El informe del CLAEH y la encuesta que nadie puede leer
La vara
Teresa Herrera es doctora en Ciencias Sociales, catedrática de Género y Generaciones en la Universidad CLAEH, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, consultora en derechos humanos y tertuliana de larga data de En Perspectiva. Cuando habla de violencia de género en Uruguay, habla con la autoridad que le da todo eso junto, y lo sabe. Cuando fue a ese programa a presentar su informe sobre denuncias falsas, se adelantó a los comentarios que ya circulaban, los que decían que Teresa Herrera opina. Los corrigió al aire, hablando de sí misma en tercera persona: lo suyo «no es una opinión», «Teresa Herrera constató, el equipo de investigación constató», y «la etapa de las opiniones se terminó».
La vara con la que hay que medir lo que constató la fijó ella. En un video del Observatorio de Género en la Justicia lo dice sin vueltas: «dato mata relato». Ningún proyecto de ley puede basarse en el «a mí me parece», ni en un caso. Las exposiciones de motivos tienen que tener «un sustento válido, basado en datos confiables, en datos reproducibles». En En Perspectiva lo repite, y le agrega un diagnóstico de quienes piensan distinto: el discurso de las denuncias falsas prendió por la vieja premisa de la propaganda política según la cual una mentira repetida muchas veces termina siendo una verdad. En la diaria lo formuló como «la vieja ley de la comunicación»: un discurso «no necesita ser cierto, necesita ser verosímil».
El informe se llama Denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay, 2021-2023 y es de julio de 2025. Se presentó en el Palacio Legislativo, en un evento organizado por la Vicepresidencia, con el apoyo de ONU Mujeres y de la Embajada de los Países Bajos. Herrera cuenta que lo que lo motivó fue el proyecto de ley que el expresidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento en 2024, cuya exposición de motivos daba las denuncias falsas por «un hecho notorio» sin un solo dato. El estudio se propuso medir qué prevalencia tienen las denuncias falsas de violencia de género «con respecto a la totalidad de las investigaciones por calumnias y simulación de delito» en esos tres años. Concluye que, en consonancia con lo hallado en otros países, son «insignificantes», y que en Uruguay no existe un problema estructural de denuncias falsas.
Es una conclusión fuerte, y a quien la contradiga Herrera le exige datos confiables y reproducibles, evidencia. Me parece justo, siempre que la exigencia valga para ella también: para su informe y para todo lo que dice cuando sale a defenderlo, incluidos los números ajenos que usa cuando le dan la razón. No puede quejarse de la vara, porque es la suya. Si el dato mata al relato, hay que ver qué queda del suyo cuando se lee el informe completo, con su bibliografía y sus propios números, y cuando se buscan las fuentes de las cifras que repite.
Qué midió
El informe se apoya en tres patas. La primera es un pedido de acceso a la información pública a la Fiscalía General de la Nación: todas las causas por calumnia y simulación de delito de 2021, 2022 y 2023 en las que hubo al menos una persona condenada. Fueron 85. Como la Fiscalía no registra cuál fue el delito denunciado falsamente, el equipo tuvo que mandar a 36 abogadas y abogados voluntarios a recorrer el país expediente por expediente. La inmensa mayoría de esas 85 causas eran simulaciones de hurto o de rapiña. Solo dos estaban vinculadas a violencia de género: en una, un hombre denunció en falso a su expareja para seguir acosándola; en la otra, una mujer simuló un abuso sexual del padre contra una criatura. La segunda pata es la Base de Jurisprudencia Nacional: sentencias de tribunales de apelación y de la Suprema Corte en las que la defensa alegó que la denuncia era falsa. La tercera son 25 entrevistas a jueces, fiscales, defensores y peritos.
La primera pata es la que sostiene el titular, y conviene leer con cuidado qué pregunta contesta. El propio informe la formula así: qué prevalencia tienen las denuncias falsas de violencia de género «con respecto a la totalidad de las investigaciones por calumnias y simulación de delito». El denominador no son las denuncias por violencia de género, sino las causas por denuncia falsa que la Fiscalía llevó hasta una condena. Que 2 de 85 sean de violencia de género dice qué proporción de las condenas por simulación corresponde a este tipo de delito. Sobre qué proporción de las denuncias por violencia de género es falsa, el número no dice nada. Para eso habría que poner esos dos casos al lado del total de denuncias, y el total se cuenta por decenas de miles: según las cifras oficiales que cita el abogado Adrián Barceló, en 2023 las denuncias llegaron a un máximo de 43.245. Dos condenas por simulación en tres años, contra 43.245 denuncias en uno solo de esos años, sirven para medir cuántas veces el sistema persigue una denuncia falsa hasta condenar a quien la hizo. Para saber cuántas denuncias son falsas no sirven.
Y cuántas veces el sistema persigue depende de cosas que el informe no controla. Para que exista una condena por simulación, alguien tiene que denunciar la simulación. Después, la fiscalía tiene que investigarla, con fiscales que, según dice la propia Herrera, tienen en promedio mil casos cada uno. Y tiene que llegar a probar que quien denunció sabía que mentía. Los padres que deciden no denunciar a la madre de sus hijos no aparecen. Tampoco las denuncias por simulación que esperan en una fiscalía saturada sin que nadie las mire. El estudio cuenta lo que sobrevivió a ese embudo y lo presenta como el tamaño del fenómeno.
