Hay una tradición política uruguaya que merece ser declarada patrimonio cultural inmaterial: cuando aparece un escándalo propio, buscar inmediatamente uno ajeno.

No importa demasiado qué ocurrió. Primero se identifica el partido del protagonista y después empieza el campeonato.

—¿Un asesor blanco condenado por lavado?
—Sí, pero ustedes tuvieron a fulano.
—¿Un dirigente vinculado a una organización que distribuía drogas?
—Sí, pero ustedes tuvieron a mengano.
—¿Corrupción en una intendencia?
—¿Y lo de ustedes en 2007?

En diez minutos nadie recuerda qué mierda se estaba investigando. La papa caliente ha cambiado de manos tantas veces que ya debe estar hecha puré.

La Operación Trazador debería servir para evitar esa estupidez, porque acá hay algo bastante más interesante que averiguar qué partido consigue arrojar primero un cadáver sobre la mesa.

La Fiscalía obtuvo tres condenas en una investigación sobre una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y otros delitos. El líder recibió seis años y seis meses; su pareja, tres años; y una tercera persona fue condenada a dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Esa tercera persona era Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. La operación incluyó además decomisos de aproximadamente tres millones de pesos, 42.000 dólares, vehículos, armas y municiones para AK-47.

No estamos hablando del cuñado del primo del señor que una vez repartió listas. Era asesor de un dirigente político y fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones dentro de una causa surgida de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Una deuda tributaria, una irregularidad administrativa menor y una condena por lavado vinculada a una organización narco pertenecen a categorías bastante distintas. Sin embargo, basta con que aparezca un caso así para que algún militante empiece a revolver expedientes hasta encontrar el impuesto a Primaria atrasado de Lacalle o la camioneta de Orsi para fabricar un empate. Los bienes jurídicos no son figuritas.

El dirigente que nunca sabe nada

Cuando aparece un delincuente demasiado cerca, cierta clase de dirigente se transforma súbitamente en una criatura de una inocencia conmovedora: no sabía, no conocía, confiaba, nunca sospechó. Lo contrataron y resultó ser malo. Qué mala suerte.

El señor administra poder político, selecciona personas de confianza, maneja información, establece relaciones, integra estructuras partidarias y pretende participar en la conducción de asuntos públicos, pero si aparece un personaje de considerable calibre delictivo dos escritorios más allá, descubrimos que su capacidad de evaluación humana era la de un golden retriever.

En Trazador, la Fiscalía señaló que al momento de las condenas no surgían de aquella carpeta elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado y que, si aparecieran nuevos elementos, correspondería remitirlos a la Fiscalía especializada en Lavado de Activos.

Por ahora, no hay prueba de responsabilidad de Gómez, Gandini, su esposa ni de ningún otro dirigente del Partido Nacional. Pero hay sí una gran diferencia entre no disponer de prueba al día de hoy para condenar a alguien y decidir que todo lo que rodeaba a Leiva carece de interés. Ese territorio intermedio tiene un nombre bastante menos espectacular: investigación.

El local, Gandini y la casualidad que todavía hay que explicar

Leiva utilizaba habitualmente un local de cobranzas posteriormente adquirido por Laura Scalabrino, esposa de Jorge Gandini. La información pública conocida indica además que concurría allí desde antes de esa adquisición, lo que debilita la explicación más elemental: que hubiera comenzado a utilizar el establecimiento porque pasó a manos de alguien conectado al Partido Nacional.

Eso aclara una parte. Quedan otras.

¿Por qué ese establecimiento? ¿Para qué operaciones? ¿Qué montos circulaban y con qué frecuencia? ¿Qué relaciones existían previamente? ¿Qué otros comercios o empresas aparecían? ¿Había una red o solamente coincidencias independientes?

La investigación policial no quedó limitada a un único comercio. Las informaciones posteriores señalaron una ampliación hacia más establecimientos y potenciales operadores. No hay que ser Sherlock Rodríguez para inferir que las conexiones observadas justifican averiguar si forman parte de algo mayor.

¿Para qué quiere un narcotraficante estar cerca de la política?

Hay una pregunta que recibe menos atención que el color partidario del edil: ¿por qué una persona vinculada a una organización de esa naturaleza quiere convertirse en asesor político?

Las explicaciones pueden ser perfectamente ordinarias: militancia, amistad, necesidad de obtener un ingreso formal o incluso interés genuino por la actividad política, porque los delincuentes también pueden tener opiniones sobre el presupuesto departamental. La condición humana contiene multitudes.

