas lo pone en el lugar del acusado. Se van el productor y la productora, se apagan las cámaras, ella sale y dice que Jorge, cuando ella se iba, le metió la mano en sus partes íntimas. ¿Cómo prueba él que eso no pasó? Jorge contesta lo que contestaría cualquiera: contrataría abogados, irían a juicio, cada uno daría su versión con sus testigos, el productor que estuvo ahí, cuál era la actitud de Jorge antes, qué historial tiene, todo analizado con sana crítica. Ella le explica lo que pasa en un juzgado con eso. No hay juicios de popularidad, y está bien que no los haya, porque Jorge puede ser el tipo más correcto del mundo, no haber abusado nunca de nadie y abusar de ella. No hay un perfil de abusador. Los abusadores suelen ser los tipos más simpáticos del mundo, y hay fiscalías que ya no pierden tiempo periciando al denunciado, con razón. Ella misma no presenta testigos de que su cliente es buenísimo, porque le parece una ridiculez. Sin prueba real de lo que pasó adentro, el acusado no tiene nada. «No tenés cómo probar lo que no existió, Jorge, salvo que no estés en el país». En unos minutos, Jorge pasó a ser el acusado de una hipótesis, y lo único que pudo ofrecer fue la prueba que no sirve.
Del ejemplo sale el consejo más triste de la entrevista, y ella lo da como un consejo práctico. A los que viven solos les recomienda poner cámaras, que se vea cómo se va la persona, y mandarle un mensaje después: «che, ¿cómo llegaste?». Que quede registro, para que quien miente no le haga perder tiempo a las víctimas reales que esperan años una respuesta. Si la palabra de alguien alcanza para acusar y no hay forma de probar lo que no pasó, la única defensa es documentar la intimidad antes de que alguien la ponga en duda. La presunción de inocencia, que debería proteger a todos sin que nadie tenga que hacer nada, termina reemplazada por la autovigilancia de cada uno. Es la intimidad con acta.
Nada de esto la lleva a negar la protección inmediata. Cuando Jorge le pregunta qué le contestaría a un hombre que dice que lo echaron de su casa solo por una denuncia, ella dice que no está mal: hay que proteger de inmediato a quien denuncia, sea hombre o mujer, y lo primero es sacar al denunciado de la casa. Jorge le señala que eso desarma el estereotipo de antifeminista rabiosa que muchos tienen de ella. Ella contesta: «Quiero un Estado de derecho. Quiero que las audiencias sean en 72 horas». La ley lo establece. El artículo 61 de la 19.580 obliga al tribunal, una vez recibida la denuncia, a adoptar las medidas de protección urgentes y a celebrar audiencia dentro de las setenta y dos horas, bajo pena de nulidad. Muchas veces no se cumple, en el interior menos que en Montevideo. Y cuando la audiencia llega, el relevamiento de la Udelar muestra que el denunciado concurre en el 72% de los casos y que, cuando concurre, tiene defensor en al menos la mitad, y que las medidas tomadas en la audiencia siguen el mismo patrón que las anteriores: la mayoría confirma las medidas de no acercamiento. La revisión que debería corregir la precaución llega tarde, y cuando llega casi siempre la confirma.
El costo de esa demora no lo pagan solo los denunciados. Abracinskas cuenta el caso de una mujer de sesenta años a la que el marido sacó casi a balazos de la casa donde habían vivido siempre. Ella estaba fuera del país y la mandó a la seccional especializada de la calle Cufré. La mujer volvió llorando: le habían dicho que sin agresión física no le tomaban la denuncia. Cuando llegó la abogada, se la tomaron. Su explicación es que la policía se cansó de las mentiras. Si vivo con vos, la casa es tuya y me tenés podrida, te denuncio, te sacan seis meses, vos dormís en un auto y yo me quedo en tu casa, y después se demostrará que la denuncia era falsa o que la violencia verbal no existió. La denuncia usada como desalojo gasta la credibilidad de todas las demás, y el precio lo paga la mujer a la que echaron a balazos y a la que el policía ya no le cree.
Hay también conversiones. Abracinskas cuenta que entre sus clientes hay psicólogas del Instituto Técnico Forense y militantes feministas a quienes les denunciaron al hijo, al hermano o al padre, que llegan a su estudio y le dicen: «Doctora, tenía razón, las denuncias falsas existen». Ninguna narrativa las convenció. Las convenció un caso que les tocó de cerca, que es como se forman la mayoría de las creencias sobre este tema, y no siempre por propaganda.
Su método como defensora confirma, sin que ella lo diga, todo lo anterior. Cuando le llega un hombre denunciado, primero le revisa el celular entero, y después le dice: vamos a defenderte como corresponde, mostrame todas las pruebas de por qué esta denuncia es falsa, mostrame que nunca la insultaste, el celular, la computadora, traeme a los vecinos, buscá cámaras si fue en la calle, y defendámonos en la audiencia. No es incoherencia, es adaptación. La defensa trabaja como si la carga de la prueba fuera suya porque, en los hechos, lo es.