Antes del embudo hay otro filtro, que es la definición. Para Herrera, una denuncia falsa es una denuncia mentirosa hecha con intención de mentir: dolo, en términos jurídicos. El informe parte del artículo 179 del Código Penal, que castiga a quien «a sabiendas» denuncia un delito que no se cometió. Con esa definición queda afuera todo lo que no sea una mentira consciente: la madre convencida de un abuso que no ocurrió, el relato de un niño inducido sin mala fe, la denuncia que nace de una lectura distorsionada de los hechos. Esas denuncias son falsas en el único sentido que le importa al hombre que pierde a sus hijos, porque lo que se le imputa no pasó. Pero no tienen dolo, y el estudio no las ve. Quedaron afuera desde la definición, antes de contar nada.
Herrera se adelanta a una objeción y la contesta a medias. Mucha gente, dice, señala que la mayoría de las denuncias se archivan, y un archivo no quiere decir que la denuncia fuera falsa: puede deberse a falta de prueba, falta de recursos o una víctima que desiste. Es cierto. Pero un archivo tampoco quiere decir que la denuncia fuera verdadera, y Herrera usa ese razonamiento en una sola dirección. Cuando una denuncia se archiva, para ella no prueba nada sobre su falsedad. Cuando no se condena a nadie por simulación, para ella prueba que las denuncias falsas son insignificantes. El mismo silencio del sistema vale como duda en un caso y como dato en el otro.
Queda un detalle que el informe presenta como un mérito. Para saber de qué delito eran esas 85 causas hubo que mandar a 36 voluntarios a revisar expedientes en papel, porque los sistemas de la Fiscalía no registran el delito precedente. Una de las recomendaciones del propio informe es mejorar esos sistemas para poder generar datos confiables. El estudio que declara insignificantes las denuncias falsas reconoce, en sus recomendaciones, que el Estado no tiene datos para contarlas.
Los antecedentes que cita y los que describe
En En Perspectiva, la conductora le pregunta si había antecedentes de estudios como el suyo. Herrera explica que parte de la investigación fue recopilarlos, que buscaron en Gran Bretaña y en España, pero que esos trabajos «solo se circunscribieron» a los juicios por calumnia y simulación de delito, que ellas también relevaron, mientras que su equipo hizo además otras dos cosas: entrevistas y análisis de jurisprudencia. Al final de la entrevista vuelve sobre lo mismo. Cuando le preguntan si sus resultados van en línea con las investigaciones internacionales, contesta «exactamente igual, es exactamente igual», y aclara que los casos que hay «solo son de investigaciones de calumnia y simulación de delito».
El oyente se queda con una imagen precisa: en el mundo nadie hizo otra cosa que contar condenas por denuncia falsa, todos encontraron casi nada, y el equipo uruguayo, además de contar, fue más lejos. Es una imagen tranquilizadora, con el único defecto de que la desmiente el informe que ella misma dirigió.
Entre los antecedentes que el informe cita con nombre, apellido y porcentaje figuran tres. Lisak y otros (2010) revisaron 136 denuncias de agresión sexual en una universidad grande del noreste de Estados Unidos entre 1998 y 2007, y encontraron un 5,9% de denuncias falsas. Kelly (2010) analizó 2.643 denuncias de violación en seis zonas de Inglaterra entre 2000 y 2002, y llegó a un 3%. Spohn y otros (2014) estudiaron una muestra de 401 denuncias de agresión sexual hechas por mujeres a la policía de Los Ángeles en 2008, y estimaron un 4,5%. La bibliografía da hasta la revista y las páginas: Violence Against Women, 16(12), 1318-1334. Ninguno de esos tres trabajos estudia juicios por calumnia o simulación. Los tres hacen lo que Herrera dice que nadie hizo: toman las denuncias que llegaron a la policía o a una universidad, revisan los expedientes y clasifican cuáles resultaron falsas después de investigarlas. Dos de los tres son de Estados Unidos, un país que en la radio no aparece. Herrera no los ignora. Los leyó, los resumió, les puso el porcentaje y los incluyó en la bibliografía. Después fue a la radio y describió los antecedentes como si esos trabajos no existieran.
La omisión no es inocente, porque esos tres números son justo los que no le convienen. El informe también cita los que sí le convienen. Uno es el del Crown Prosecution Service británico. En diecisiete meses, entre enero de 2011 y mayo de 2012, hubo 5.651 procesamientos por violación y 111.891 por violencia doméstica, y en el mismo lapso 44 procesamientos por denuncia falsa. De ahí sale el 0,037%. El denominador son acusados sentados ante un tribunal, y el numerador, denunciantes a los que la fiscalía decidió procesar; ninguno de los dos son denuncias. El propio informe británico advierte que las dos series no admiten comparación directa, y hasta un trabajo hecho para una organización de víctimas, Women Against Rape, aclara que esas cifras no dan una tasa de denuncias falsas comparable con ningún estudio. El otro número es el de la Fiscalía General del Estado española: un promedio de sentencias condenatorias por denuncia falsa de 0,0084% entre 2009 y 2023. Los dos se construyen igual que el uruguayo: cuántas veces el sistema persiguió a quien denunció en falso, sobre un total que nunca se revisó. Los otros tres se construyen de otra manera: cuántas denuncias resultaron falsas después de investigarlas. Son dos preguntas distintas, y dan respuestas que no se parecen en nada. El 5,9% de Lisak es unas setecientas veces el 0,0084% español.
Con esos materiales, el informe concluye que las denuncias falsas en Uruguay son insignificantes, «en consonancia con datos obtenidos en otros países donde se realizaron estudios similares». «Estudios similares» quiere decir, en los hechos, los que miden lo mismo que el uruguayo, es decir, condenas. Y la consonancia se da entre los métodos: tres cifras obtenidas contando lo que el sistema persigue coinciden en que el sistema persigue poco. Esa coincidencia informa sobre cuán raramente se procesa a quien denuncia en falso, que es justamente lo que está en discusión. Sobre cuántas denuncias falsas hay no dice nada. Cuando los estudios de su propia bibliografía responden esa otra pregunta, la que importa, la respuesta deja de ser «insignificante», y esos estudios desaparecen de la radio.