También hay motivos por los que una posición política puede resultar útil para una red criminal: acceso, contactos, información, legitimidad, relaciones con funcionarios, capacidad de abrir puertas o conocimiento anticipado de decisiones. Una posición marginal vista desde la televisión puede tener otro valor vista desde una red.

La penetración del crimen organizado en el Estado no necesita comenzar colocando al hermano de Marset de ministro del Interior. Sería poco sutil. Puede empezar mucho más abajo: un militante, un asesor, una empresa, un amigo, alguien que conoce a alguien, un favor pequeño, una información insignificante. Después otra. La corrupción sistémica rara vez aparece con un cartel luminoso que diga CORRUPCIÓN SISTÉMICA, TOQUE TIMBRE.

La teoría del boludo accidental

Algunas explicaciones públicas pueden ser ciertas, aunque para serlo requieren de un nivel de ineptitud abismal de quien las usa para excusarse.

El dirigente contrató al individuo equivocado. El otro conocía al empresario equivocado. El condenado frecuentaba determinado lugar. Todos tenían relaciones fragmentarias, nadie veía nada y nadie sabía nada.

Cada pieza puede tener una explicación inocente sin que eso resuelva automáticamente el conjunto. Y muchas coincidencias tampoco fabrican por sí solas una conspiración liderada por los espíritus de Aparicio y Escobar. Pero que no exista una conspiración explícita no excluye lo más importante: seguir investigando.

Puede que al tirar del hilo aparezca una madeja o apenas un nudo. Lo absurdo sería negarse a tirar porque alguien ya decidió que seguramente era un cordón suelto y dirigentes con pocas luces. Esta teoría hasta se usó para explicar cómo Lacalle Pou contrató a Astesiano: nada más que por ser naíf.

Y entonces empieza la papa caliente

El Partido Nacional tiene un escándalo y desde el Frente Amplio surge rápidamente una repentina pasión por la higiene institucional. Los blancos responden abriendo el álbum de figuritas judiciales frenteamplistas; el Frente Amplio recuerda otro caso blanco, alguien resucita uno de hace veinte años y otro trae un expediente de una intendencia. Antes de que termine el programa estamos hablando de un narcotraficante de 2004, un edil de 2017 y posiblemente de quién robaba tizas en la escuela República de Finlandia.

Si se miran los últimos diez años y se restringe el foco a episodios de gravedad institucional —narcotráfico, lavado, asociación para delinquir, corrupción relevante de la administración pública o utilización de posiciones estatales en tramas criminales—, aparece además una diferencia importante: el grado de acceso político.

Tabla comparativa de casos políticos graves de los últimos diez años en Uruguay, organizada por partido y nivel de acceso político

No pesa igual un militante perdido en el séptimo suplente de una lista barrial que un intendente, un diputado, un jerarca departamental o el jefe de custodia presidencial.

Alejandro Astesiano es el paradigma porque no estaba vinculado solamente a la cúpula política del PN, sino también a la propia estructura gubernamental. Fue condenado por asociación para delinquir, tráfico continuado de influencias, conjunción del interés personal y público y revelación de secretos mientras había ocupado una posición de acceso directo a Presidencia.

En Artigas, Pablo Caram, Rodolfo Caram y Valentina dos Santos terminaron condenados por distintos delitos relacionados con la trama de horas extra de la intendencia; Dos Santos había sido diputada nacional.

Guillermo Besozzi, por su parte, fue formalizado por una batería de presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho y abuso de funciones; su imputación fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones.

También existen casos vinculados al Frente Amplio. Un exconcejal que había pertenecido al FA fue condenado en la Operación Aurelio a tres años y ocho meses por distribución continuada de estupefacientes; el partido lo había expulsado previamente, en 2022.

El Frente Amplio no es un convento de Carmelitas Descalzas donde la corrupción entra, mira alrededor y decide retirarse porque se siente observada. Es una organización humana: tendrá delincuentes, oportunistas, mediocres y gente honesta, como cualquier organización suficientemente grande.

Pero cuando una fuerza política o sus representantes mediáticos y tuiteros convierten los delitos ajenos en diagnóstico estructural y los propios en meteorología, la gimnasia argumental adquiere proporciones apoteósicas. No hay mejor ejemplo de gimnasia argumental con medalla en cloaca discursiva que la mismísima Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia.

El Partido Colorado y el dedito

El Partido Colorado aparece bastante menos asociado a episodios comparables de narcotráfico, redes criminales o corrupción institucional de la magnitud considerada.

