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Cuando reconocer empieza a significar obedecer
Durante décadas, una parte considerable de la lucha homosexual tuvo una formulación política bastante sencilla: déjenme vivir. Que un hombre pudiera dormir con otro hombre sin que la policía entrara en su dormitorio; que conservara el empleo cuando alguien descubriera con quién dormía; que pudiera alquilar, heredar, acompañar a su pareja durante una internación y finalmente casarse si encontraba a alguien con suficiente paciencia. El heterosexual conservaba incluso el derecho a considerar todo aquello inmoral, desagradable o prueba definitiva de que Occidente había entrado en decadencia. La conquista liberal consistía precisamente en quitarle poder sobre la vida del homosexual, no en corregirle las ideas.
Esa distinción permitió convivir a personas que discrepaban radicalmente. Un católico podía pensar que dos hombres no constituían un matrimonio ante Dios y el registro civil podía casarlos igualmente. El homosexual obtenía un derecho; el católico conservaba su teología. Ninguno recibía potestad para administrar la conciencia del otro. Había conflictos, manifestaciones, sermones bastante inflamados y familias que necesitaban varios diciembres para aprender a sentar al novio en Navidad, pero la frontera jurídica era reconocible.
Las políticas contemporáneas de identidad introdujeron otra clase de pretensión cuando el reconocimiento dejó de referirse solamente a la conducta que debía tolerarse y alcanzó el lenguaje que terceros debían utilizar. Nombre, pronombres, categorías de género y fórmulas creadas para describir identidades nuevas empezaron a ingresar en códigos institucionales, políticas universitarias y legislación antidiscriminatoria. El cambio parece pequeño mientras se lo reduce a una sílaba. Deja de parecerlo cuando la negativa puede convertirse en infracción.
Jordan Peterson encontró ahí una línea que se negó a cruzar.
La controversia canadiense de 2016 suele recordarse mal. Bill C-16 no contenía una tabla de pronombres ni decía que llamar «he» a alguien que prefería otra palabra conduciría automáticamente a prisión. La ley incorporó «gender identity or expression» a los motivos protegidos por la Canadian Human Rights Act y amplió las disposiciones del Código Penal relativas a propaganda de odio y agravantes por delitos motivados por prejuicio. Ése fue el texto aprobado en junio de 2017.[1]
Reducir toda la controversia a ese dato deja afuera aquello contra lo que Peterson discutía. La legislación canadiense no funciona únicamente mediante el texto de C-16. Las normas provinciales de derechos humanos y las políticas de los organismos encargados de interpretarlas ya vinculaban identidad de género, expresión y formas de tratamiento. La Ontario Human Rights Commission sostiene actualmente que negarse deliberadamente a utilizar el nombre elegido o un pronombre correspondiente con la identidad de género probablemente constituya discriminación cuando ocurre en áreas cubiertas por su Human Rights Code, entre ellas empleo, vivienda y servicios como educación. La misma Comisión reconoce que la ley permanece sin resolver respecto de la posibilidad de exigir un pronombre neutro específico.[2] Ahí estaba la objeción que me interesa y con la que esta serie coincide: el Estado puede impedir que alguien sea discriminado sin adquirir por eso autoridad para decidir qué formulación debe pronunciar otra persona acerca de él.
La diferencia entre prohibición y obligación importa. Hay palabras cuya utilización puede formar parte de hostigamiento: insultar sistemáticamente a un empleado, convertirlo en objeto de humillación, perseguirlo o degradarlo dentro de una relación laboral. El derecho conoce estas situaciones desde mucho antes de que aparecieran xe, xem, fae o cualquier otro término. El hecho de que una expresión pueda integrar una conducta discriminatoria no convierte automáticamente a su alternativa preferida en habla obligatoria.
Podemos impedir que un jefe llame «maricón de mierda» a un trabajador durante seis meses sin redactar una lista de palabras mediante las cuales ese trabajador tiene derecho a ser afirmado. La primera operación limita una conducta dirigida contra otro. La segunda prescribe una conducta lingüística positiva. Ese salto es enorme.
Las palabras son herramientas colectivas. Nacen, cambian, desaparecen, se deforman y a veces consiguen en cinco años lo que una academia de la lengua no lograría en cincuenta. Internet convirtió google en verbo; la tecnología produce vocabulario con una velocidad capaz de hacer parecer anciano a un diccionario recién impreso; palabras provenientes de comunidades minúsculas pueden extenderse si resuelven algo que millones de hablantes descubren útil. Nadie necesitó una comisión estatal para obligar a la población a decir selfie. La palabra encontró un objeto, funcionó y se reprodujo con promiscuidad admirable.