La distancia entre las dos preguntas se puede medir sin salir de un solo expediente, y el expediente lo trae la bibliografía de Herrera. En el estudio británico que firma Kelly, la policía había clasificado 216 de las 2.643 denuncias como falsas. Con criterios estrictos, las investigadoras dejaron 67. De esas 216, la policía derivó seis a la fiscalía para procesar a la denunciante, y dos terminaron acusadas. Contado como cuenta Herrera, el estudio británico da dos casos, un 0,08%. Contado como cuenta Kelly, da 3%, y Kelly escribe justamente para desmentir que las denuncias falsas abunden. Son los mismos expedientes, la misma época y la misma autora, y una cifra es más de treinta veces la otra. La diferencia sale del método, el mismo que eligió el CLAEH.
Hay una ironía más, y es la mejor. El trabajo de Lisak es, desde hace más de quince años, la cita preferida de quienes sostienen que las denuncias falsas son raras: su conclusión es que están entre el 2 y el 10%, y la presenta como prueba contra el estereotipo de que son frecuentes. Herrera tenía a mano el argumento clásico de su propio campo y no lo usó. Usarlo la habría obligado a admitir una cifra de varios puntos porcentuales, y la tesis del informe no resiste ni eso. Para sostener que las denuncias falsas son insignificantes tuvo que dejar afuera, en público, el estudio que su propio bando usa para decir que son pocas.
Su consigna era que dato mata relato. El relato, acá, es la descripción de los antecedentes que hizo en la radio, y los datos que lo matan están en su propia bibliografía, con revista, volumen y páginas.
Ningún hombre condenado
La frase que más circuló de la investigación no está en el informe. El documento concluye que no hay casos de denuncias falsas en la jurisprudencia publicada. En el video del Observatorio de Género en la Justicia, Herrera lo dice de otra manera: «eso sí podemos decirlo con certeza en Uruguay: ningún hombre ha sido condenado en base a una denuncia falsa». En En Perspectiva explicó cómo llegaron a esa certeza. Antes avisó que iba a tratar de explicarlo «para quienes no son abogados y abogadas», porque ella tampoco lo es. Conviene seguir la explicación despacio, porque el problema salta a la vista de cualquiera que sí lo sea.
El equipo fue a la Base de Jurisprudencia Nacional. Según Herrera, ahí están los casos que llegaron a un tribunal de apelación. Buscaron las expresiones «denuncia falsa» y «falsa denuncia» en las sentencias de 2021 a 2023. Se quedaron con los casos de violencia basada en género en los que la defensa del acusado alegaba que la denuncia era falsa. Encontraron 23, casi todos penales; uno solo era de protección. En todos, los tribunales rechazaron el argumento. «Por eso es que se afirma», concluye Herrera, «ningún hombre ha sido condenado por una denuncia falsa de violencia de género en Uruguay.»
Hay que mirar qué quedó en la muestra. Son hombres condenados cuya defensa sostuvo que la denuncia era falsa y cuya condena el tribunal confirmó. Si un tribunal confirma una condena, es porque dio por probados los hechos denunciados; si creyera que la denuncia era falsa, absolvería. Rechazar el argumento de la defensa es la misma condena dicha con otras palabras, y Herrera presenta ese rechazo como prueba de que la condena fue justa. Lo que midió el estudio es cuántas veces los tribunales que confirmaron una condena creyeron haberla confirmado bien. El resultado fue veintitrés de veintitrés, como era de esperar. Es como auditar errores de diagnóstico leyendo las historias clínicas que firmó el médico que se equivocó: la historia dice lo que él creyó. Herrera resume el hallazgo con una frase: «el sistema de justicia lo detecta y lo elimina». Pero la pregunta que el estudio tenía que responder era justamente si el sistema detecta las denuncias falsas, y la respondió preguntándole al propio sistema.
En la misma entrevista aparece el supuesto que sostiene todo el diseño: si de verdad hubo una denuncia falsa, «se debe haber apelado». Así, la apelación queda como la única puerta por la que una denuncia falsa podría hacerse visible, y esa puerta deja afuera casi todo lo que habría que mirar. Deja afuera los procesos abreviados, que desde la reforma de 2017 se volvieron la forma principal de producir condenas en el país. Quien firma un abreviado acepta los hechos a cambio de una pena menor, así que no le queda ningún alegato de falsedad para llevar a un tribunal. Deja afuera a quien no tuvo cómo sostener una apelación. Y deja afuera los procesos de protección, que en la muestra son uno de veintitrés, aunque es ahí donde se dictan las medidas que separan a un padre de sus hijos. Herrera misma traza el límite: «Cuando hablamos de condena, hablamos de condena. No hablamos de una medida cautelar de protección.» Poco antes, cuando le preguntaron por padres que pasan años sin ver a sus hijos, había contestado: «Eso no es cierto, no lo encontramos, no es así». No lo encontró porque no lo buscó donde ocurre.