Un relevamiento periodístico sobre procesamientos por corrupción entre 2020 y 2025 contabilizó casos correspondientes a las tres principales fuerzas: 30 vinculados al Partido Nacional, seis al Frente Amplio y cuatro al Partido Colorado. Su metodología no coincide necesariamente con el recorte anterior, pero el dato alcanza para desarmar cualquier pretensión de inmunidad moral partidaria.

El dedito apuntador, entonces, convendría bajarlo. No les queda bien.

Botana y la maravillosa elasticidad de la sospecha

Sergio Botana había acusado al Frente Amplio de adoptar posiciones que favorecían al narcotráfico e incluso utilizó formulaciones como “narcopartido”. Después apareció Trazador y ocurrió algo epistemológicamente delicioso: cuando la sospecha apunta hacia afuera, la imaginación política tiene una musculatura formidable; cuando empieza a caminar hacia adentro, descubrimos la presunción de inocencia.

Bienvenida. Debería haber estado invitada desde el principio.

En Esta Boca es Mía, conducido por Victoria Rodríguez, Fernando Frontán preguntó si los ataques insistentes de Botana al ministro del Interior podían guardar alguna relación con el hecho de que ese ministerio estuviese investigando.

El mecanismo político queda expuesto de manera impecable: quien construye inferencias a partir de proximidades, decisiones y silencios cuando el sospechoso viste otra camiseta debería recordar que ese mismo razonamiento puede terminar aplicado sobre los propios.

Y generalmente vuelve con intereses de prestamista colombiano.

¿Quién le rasca el lomo al chancho?

La expresión popular dice que la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Quizá llevemos demasiado tiempo contando chanchos.

El narcotraficante descubierto es visible. También el funcionario condenado, el asesor que aparece en los diarios, el edil que da una conferencia y el senador que tuitea. Todos sirven maravillosamente para llenar horas de televisión.

Ahí no debería terminar nada. Hay que reconstruir las relaciones: quién acercó a quién, quién presentó a quién, quién financió qué, quién recibió un favor, quién habilitó un acceso, quién hizo una llamada, quién miró para otro lado y quién obtuvo después algo que antes no tenía. Después hay que determinar si esas relaciones fueron episodios aislados o partes de una estructura.

Es menos fotogénico que contar chanchos. También bastante más importante.

Tirar del hilo

La Operación Trazador puede agotarse en su nivel más inmediato: una organización criminal, varios condenados y personas políticamente próximas que desconocían por completo determinadas actividades. También puede abrir conexiones adicionales.

Fiscalía dejó expresamente abierta la posibilidad de que nuevos elementos sean enviados a la Fiscalía especializada en Lavado de Activos si aparecen datos que relacionen a otras personas con esas maniobras.

El Estado debería tirar de ese hilo hasta el final, sin importar qué escudo partidario aparezca atado en algún punto. Cada vez que los partidos convierten un episodio en “mirá lo que hizo el otro”, ayudan a ocultar precisamente lo que habría que reconstruir: las relaciones, sus alcances y, si existe, la arquitectura general.

Puede que no haya ninguna arquitectura y no encontremos a los espíritus de Aparicio y Escobar, y simplemente sea una suma de idiotas con cargo que contratan a cualquiera sin vetarlo. Para saberlo hay que investigar, no organizar otro campeonato de papas calientes.

Y finalmente, el dinero

Llegamos al tema que atravesó la discusión en Esta Boca es Mía: cómo se financia la política uruguaya.

Si el crimen organizado busca influencia política, el dinero ofrece una vía evidente, pero no siempre adopta la forma prolija de una transferencia identificada como donación. Puede circular mediante empresas, servicios, vehículos, locales, publicidad, personas o favores.

Una democracia que quiera tomarse en serio la posibilidad de infiltración criminal necesita mecanismos de financiación partidaria capaces de seguir esos circuitos con mayor precisión. Basta con que una fracción pequeña de empresarios y dirigentes esté dispuesta a cruzar determinadas líneas para que importe saber quién financia, cómo lo hace, con qué grado de identificación, qué debe declarar, quién controla, cómo se detecta el fraccionamiento de aportes, cómo se registran los beneficios en especie y qué ocurre cuando una empresa que financia política después contrata con el Estado.

Porque descubrir al narcotraficante cuando ya está sentado junto al dirigente es llegar bastante tarde a la película.

Mientras tanto, podemos seguir haciendo lo que hacemos extraordinariamente bien: pasarnos la papa caliente, acusar al partido de enfrente, absolver al propio y mirar al chancho.

Todo con tal de no averiguar quién carajo le está rascando el lomo.