Una innovación lingüística que necesita sanciones para conseguir hablantes presenta una situación distinta. Puede proponerse xe o fae. Una persona puede inventar mañana una forma que describa con enorme precisión su experiencia y pedir a quienes la rodean que la utilicen. Quizá sus amigos lo hagan y la palabra salte a otras comunidades hasta volverse corriente dentro de veinte años; también puede morir dentro del grupo que la creó. Las lenguas llevan siglos realizando ese experimento sin comité de bioética.
Pretender que el fracaso espontáneo de una palabra justifique aumentar la presión institucional para imponerla da vuelta el proceso. Si una herramienta lingüística resulta suficientemente útil para una comunidad de hablantes, circula porque empieza a resolver mejor alguna necesidad comunicativa. Cuando casi nadie la necesita, casi nadie la encuentra fuera del contexto donde fue creada y además cambia según la identidad particular de cada hablante, la adopción masiva tiene pocas razones para producirse.
Una sociedad de millones de personas no puede reorganizar continuamente su lenguaje común alrededor de categorías utilizadas por poblaciones minúsculas y a veces subdivididas mediante términos nuevos cuya existencia buena parte de los hablantes descubre precisamente cuando alguien les informa que debe utilizarlos correctamente. La asimetría resulta extraordinaria: cuanto menos extendida está una palabra, mayor aprendizaje exige al conjunto; el carácter excepcional de la categoría termina presentado como argumento para imponer una obligación general.
La comparación con Ms. suele aparecer para demostrar que el inglés ya modificó formas de tratamiento bajo presión social. La analogía funciona mal. Ms. resolvía una situación que afectaba constantemente a aproximadamente la mitad de la población: permitía dirigirse a una mujer sin informar mediante el tratamiento si estaba casada. Millones de personas interactuaban diariamente con mujeres; millones encontraban la misma distinción entre Miss y Mrs.; la nueva herramienta podía aprenderse, reutilizarse y generalizarse en una cantidad inmensa de intercambios cotidianos.
Un neopronombre asociado a una identidad utilizada por una fracción muy pequeña de la población vive en otro ecosistema lingüístico. La mayoría de los hablantes puede pasar años sin encontrarse con una persona que lo use. Incluso cuando la encuentra, el término aprendido para ese encuentro puede no servirle para el siguiente porque otra persona utiliza otra forma. Una innovación de ese tipo puede tener sentido dentro de una comunidad reducida; de ahí no se deriva que el resto de la población tenga una deuda lingüística con ella.

El argumento de que «el lenguaje siempre cambia» describe un hecho y lo convierte indebidamente en mandato. Porque el lenguaje cambia, ninguna generación controla por decreto el resultado. Puede promover palabras, ridiculizarlas, enseñarlas, escribirlas en documentos oficiales y llenar PowerPoints con ellas. Los hablantes decidirán mediante millones de interacciones cuáles sobreviven. La lengua posee la descortesía de no respetar planes quinquenales.
La política identitaria contemporánea intenta en ocasiones invertir esa relación: la palabra se declara moralmente correcta antes de demostrar su utilidad social y la resistencia a incorporarla empieza a interpretarse como daño a la persona que la solicita. El desacuerdo lingüístico recibe así una carga moral que antes pertenecía a conductas mucho más graves. Quien se niega puede dejar de ser alguien que considera absurda una innovación para convertirse en alguien que «niega la existencia» de otro ser humano.
Ninguna persona desaparece porque un tercero rechace la teoría mediante la cual se describe. Si alguien sostiene que existen dos sexos y que determinados pronombres ordinarios refieren a ellos, podrá estar equivocado para la teoría de género de su interlocutor. Sigue hablando. La otra persona sigue existiendo. Hay desacuerdo, quizá molestia, posiblemente una conversación que convenga abandonar antes del postre. Convertir esa fricción en una agresión contra la existencia eleva el costo moral del desacuerdo hasta volverlo casi impronunciable.