El caso más conocido de los últimos años muestra cómo funciona en la práctica eso de que el sistema detecta y elimina. En marzo de 2024, Paula Díaz denunció por agresión a Yamandú Orsi, que entonces era precandidato presidencial. El sistema no detectó nada. La denuncia cayó en mayo, cuando Romina Celeste Papasso, la militante que la había organizado, confesó en público, y un programa de televisión pasó los audios en que las dos la planeaban. Díaz llegó a un acuerdo abreviado y fue condenada a 20 meses de libertad vigilada, y nadie apeló nada. Hizo falta que el denunciado fuera precandidato a presidente y que la organizadora de la mentira la confesara por su cuenta, con las pruebas al aire en horario central. El caso quedó fuera del período del estudio. Aunque hubiera caído dentro, habría pasado por la puerta que el estudio no miró.
El mejor detalle está en la planilla de la propia Herrera. De las dos condenas vinculadas a violencia de género, una es la de la mujer que, en palabras de Herrera, «simuló un abuso sexual a una criatura» por parte del padre. Es exactamente el argumento del folclore que el informe se propuso desmentir, y Herrera lo despacha diciendo que «duró lo que un lirio»: se detectó enseguida y la mujer fue sancionada. En la frase siguiente concluye que «ese folklore» no lo detectaron «de ninguna manera». El único caso del folclore que tenía en la mano le sirve como prueba de que el folclore no existe, porque ese se descubrió rápido. Un caso descubierto rápido prueba que el sistema descubre los casos que descubre. Los que no descubre no aparecen en ninguna planilla.
Las entrevistas
De esta parte Herrera está orgullosa. En la radio contó que la muestra la diseñó una estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, «porque justamente no queríamos que después dijeran que habíamos entrevistado a la gente que estaba a favor», y que fue «un muestreo totalmente aleatorio». El informe cuenta lo que pasó después. La muestra inicial era de 35 personas, y se contactó a más, entre titulares y suplentes. Se hicieron 25 entrevistas. Trece personas se negaron a participar y catorce no respondieron a pesar de los contactos reiterados. De 52 personas contactadas, 27 no hablaron. Una muestra aleatoria en la que más de la mitad no contesta pierde lo único que la aleatoriedad garantizaba, que es poder suponer que los que hablaron piensan como los que callaron. El informe explica por qué se negaron los trece: falta de tiempo, la sensibilidad del tema, cambios laborales, falta de información. De los catorce que no respondieron no dice nada.
El trabajo de campo, según el informe, terminó por dos motivos a la vez: se llegó a la «saturación», es decir, a la «repetición conceptual y argumental», y se cerró la muestra «en el límite de tiempo para terminar». La saturación es un criterio de la investigación cualitativa y sirve para una sola cosa: saber cuándo dejan de aparecer ideas nuevas. Para estimar proporciones no sirve. Pero el informe, después de cerrar por saturación, se pone a contar cabezas: «según la opinión de 22 de las 25 personas entrevistadas», las denuncias falsas son «excepcionales». En el video del Observatorio, Herrera lo presenta como un hallazgo: «22 de 25 entrevistados del sistema judicial coinciden en que son excepcionales». Un recuento de opiniones en una muestra que se cerró cuando los argumentos empezaron a repetirse dice cuánto se repetían. Cuántos operadores del sistema piensan una cosa o la otra, con ese método, no se puede saber.
La lista de entrevistados, que el informe publica en un anexo, agrega un detalle. Según la metodología, se muestrearon ministros de tribunales de apelaciones, jueces, defensores públicos de víctimas y de denunciados, fiscales y peritos. En la lista figuran además dos personas de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía: su asistente social y su directora, Mariela Solari, que no son ni fiscales ni peritas. A Solari la muestra aleatoria la encontró dos veces: como entrevistada y como comentarista del informe el día de la presentación, que es en el papel que Herrera la cita en la radio.
Los que disienten reciben otro trato. El informe registra que dos de los veinticinco entrevistados dicen haber visto, desde su rol, denuncias falsas hechas «con finalidades espurias», y aclara de inmediato que «tales alegaciones se limitan a apreciaciones personales», porque no hubo actuaciones ni pruebas que las respaldaran. En la radio, Herrera lo resume mejor: «cuando se profundiza es como una convicción». Lo que se pasa por alto es que las opiniones de los otros veintidós tampoco son más que apreciaciones personales, y el propio informe lo dice: «todas las personas entrevistadas concuerdan en que no se cuenta con información precisa ni con datos concretos sobre el porcentaje de denuncias falsas». Si nadie tiene datos, el «son excepcionales» de los veintidós es tan convicción como el «las hay» de los dos. Pero la convicción de la mayoría entra al informe como hallazgo, y la de la minoría, como prejuicio.
El ejemplo que el informe elige para mostrar que los disidentes exageran es el mejor dato de todo el capítulo. Una de las personas que sostienen que hay muchas denuncias falsas, dice el informe, intervino en unas 600 denuncias en poco más de dos años y encontró «solamente cuatro» falsas. Cuatro en seiscientas es un 0,67%. El informe había presentado como antecedentes el 0,037% del Crown Prosecution Service y el 0,0084% de la Fiscalía española. El «solamente» de esta operadora es unas dieciocho veces la cifra británica y unas ochenta veces la española. Es la experiencia de una sola persona y no se puede extrapolar, y por eso mismo el informe no tendría que haberla usado como argumento. Pero la usó, y en su propio ejemplo la denuncia falsa aparece con una frecuencia que el informe, en sus conclusiones, llama insignificante.
La tercera pata del estudio prometía la voz de quienes conocen el sistema por dentro. Lo que de verdad establece es lo único en que los veinticinco coinciden: nadie tiene datos. Con eso, el informe arma una mayoría y la presenta como evidencia.