El estudio que ella llama vergonzoso
Al pasar, Abracinskas menciona a Teresa Herrera. Dice que le mandaron un audio en el que Herrera afirma que las denuncias falsas no existen, y que hay gente a la que no vale la pena responderle. Herrera es socióloga, coordina la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH y dirigió el único estudio uruguayo sobre denuncias falsas, el mismo que Abracinskas llama vergonzoso cuando Jorge le pregunta si hay datos. Vale la pena mirar qué dice ese estudio y qué dice su autora en público, porque no dicen lo mismo. En una misma entrevista radial, Herrera aclara que el equipo no afirma que las denuncias falsas no existan, y minutos después dice que una ley es innecesaria «cuando las denuncias falsas no existen». Abracinskas no exagera lo que dice Herrera, y coincido con su juicio sobre el estudio. El material que encontré al revisar el informe, su bibliografía y las intervenciones públicas de su autora es tanto que merece un análisis propio, con la evidencia en detalle, y lo voy a desarrollar en una próxima entrega.
La justicia al hombro
Antes de despedirse, Abracinskas pide un minuto para contar dos casos que tuvo esa misma semana. En el primero, un padre le pide a la madre que revise el celular de la hija porque cree que la nena habla con un muchacho mayor. La madre lo revisa y, como la cuenta de iCloud es compartida, en la galería de la nena encuentra material del padre: él consumiendo drogas, hablando con traficantes, contándoles a sus amigos que llegó a la casa después de tomarse ocho pastillas. La madre denuncia, y al padre, que tenía la tenencia compartida, le sacan a la hija. El segundo caso es el mismo al revés. El padre revisa el celular de la hija de once años y encuentra material de la madre drogándose. El resultado: él invadió la privacidad de la niña, y no puede usar ese material porque estaría invadiendo la privacidad de una mujer. El mismo hallazgo en la misma nube se juzga con una vara cuando el que aparece es el hombre y con otra cuando aparece la mujer. «Eso no es justicia, Jorge. La justicia es igual para todos, las leyes tienen que ser iguales para todos».
Jorge le pregunta si estas cosas la afectan. Ella contesta que no llora, pero que se angustia de una forma espantosa, tanto por el inocente como por la víctima que no recibe respuesta. Hace ocho años mataron a un amigo suyo en el Cerro, y la madre sigue esperando. Antes de irse, deja una aclaración que resume todo lo anterior: no está diciendo que no existan los violadores, ni los violentos, ni las víctimas que esperan. Lo que la preocupa es que la justicia exista, y la define así: que ni un solo inocente vaya preso y que no quede un solo culpable libre.
La frase es una aspiración, y está apoyada en el principio más viejo del derecho penal liberal. William Blackstone lo formuló en el siglo XVIII: es preferible que escapen diez culpables a que sufra un inocente. Cuando no se pueden evitar los dos errores, el sistema elige cuál prefiere cometer, y esa elección fue durante siglos la base de la presunción de inocencia y de la regla de que la duda favorece al acusado. Lo que Abracinskas describe durante una hora es cómo ese principio se perdió sin que nadie lo derogara. Se perdió en la medida de protección que nunca verifica, en el abreviado que firma un inocente para no arriesgarse a doce años y que le deja para siempre la etiqueta de culpable, en la pericia que solo puede pagar quien tiene plata, en la denuncia por simulación que duerme en una fiscalía saturada. En su lugar quedó otra consigna, la que Teresa Herrera repite en la radio: ante la duda, hay que proteger siempre al más débil. Para la noche de la denuncia es la regla correcta. Llevada al juicio, invierte la de Blackstone, y nadie votó ese cambio.
Al final, Jorge le pide que muestre el tatuaje. Es una justicia con los ojos vendados, en el hombro derecho. «Tenés la justicia que está vendada, como siempre debe ser», le dice él. Ella le contesta que si hay algo que la justicia no es, es ciega, tristemente, y que distingue por clase social en los delitos de guante blanco y por género. Las dos distinciones atraviesan toda la entrevista. La de clase está en las pericias de 190.000 pesos y en la denuncia que la policía solo toma cuando aparece la abogada. La de género está en el celular que se juzga distinto según quién lo revise. Abracinskas lleva en la piel la justicia que debería existir y describe con la boca la que existe, y carga con la distancia entre las dos cada vez que acepta defender a alguien que todos ya condenaron.
Fuentes
- Entrevista a Daiana Abracinskas en Al Weso
- Montevideo Portal: Abracinskas sobre el distanciamiento con su tía Lilián
- Ley 19.580, texto actualizado (IMPO), artículo 46 y artículo 61
- Facultad de Derecho, Udelar: Estudio sobre procesos de protección de la Ley 19.580 (diciembre de 2023) y nota de El Observador sobre el relevamiento
- Universidad CLAEH: Denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay, 2021-2023 (informe final, julio de 2025)
- Entrevista a Teresa Herrera en En Perspectiva
- Keith A. Findley y Michael S. Scott, «The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Cases», Wisconsin Law Review, 2006, p. 291

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