La libertad de expresión importa especialmente cuando las categorías están disputadas. Pensarla sólo como el derecho heroico a insultar al presidente desde una plaza desperdicia casi toda su función. Hablamos para formular problemas, probar conceptos, encontrar distinciones, descubrir que una palabra funciona peor de lo que creíamos y modificar nuestras ideas mientras las exponemos a las ideas de otros. Un vocabulario cuya corrección ya viene resuelta por una autoridad limita ese proceso exactamente en el lugar donde todavía debería poder ocurrir.
Las palabras participan del pensamiento porque permiten cortar la realidad de determinadas maneras. Cambiar una palabra abre a veces una distinción nueva; también oculta una antigua. Si «mujer», «hombre», «sexo», «género», «lesbiana» o «madre» están siendo discutidos políticamente, obligar a hablar como si una de las definiciones hubiera ganado de antemano introduce la conclusión dentro de la gramática. La discusión continúa formalmente abierta mientras uno de sus participantes debe utilizar el vocabulario del otro para poder entrar.
Eso es intelectualmente grotesco.
Una universidad debería ser el último lugar interesado en semejante arreglo. Su trabajo consiste en permitir que definiciones rivales se golpeen entre sí hasta descubrir cuál soporta mejor el castigo. Si un estudiante afirma que existen decenas de géneros, otro que género designa roles sociales construidos alrededor del sexo y otro que la categoría carece de utilidad analítica, el seminario empieza ahí. Convertir una de esas posiciones en protocolo lingüístico obligatorio antes de que comience la conversación confunde inclusión administrativa con conocimiento.
La objeción de Peterson alcanzaba su mayor fuerza en ese punto. El Estado tiene razones para impedir discriminación en empleo, vivienda, educación y servicios. C-16 incorporó identidad y expresión de género a ese sistema federal de protección. La legislación y las políticas provinciales pueden alcanzar después interacciones mucho más pequeñas; Ontario incluye entre las formas posibles de hostigamiento la negativa a utilizar el nombre autoidentificado y el pronombre considerado apropiado. En ese tránsito, la protección de una característica empieza a rozar la prescripción del lenguaje mediante el cual los demás deben reconocerla.
Que la legislación canadiense actual no establezca un delito federal llamado «usar el pronombre equivocado» no elimina esa frontera. La vuelve más importante, porque las restricciones modernas rara vez llegan con un cartel que diga CENSURA en Comic Sans. Aparecen distribuidas entre reglamentos laborales, códigos de conducta, decisiones administrativas, estándares profesionales y obligaciones de acomodación; cada pieza puede parecer pequeña hasta que alguien pregunta qué ocurre si simplemente se niega.
Ahí mi posición es deliberadamente poco conciliadora. Si alguien quiere que lo llame xe, puede pedírmelo y, si me parece razonable, podré hacerlo; incluso quizá lo haga aunque me parezca una extravagancia lingüística porque la relación me importa. Otra persona podrá negarse. Podremos pensar que esa negativa revela mala educación, hostilidad, terquedad o una fascinación agotadora por convertir cada almuerzo en debate filosófico. Nada de eso entrega automáticamente al Estado una razón suficiente para convertir la palabra solicitada en obligación.
La libertad incluye la posibilidad de que otras personas describan el mundo de maneras que uno considera profundamente equivocadas.
Los homosexuales deberían reconocer ese principio con particular facilidad. Durante demasiado tiempo otros tuvieron autoridad para decir qué significaban nuestros deseos, qué palabras podían utilizarse para describirlos y qué discursos debían pronunciar médicos, maestros, sacerdotes y jueces acerca de nosotros. La victoria consistió en reducir aquella autoridad y abrir un espacio donde nuestra vida pudiera existir incluso entre personas que jamás llegaron a comprenderla.
Resultaría una inversión histórica bastante miserable que, después de conquistar el derecho a vivir sin pedir permiso, aceptáramos una política según la cual alguien puede pedirle permiso al Estado para decidir cómo deben hablar los demás.
Cuando el adulto desaparece
En el mundo adulto ya resulta discutible que una identidad declarada pretenda convertir su léxico en deber ajeno. En el mundo infantil y adolescente la cuestión cambia de escala, porque desaparece el presupuesto sobre el que se apoyaba toda la escena anterior: la autonomía de un sujeto jurídicamente formado, sexualmente desarrollado y en condiciones de asumir las consecuencias de lo que hace con su cuerpo. El paso de un hombre de cuarenta años que pide ser llamado de cierta manera a un chico de trece al que se le organiza una trayectoria clínica y escolar alrededor de esa autodescripción no añade un detalle; cambia de universo.