La encuesta que nadie puede leer
El 30 de junio de 2025, la diaria publicó un especial titulado «Narrativas sobre denuncias falsas: una investigación sobre desinformación y violencia de género». Una de sus notas presentaba «la primera encuesta nacional» sobre el tema, hecha por la Usina de Percepción Ciudadana entre el 18 y el 24 de abril. Ante la pregunta de si existen denuncias falsas por violencia de género en Uruguay, el 42% respondió que sí y que son «bastantes», y el 10%, que son «la mayoría». La diaria sumó las dos respuestas y tituló que más de la mitad de la población cree que las denuncias falsas son significativas. Para interpretar el dato consultó a Herrera, que no se sorprendió: «hay un discurso hegemónico que dice que hay denuncias falsas, por lo tanto, la gente, sin tener evidencias, lo afirma». A partir de ahí, ese 52% pasó a formar parte de su argumento.
A la nota le falta todo lo que permitiría evaluar la encuesta: cuántas personas respondieron, cómo se las eligió, por qué medio se les preguntó, cómo se ponderaron las respuestas, cuál es el margen de error y quién la encargó. Las dos asociaciones internacionales del oficio, ESOMAR (la asociación mundial de investigación social, de opinión y de mercado) y WAPOR (la asociación mundial de investigación de la opinión pública), publican en conjunto una guía sobre encuestas publicadas que funciona como autorregulación de la profesión. Esa guía exige que todo informe publicado de resultados incluya, como mínimo, el nombre de la empresa investigadora y de quien encargó la encuesta, el universo, el tamaño de la muestra y el modo de entrevista, entre otros datos. La obligación alcanza también al cliente que publica los resultados, que debe hacerlo según la misma guía. El sentido de la regla es sencillo: un porcentaje sin ficha técnica no se puede evaluar, y un porcentaje que no se puede evaluar es una afirmación.
Busqué esa ficha. Hice una búsqueda sistemática con la ayuda de cuatro herramientas de inteligencia artificial (Perplexity, ChatGPT, Gemini y Grok) y verifiqué cada resultado contra la fuente original. Revisé el sitio de la Usina, su índice de informes, su sección de noticias, el registro histórico de la Wayback Machine, el informe del CLAEH, la prensa que citó la encuesta y los diarios de sesiones del Parlamento. No apareció ningún informe, ninguna ficha técnica ni ningún dato sobre quién la encargó. Lo que apareció fue el contraste. El 2 de mayo de 2025, la Usina difundió una encuesta sobre la simpatía por Yamandú Orsi, con trabajo de campo del 25 al 28 de abril, es decir, la semana siguiente a la de las denuncias falsas, y la subió a su sitio con su ficha técnica: 500 personas mayores de 18 años, contactadas por WhatsApp y estratificadas por sexo y edad. El 24 de junio subió otra, sobre la posición del gobierno ante el conflicto en Gaza, con campo del 13 al 17 de junio. La de denuncias falsas, publicada en la diaria seis días después, nunca figuró en el sitio. La Wayback Machine guarda 1.121 direcciones distintas de usina.com.uy y ninguna contiene la palabra «denuncia». En las capturas del feed del sitio de agosto y septiembre de 2025, la última entrada sigue siendo la del 24 de junio. En febrero de 2026 la Usina subió en tanda las encuestas que había publicado en la diaria durante 2025: aparecen las del 17 y el 23 de junio, y después las del 7 y el 8 de julio. Entre una y otra, donde debería estar la del 30 de junio, no hay nada.


Lo único que conecta los números con la encuestadora está en la configuración de los dos gráficos que la diaria publicó con la nota. Ahí figura como fuente «Encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana», con un enlace a la página de inicio de la Usina, que no contiene la encuesta. Uno de esos gráficos, además, contradice al texto que acompaña. En el gráfico, las motivaciones atribuidas a las denuncias falsas suman 100%: venganza 56, indemnización económica 21, obstrucción del vínculo con los hijos 12, otra 5, no sabe o no contesta 6. En el texto, el «no sabe» sube a 10%, y la suma da 104%. La única fuente pública de la encuesta no coincide consigo misma.
Hay un último dato, que la diaria no menciona. En su propio sitio, la Usina presenta a sus tres socios: un grupo de investigadores en estadística de la Universidad de la República, el centro de estudios etcétera y la diaria. La encuesta que la diaria presentó como obra de una encuestadora fue hecha por una alianza de la que la diaria es socia, la publicó solo la diaria, dentro de un especial de la diaria, sin ficha técnica y sin informe. La encuesta de Orsi llegó al público cuatro días después de terminado el campo; esta tardó sesenta y siete y salió el mismo día que el especial. Quién la encargó no lo dice nadie. Esos números, que nadie puede consultar, son los que Herrera eligió para explicar qué piensa la sociedad uruguaya.
El circuito
El número empezó a cambiar el mismo día en que se publicó. La nota de la diaria hablaba de «bastantes» o «la mayoría». El video que el propio diario subió a YouTube ese 30 de junio ya decía que el 52% considera que hay «bastantes» o «muchas» denuncias falsas, y el corto en que Herrera interpreta el dato habla de «muchas o la mayoría». La categoría «la mayoría», que eligió el 10% de los encuestados, se convirtió en «muchas», una palabra que no estaba en el cuestionario.
El 17 de julio, en En Perspectiva, la conductora presentó la encuesta así: «casi la mitad de los uruguayos cree que hay un problema grande por la cantidad de denuncias falsas que presentan mujeres contra hombres». La pregunta de la Usina, según la diaria, era si existen denuncias falsas por violencia de género y cuántas son. No preguntaba por un «problema grande» ni hablaba de mujeres contra hombres. Herrera tomó la palabra y lo corrigió para arriba: «como tú señalaste ahora, esto del 62% de la gente que cree que hay denuncias falsas, es porque se repitió tanto y se dijo tanto que se cree». La conductora no había dicho ningún número, y el 62% no aparece en ninguna versión publicada de la encuesta. Herrera lo dijo en la misma frase en la que explicaba que una mentira repetida muchas veces termina siendo una verdad.