Durante años el activismo trató de trasplantar al terreno de la infancia la gramática moral del adulto soberano. Si un adulto tiene derecho a definirse y puede descubrir quién es, un menor también; si cuestionar esa autodefinición resulta opresivo en un campus universitario, cuestionarla en la adolescencia empezaría a sonar igualmente cruel. De ese modo quedó instalada una ficción bastante conveniente: la de un yo infantil ya suficientemente armado como para pronunciar sobre sí mismo una clase de verdad que los adultos, la escuela y la medicina deberían apresurarse a reconocer antes de que el tiempo haga estragos.
La adolescencia siempre fue cualquier cosa menos eso.
Es torpeza, ensayo, vergüenza, pose, deseo que aparece antes que el vocabulario para entenderlo, odio del propio cuerpo, fascinación con el propio cuerpo, amor por quien no corresponde, rechazo de lo que se esperaba amar, necesidad de pertenecer y ansia de diferenciarse de todo lo existente, a veces en la misma semana. Una cultura mínimamente seria debería tratar con respeto esa turbulencia y con enorme sospecha a cualquiera que quiera leerla demasiado rápido como prueba de una verdad consolidada.
El auge contemporáneo de las identidades de género juveniles ocurrió exactamente al revés. Allí donde durante mucho tiempo la adolescencia había sido reconocida como una etapa de inestabilidad, de experimentación y de relaciones complejas con el cuerpo, apareció un aparato político, clínico y escolar cada vez más dispuesto a interpretar determinadas formas de malestar como indicios de una identidad subyacente que convendría afirmar cuanto antes. La vieja prudencia frente a una edad volátil fue reemplazada en demasiados contextos por una mezcla moderna de sentimentalismo, miedo a contrariar y fascinación institucional por la autodeclaración.
La velocidad con que crecieron las consultas no necesita demasiada literatura. En pocos años, distintos servicios occidentales dedicados a infancia y género pasaron de atender cantidades reducidas de casos a recibir olas de derivaciones, junto con un cambio visible en el perfil de quienes consultaban. El cuadro clásico que durante mucho tiempo había dominado la imaginación pública -niños varones intensamente inconformes con los roles masculinos desde edades muy tempranas- empezó a ceder terreno a otra escena: adolescentes, muy a menudo mujeres, que llegaban en oleadas nuevas, frecuentemente en el contexto de malestares psíquicos, redes sociales hiperidentitarias y un ecosistema cultural donde la palabra transición había adquirido una fuerza narrativa extraordinaria. No hace falta recitar una tabla estadística cada dos páginas para advertir que algo se movió.
La interpretación de ese movimiento se volvió enseguida una guerra de caricaturas. De un lado, cualquier aumento de consultas quedaba explicado como liberación: por fin existiría lenguaje, visibilidad y acceso para jóvenes que antes sufrían en silencio. Del otro, todo podía reducirse a contagio social, moda o captura ideológica. La primera lectura peca de inocencia; la segunda, de comodidad. Un fenómeno de esta magnitud rara vez responde a una sola causa, pero el deseo contemporáneo de simplificarlo delata otra cosa: la necesidad política de cerrar muy rápido una discusión que afecta cuerpos de menores.
Un adolescente puede encontrar alivio en una categoría porque la categoría organiza retrospectivamente algo que ya venía experimentando; también una forma atractiva, disponible y socialmente potente de nombrar un malestar mucho más confuso. Ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Las identidades nuevas no se distribuyen en la cultura como si fueran folletos neutrales de biblioteca. Ofrecen guiones, relatos, comunidades, estética, explicación, prestigio subcultural, una manera de leerse y de ser leído. En una época donde la experiencia cruda de crecer se encuentra rodeada por plataformas dedicadas a clasificar el yo con entusiasmo administrativo, sorprendería más que eso no tuviera efecto que reconocer que lo tiene.
La medicina debería haber llegado aquí con una sola virtud indispensable: lentitud.
En cambio, una parte de la discusión pública empezó a tratar la lentitud como sospecha moral. Una pausa podía convertirse en negación de la identidad; la cautela podía leerse como daño y una vacilación clínica como señal de transfobia latente. La vieja exigencia de no precipitarse cuando está en juego un cuerpo en desarrollo empezó a parecer una forma de violencia. Se invertía así una regla elemental de cualquier práctica decente: cuanto mayores son las consecuencias posibles de una intervención, más necesita demorarse el entusiasmo.
Lo que se llama transición agrupa además cosas muy distintas. Hay una transición social, que reorganiza nombre, pronombres, ropa, trato cotidiano y posición simbólica del niño o del adolescente en su entorno. Hay bloqueo puberal, con toda la discusión sobre reversibilidad, trayectoria posterior y efectos sobre desarrollo. Hay hormonas cruzadas, que ya empiezan a inscribirse de otro modo sobre la voz, los rasgos sexuales secundarios, la fertilidad potencial y la experiencia futura del cuerpo. La cirugía pertenece a otra magnitud todavía, aunque el activismo tenga debilidad por empaquetar todo esto en una sola palabra suave, como si «acompañar» pudiera describir por igual un cambio de nombre en la escuela y una cascada de decisiones biomédicas con consecuencias que acompañarán al sujeto cuando deje de tener quince años y deba convivir con aquello que se hizo sobre él o con él.
Cada escalón exige un juicio distinto. La discusión cultural hizo lo contrario: moralizó el paquete entero para que cuestionar un punto permitiera presentar a quien pregunta como enemigo de toda la secuencia. La confusión beneficia a los más ruidosos y perjudica al menor.
La medicina infantil siempre vivió entre dos peligros: intervenir tarde y dejar avanzar un cuadro que habría requerido ayuda antes, o intervenir pronto y fijar como verdad clínica algo que aún se estaba formando, confundiéndolo con aquello que parecía. La pediatría sabe desde siempre que el cuerpo infantil no es un lienzo vacío, pero tampoco un manifiesto ya concluido. El auge de las clínicas y protocolos de género empujó a veces la balanza hacia otra fantasía: la de un yo verdadero que estaría esperando detrás del malestar y cuya emergencia sólo dependería de que los adultos correctos retiren el obstáculo.
Ese romanticismo identitario hace estragos cuando se aplica a la homosexualidad infantil y adolescente.
El niño afeminado existía mucho antes de TikTok. La adolescente masculina, también. La historia homosexual está llena de muchachos que parecían chicas, niñas que parecían varones, adolescentes que odiaron los vestidos o la brutalidad del mundo masculino y que, con el tiempo, no descubrieron un sexo equivocado, sino una orientación sexual minoritaria. Llegaron a ser gays o lesbianas. A veces siguieron siendo profundamente no conformes con el género; a veces no. A veces conservaron modos amanerados toda la vida; a veces el cuerpo, la edad y la cultura sexual reacomodaron esas expresiones. La variación fue siempre enorme. Lo constante estaba en otra parte: la masculinidad y la feminidad no coincidían dócilmente con el deseo heterosexual esperado.
La cultura contemporánea ofrece a esa vieja escena una lectura nueva y, en ciertos ambientes, peligrosamente disponible. El chico femenino ya no aparece sólo como futuro puto. Puede aparecer, desde muy temprano, como candidata o candidato a otra cosa. La chica butch tampoco es únicamente una lesbiana en formación; puede entrar rápidamente en el lenguaje del género, de la identidad masculina o de la no binariedad. El sistema ofrece una explicación alternativa antes de que el deseo termine de organizarse y el cuerpo adolescente haya hecho su recorrido, cuando la experiencia todavía no ganó espesor suficiente para separar con cierta claridad orientación, presentación y relación con el propio sexo.
No se trata de un detalle técnico. Afecta el corazón mismo de esta serie. La homosexualidad conoce de memoria lo que ocurre cuando una sociedad no soporta la no conformidad de género y se precipita a leerla como signo de otra cosa. Durante mucho tiempo lo hizo para patologizarla: el niño delicado, el muchacho amanerado, la chica que parecía un varón. Hoy puede hacerlo con un vocabulario aparentemente más compasivo, pero no siempre más inteligente. A veces el adolescente sigue siendo incapaz de encajar en los moldes sexuales de su entorno; simplemente ha cambiado el idioma con el que ese desacople se administra.
Donde antes estaba el consultorio empeñado en corregir al marica, hoy puede aparecer el consultorio demasiado dispuesto a reinterpretarlo.