En octubre de 2025 el número entró en la academia. Una tesis de maestría de la Facultad de Artes de la Universidad de la República escribe que una encuesta de la Usina «arroja que más de la mitad de la población cree» que las denuncias falsas son «bastantes o la mayoría», y la atribuye a Herrera, Deus, Suárez, Fernández y Leites, es decir, al informe del CLAEH. El informe no menciona la encuesta. Herrera la había comentado en un diario, y en la cita académica quedó como su autora. Un dato sin ficha técnica consiguió así una referencia bibliográfica, con el apellido de una investigadora que nunca lo publicó.
En marzo de 2026, Búsqueda publicó una investigación titulada «La narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género gana terreno en redes y en la agenda política, sin datos que la respalden». Para mostrar que la idea de que las denuncias falsas son habituales está extendida, el semanario recurre a la encuesta de la Usina, citada a través de la diaria. Unos párrafos más adelante recuerda que en Uruguay no existen cifras oficiales sobre la magnitud de las denuncias falsas. Un artículo dedicado a una narrativa «sin datos que la respalden» se apoya, para medirla, en una encuesta que nadie puede consultar.
En noviembre de 2026 el circuito se cerró. La diaria anunció un conversatorio en Colonia del Sacramento «sobre el mito de las denuncias falsas» y, para fundamentarlo, volvió a citar la encuesta de abril de 2025: el 52%, el 36% y el 2%. Como fuente indicó que los resultados «fueron publicados por la diaria en junio de 2025». El diario que publicó la encuesta sin ficha técnica la cita diecisiete meses después con su propia nota como respaldo.
En todo el recorrido, nadie pidió la ficha técnica: ni la investigadora que la usó como diagnóstico, ni la periodista que la presentó al aire, ni el tesista que la citó, ni el semanario que la usó para medir una narrativa sin datos, ni el diario que la publicó y la volvió a citar. No hace falta suponer que la encuesta es falsa para ver el mecanismo; basta con que nadie pueda saber si es verdadera. Herrera describió con precisión cómo una afirmación repetida termina tomándose por verdad. El ejemplo más claro que hay de ese mecanismo en este debate es el de los números que ella misma usa.
El relato de quién
En En Perspectiva, la conductora le pregunta a Herrera cómo influyen en el debate público las narrativas sobre denuncias falsas. La respuesta empieza por los derechos conquistados y sigue con una frase que conviene leer despacio: «el tema no va por el lado de que sean verdades estas cosas». De lo que se trata, explica, es que «hay toda una reacción», porque «hay sectores que sienten que pierden poder con este tipo de cosas» y piensan que «no puede ser que las mujeres no se queden en su casa criando los nenes». La pregunta era si las denuncias falsas existen y cuántas son. Herrera la reemplaza por otra: quién dice que existen y por qué lo dice. C. S. Lewis le puso nombre a esa operación hace más de ochenta años: bulverismo. Se da por sentado que el otro está equivocado y se dedica el esfuerzo a explicar por qué piensa lo que piensa. Para una investigadora cuya consigna es «dato mata relato», es una forma curiosa de terminar: cuando el dato se pone difícil, lo que queda es el relato sobre las intenciones del adversario.
En la misma entrevista hace una comparación más grave. Invoca su formación en comunicación y La propaganda política, el clásico de Jean-Marie Domenach, y dice que este caso le recuerda «una de las premisas del régimen nazi, que una mentira repetida muchas veces termina siendo una verdad». Comparar con la propaganda nazi a quienes sostienen que hay denuncias falsas tiene nombre desde que Leo Strauss lo acuñó: reductio ad Hitlerum. Y la frase, además, tiene un problema propio. Se la atribuye a Goebbels desde hace décadas, pero no hay ningún registro de que la haya dicho o escrito: circula sin fuente, de cita en cita. Herrera ilustró cómo una afirmación repetida termina tomándose por verdad con una cita que existe solo porque se la repitió.
Después, en la diaria, le puso nombre al adversario: «hay un discurso hegemónico que dice que hay denuncias falsas». Conviene mirar quién tiene qué. La ley 19.580 está vigente. El proyecto del expresidente Lacalle Pou que la modificaba «por suerte no prosperó», según la propia Herrera. Su informe se presentó en el Palacio Legislativo, en un evento organizado por la Vicepresidencia, con el apoyo de ONU Mujeres y de la Embajada de los Países Bajos. El diario que publicó la encuesta le dedicó un especial a la «desinformación» de los que piensan distinto, y un año después organiza conversatorios sobre «el mito de las denuncias falsas». Del otro lado hay grupos de padres, algunos abogados defensores y, según esa encuesta, la mitad de la población. Que una mitad de la población crea algo es una opinión mayoritaria. Hegemónico es el discurso que adoptaron las instituciones, y en Uruguay las instituciones adoptaron el de Herrera. Llamar hegemónico al discurso de los que perdieron la votación en el Parlamento es invertir la palabra.