Eso no implica que toda disforia juvenil o todo malestar de género esconda homosexualidad futura. Sería una tontería tan grande como la tesis que pretende leer cada inconformidad infantil como evidencia temprana de identidad trans consolidada. La estupidez puede militar en ambos bandos. La cuestión más seria es otra: una cultura que ofrece tempranamente una salida identitaria y biomédica tiene la obligación de demostrar una prudencia extraordinaria cuando esa salida se ofrece a sujetos en quienes todavía se están armando a la vez el deseo, la relación con el cuerpo, la posición social y la capacidad para comprender el costo temporal de lo que se decide.
En lugar de esa prudencia, lo que abundó muchas veces fue una pedagogía moral bastante vulgar. Si el adolescente dice, el adulto afirma; la pregunta excesiva puede leerse como daño, mientras la duda de la escuela aparece como exclusión y la demora del médico como violencia. Cualquier dificultad para acompañar el ritmo de la autodeclaración puede volverse sospechosa. Una cultura adulta incapaz de tolerar la angustia de decir «todavía no sé» termina exigiendo a chicos de catorce años una clase de claridad ontológica que ella misma jamás soportaría aplicar a otras zonas de la vida.
Nadie propone que la adolescencia quede librada a sermones o negaciones brutales. Un adolescente puede sufrir muchísimo en relación con su cuerpo y su lugar sexual en el mundo; ese sufrimiento no se alivia mediante burlas, prohibiciones vacías o la fantasía conservadora de que todo se arregla con fútbol, padre presente y una novia a los diecisiete. Lo que está en juego es algo más difícil de aceptar porque impide las soluciones de supermercado: la atención clínica exige escuchar sin santificar, acompañar sin precipitarse y distinguir entre aliviar un malestar y convertirlo demasiado rápido en programa de intervención sobre el cuerpo.
El entusiasmo afirmativo suele venderse como compasión. A veces es pánico adulto frente al sufrimiento de un menor. Nada desespera tanto a un padre, a una escuela o a un clínico como no saber. La identidad viene entonces a cumplir una función tranquilizadora: nombra, ordena, promete una trayectoria y convierte el desconcierto en relato y el relato en plan. El plan reparte tareas, documentos, derivaciones, protocolos, grupos de apoyo y, en los contextos más intensos, decisiones médicas. La maquinaria se pone en movimiento con una velocidad capaz de disimular que en su centro sigue habiendo un adolescente.
El adolescente, mientras tanto, continúa siendo adolescente. Puede entusiasmarse, asustarse, cambiar, reafirmarse, erotizarse en otra dirección, encontrar una comunidad, decepcionarse de ella, radicalizarse, retractarse o quedarse a mitad de camino entre varias autodescripciones posibles. No hay nada escandaloso en esa inestabilidad; el problema es exigirle la solemnidad de una esencia y luego organizar alrededor de ella medidas cuyo costo recae sobre un cuerpo que todavía no terminó de atravesar la pubertad.
En una época un poco menos estúpida, esta frase no sería polémica: a los menores se los protege también de las certezas prematuras de los adultos.
La sexualidad minoritaria necesita recordar eso por razones históricas propias. Cuando el mundo heterosexual veía al niño amanerado, le ofrecía corrección; cuando la nueva burocracia identitaria lo ve, demasiado a menudo se apresura a ofrecerle interpretación. Entre la corrección y la interpretación existe una diferencia importante; ninguna garantiza por sí sola haber comprendido lo que tiene delante. Un chico puede necesitar tiempo para convertirse en el homosexual que será. Una chica, tiempo para descubrir que su distancia respecto de la feminidad esperada no vuelve masculino su cuerpo ni equivocado su sexo. Dar ese tiempo no es abandono.
El activismo contemporáneo repite a menudo que escuchar a los jóvenes salva vidas. Tal vez. También las arruina cuando escuchar significa obedecer, obedecer exige confirmar y esa confirmación se convierte demasiado rápido en una secuencia de intervenciones que el propio sujeto deberá interpretar muchos años después, quizá con gratitud, quizá con ambivalencia, quizá con una rabia para la que ya será tarde.
La medicina no tiene derecho a jugar a cara o cruz con cuerpos adolescentes y luego llamar cuidado al resultado. La vieja política homosexual pedía que dejaran en paz al deseo adulto. La nueva política de identidad entró al cuarto de los adolescentes con formularios, algoritmos morales, protocolos escolares y un vocabulario rebosante de certezas. Si esta serie insiste tanto en separar orientación, sexo e identidad, no lo hace por fetichismo taxonómico. Lo hace porque cuando esas diferencias se mezclan en la cabeza de una cultura exaltada, la factura no la paga una teoría: la paga un chico.