El mismo movimiento aparece en un corto que difundió la diaria sobre la reforma del Código del Proceso Penal. Herrera enumera objeciones al proyecto y termina con el diagnóstico: «no podemos evitar pensar que detrás de todo esto se esconde el mito de las denuncias falsas». Entre sus objeciones está que en la comisión redactora «solo se consultó a los abogados que representan la defensa de los acusados», es decir, a una sola de las partes. Es una crítica legítima, y la vara con la que se la mide es la suya. El equipo que investigó si la ley 19.580 produce denuncias falsas incluyó a Alicia Deus, que, según la propia diaria, es corredactora de esa ley. Deus fue además una de las tres abogadas que analizaron las sentencias de la Base de Jurisprudencia. La comisión del Código del Proceso Penal escuchó a una sola parte, y el estudio sobre la ley de violencia de género tuvo entre sus autoras a quien la escribió.
Ante la duda
Hacia el final de la entrevista en En Perspectiva, la conductora lee el mensaje de un oyente: el dolor no tiene estadísticas, y los niños quedan destrozados para toda la vida. Herrera responde con una pregunta, «¿qué mayor dolor que ser abusado sexualmente por un padre?», y cierra con una máxima: «ante la duda hay que proteger siempre al más débil». Minutos antes había aprobado con un «exactamente» la descripción que hizo la conductora del procedimiento: el juez tiene dudas, toma la medida precautoria y después, si no hay elementos, el caso se archiva.
La máxima tiene un supuesto que conviene sacar a la luz: decide quién es el más débil antes de saber qué pasó. En una denuncia verdadera, el débil es la víctima. En una falsa, los débiles son el padre denunciado y el hijo que se queda sin él. La pregunta de Herrera compara el dolor de un abuso que, en el caso de duda, nadie sabe si ocurrió, con el dolor de una separación que sí ocurrió. Para elegir a quién proteger, primero hay que resolver la duda, y la máxima la resuelve por adelantado.
El informe describe con franqueza cómo funciona el terreno donde se toman esas medidas. En el proceso de protección, dice, «no corresponde realizar una investigación para la determinación de la verdad», porque su finalidad es intervenir en la urgencia en aplicación del principio de precaución; «el estándar de prueba requerido es menor y obtenido en forma sumaria». Para una urgencia, es razonable. Pero tiene una consecuencia que el informe no saca: en un proceso que por diseño no averigua la verdad, una denuncia falsa no se puede detectar. La única sentencia de protección de su muestra lo muestra. El tribunal rechazó el argumento de que la denuncia era falsa porque la finalidad del proceso es prevenir «un daño eventual ante un riesgo probable», es decir, porque no le correspondía decidir si era falsa. El informe la cuenta entre las que no acreditaron ninguna denuncia falsa. Y de que haya una sola apelación en ese terreno deduce que el argumento de la denuncia falsa «no se interpone de manera frecuente», como si un padre que no apela fuera un padre que no tiene de qué quejarse.
Las propias entrevistas del informe cuentan lo que pasa en ese terreno. Una persona entrevistada describe que, antes de la audiencia, se toman «medidas de retiro de la casa y/o suspensión del contacto con los hijos», sin que el denunciado tenga oportunidad de defenderse, y habla de una falta de garantías. Otra cuenta que muchas veces el denunciado ofrece pruebas y testigos, y que en la audiencia se los rechazan «como dicen que es innecesaria». El informe mismo reconoce que, en la urgencia, «no se da un estricto cumplimiento del proceso previsto en la propia ley 19580». La Facultad de Derecho de la Universidad de la República estudió, a pedido de la Cámara de Diputados, 349 expedientes de protección archivados en 2022 en los juzgados especializados de Montevideo. En el 87% de los casos, antes de la audiencia, se habían tomado medidas que limitan el contacto entre el denunciado y quien denuncia, en general por 180 días. En tres de cada cuatro casos, la única prueba era la declaración de quien denunciaba. Herrera admite que los plazos se estiran: «claro que a veces puede ser hasta un año».
Una medida que se decide con la sola declaración de una parte, antes de escuchar a la otra, y que se dicta por seis meses y a veces dura un año, funciona como una pena para el padre que pasa ese tiempo sin su hijo, aunque formalmente sea una precaución. El derecho penal moderno se construyó sobre el principio contrario al de Herrera. Blackstone lo formuló en 1769: es mejor que escapen diez culpables a que sufra un inocente. La precaución tiene su lugar, que es la urgencia: la ley prevé una audiencia a las 72 horas. Mientras dura la urgencia, proteger ante la duda tiene sentido. Convertida en regla para todo el proceso, la máxima garantiza que la duda no se resuelva nunca. Y el informe de Herrera, después, cuenta esas dudas sin resolver como prueba de que no hay denuncias falsas.
La vara, aplicada a ella
Herrera fijó tres reglas. Ningún proyecto de ley puede basarse en el «a mí me parece», ni en un caso. Los argumentos tienen que apoyarse en datos confiables y reproducibles. Y lo suyo «no es una opinión»: ella constató, y «la etapa de las opiniones se terminó». Son buenas reglas, y aplicadas a su propio trabajo dan el resultado que sigue.
El titular de su informe mide cuántas veces el sistema persigue una denuncia falsa hasta condenar a quien la hizo, y lo presenta como cuántas denuncias falsas hay. Su certeza de que ningún hombre fue condenado por una denuncia falsa sale de preguntarles a los tribunales que confirmaron condenas si las habían confirmado bien. Su tercera fuente cuenta como hallazgo la opinión de veintidós operadores que, según el propio informe, admiten no tener datos, y descarta como prejuicio la opinión de dos que tampoco los tienen. Los antecedentes internacionales que describe en la radio no son los que cita en su bibliografía. Y el número con el que diagnostica a la sociedad uruguaya viene de una encuesta que nadie puede consultar, publicada por un diario que es socio de la encuestadora. En la radio lo infló a un 62% que no aparece en ninguna fuente, en la misma frase en la que explicaba cómo una mentira repetida termina siendo verdad. Con sus propias reglas, buena parte de lo que dice constatado vuelve a la etapa de las opiniones.
Tampoco su posición sobre lo central es estable. En la misma entrevista dice «nosotros no estamos diciendo» que nadie haga una denuncia falsa, admite «encontramos algunos», y minutos después, al criticar la ley de corresponsabilidad en la crianza, afirma que habla de sancionar las denuncias falsas «cuando las denuncias falsas no existen». Según la encuesta que ella misma eligió para describir a la población, eso es lo que piensa el 2% de los uruguayos. El 88% cree que existen, y un 36% cree que existen pero son pocas, que es la posición de los estudios internacionales que ella cita y no menciona. A Herrera, en esa entrevista, le tocó defender la del 2%.
De todo esto no se deduce que las denuncias falsas sean frecuentes. Nadie en Uruguay tiene datos para decir cuántas hay, y este texto tampoco los tiene. Lo que se deduce es más modesto y más grave: el informe que se presentó en el Palacio Legislativo como la prueba de que son insignificantes no puede saberlo, porque su método no tenía cómo encontrarlas, y su autora lo afirma con una seguridad que su propio material no sostiene. En la diaria, Herrera explicó que un discurso no necesita ser cierto, sino verosímil. Su informe es verosímil: tiene números, voluntarios, entrevistas, una estadística de la Universidad, el respaldo de ONU Mujeres y una presentación en el Parlamento. Lo que no tiene son datos que sostengan su conclusión. Ella pidió que se la midiera con esa vara, y medida con su vara, la conclusión no se sostiene.
Fuentes y referencias
El informe y las intervenciones de Teresa Herrera
- Herrera, Teresa (coord.), Deus, Alicia, Suárez, Soledad, Fernández, Natalia y Leites, Marta (2025). Denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay, 2021-2023. Informe final. Cátedra de Género y Generaciones, Universidad CLAEH, julio de 2025.
- Ministerio de Desarrollo Social. Presentación del informe sobre denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay.
- En Perspectiva (2025, 17 de julio). Entrevista a Teresa Herrera sobre el informe de denuncias falsas. Radiomundo.
- Santini, Marina y Demirdjian, Stephanie (2025, 30 de junio). Más de la mitad de la población considera que existen denuncias falsas por violencia de género y que son «bastantes» o «la mayoría». la diaria.
- la diaria (2025, 30 de junio). El discurso de las denuncias falsas por violencia de género: un fenómeno global que también se instala en Uruguay.
- la diaria (2025, 30 de junio). Denuncias falsas por violencia de género en Uruguay: percepciones y narrativas (corto) y video. YouTube.
La encuesta y su circuito
- la diaria (2025, 30 de junio). Narrativas sobre denuncias falsas: una investigación sobre desinformación y violencia de género.
- Usina de Percepción Ciudadana. Sitio oficial, con la presentación de sus socios.
- Usina de Percepción Ciudadana (2025, 2 de mayo). Simpatía por Yamandú Orsi es de 51%, según encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana.
- Internet Archive, Wayback Machine. Capturas de la sección de noticias de usina.com.uy en 2025.
- ESOMAR y WAPOR (2014). ESOMAR/WAPOR Guideline on Opinion Polls and Published Surveys.
- Puig Silva, Federico (2025). Varones con caravanas. Una escritura crítica sobre una investigación artística [tesis de maestría]. Facultad de Artes, Universidad de la República.
- Búsqueda (2026, marzo). La narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género gana terreno en redes y en la agenda política, sin datos que la respalden.
Estudios internacionales
- Lisak, David, Gardinier, Lori, Nicksa, Sarah C. y Cote, Ashley M. (2010). False allegations of sexual assault: An analysis of ten years of reported cases. Violence Against Women, 16(12), 1318-1334. https://doi.org/10.1177/1077801210387747
- Kelly, Liz (2010). The (in)credible words of women: False allegations in European rape research. Violence Against Women, 16(12), 1345-1355. https://doi.org/10.1177/1077801210387748
- Spohn, Cassia, White, Clair y Tellis, Katharine (2014). Unfounding sexual assault: Examining the decision to unfound and identifying false reports. Law & Society Review, 48(1), 161-192. https://doi.org/10.1111/lasr.12060
- Levitt, Alison y Crown Prosecution Service Equality and Diversity Unit (2013). Charging perverting the course of justice and wasting police time in cases involving allegedly false rape and domestic violence allegations. Crown Prosecution Service.
- Fiscalía General del Estado (2024). Memoria de la Fiscalía General del Estado, capítulo III. Madrid.
Normas, datos judiciales y prensa
- Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género (IMPO).
- Código Penal, artículo 179 (IMPO).
- Facultad de Derecho, Universidad de la República (2023). Estudio sobre procesos de protección de la Ley 19.580, y nota de El Observador sobre el relevamiento.
- Montevideo Portal (2024, mayo). Romina Celeste deberá cumplir 90 días de prisión domiciliaria a la espera de su condena.
Obras citadas
- Blackstone, William (1769). Commentaries on the Laws of England, libro IV. Oxford: Clarendon Press.
- Domenach, Jean-Marie (1950). La propagande politique. París: Presses Universitaires de France. Edición en español: La propaganda política, Buenos Aires, Eudeba.
- Lewis, C. S. (1941). «Bulverism». Reeditado en God in the Dock (1970). Grand Rapids: Eerdmans.
- Strauss, Leo (1953). Natural Right and History. Chicago: University of Chicago Press.

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