La comunidad habla. ¿Quién le dio el micrófono?
Hay frases que pasan por normales sólo porque se las escucha demasiado: «La comunidad LGBT reclama», «La comunidad LGBT rechaza», «La comunidad LGBT considera». La comunidad, aparentemente, se levantó temprano, desayunó, deliberó, alcanzó consenso y emitió comunicado antes del mediodía. Mientras tanto, un gay estaba trabajando, una lesbiana llevaba al perro al veterinario, un bisexual discutía con su contador y otro homosexual seguía sin enterarse de que esa mañana había adquirido una nueva posición oficial sobre bloqueadores puberales, pronombres, deporte femenino y epistemología del sexo. Nadie lo llamó.
La operación resulta posible porque durante décadas una coalición política fue adquiriendo la apariencia de un sujeto. Una entrega anterior de esta serie ya mostró cómo siglas construidas para coordinar demandas heterogéneas terminaron tratadas como si designaran una identidad colectiva coherente. Una vez instalado ese «nosotros», aparece la tentación siguiente: atribuirle voluntad.
El procedimiento ahorra muchísimo trabajo. Los gobiernos necesitan interlocutores; los medios, declaraciones; las ONG, población representada; las universidades, expertos; las empresas, alguien que explique qué debe decir el departamento de Recursos Humanos durante junio. Resulta más cómodo convocar a «representantes de la comunidad LGBT» que reconocer que detrás de esas letras viven millones de personas cuyos acuerdos políticos quizá no sobrevivan ni a la elección del restaurante.
La orientación sexual jamás produjo semejante unanimidad. Un hombre gay puede ser liberal, socialista, conservador, anarquista, católico, ateo, feminista, antifeminista o un ciudadano cuya doctrina política completa consiste en que los impuestos son altos y el gin tonic debería llevar menos pepino. El hecho de que desee hombres no contiene información suficiente para deducir qué piensa sobre educación, medicina pediátrica, lenguaje, inmigración, capitalismo, aborto o el tamaño deseable del Estado.
La erección no trae programa de gobierno.
Durante la persecución esa heterogeneidad podía permanecer parcialmente oculta porque había enemigos demasiado evidentes. Si una ley criminalizaba el sexo entre hombres, dos homosexuales políticamente incompatibles podían coincidir en querer derogarla. Si ambos podían ser despedidos por tener pareja masculina, la discusión ideológica podía esperar hasta después de recuperar el empleo. La amenaza construía una comunidad política provisional porque golpeaba exactamente sobre aquello que compartían.
Las victorias modificaron esa situación. Una vez eliminadas muchas prohibiciones específicamente dirigidas contra homosexuales, la coalición pudo reducir su programa o buscar nuevas causas que justificaran su permanencia y su infraestructura. Las instituciones rara vez desarrollan entusiasmo por declarar terminada su misión. Una organización creada para resolver un conjunto de problemas descubre con facilidad problemas nuevos cuya solución requiere, providencialmente, que la organización continúe existiendo. La sigla creció y también la doctrina asociada a ella. Lo que había empezado como defensa frente a persecuciones concretas empezó a incluir posiciones sobre identidad de género, lenguaje, educación, medicina, sexo, espacios segregados, políticas empresariales y una teoría cada vez más amplia acerca de cómo deben comprenderse las diferencias humanas. Algunas de esas posiciones pueden ser defendibles, otras absurdas y otras depender de información todavía discutida. Lo extraño ocurre antes de resolver cuál es cuál: todas empiezan a circular bajo una marca cuya primera letra sigue significando lesbiana y cuya segunda sigue significando gay.
El paquete se vende entero, y un homosexual que rechaza una parte descubre entonces que su desacuerdo ha adquirido una cualidad moral inesperada. Ya no discrepa simplemente con una organización o con otra persona. Puede aparecer como alguien que traiciona a «su comunidad», que perjudica a «los suyos» o que repite discursos de quienes históricamente persiguieron homosexuales. La orientación deja de describir hacia quién dirige el deseo y empieza a funcionar como obligación de fidelidad política.
Es una forma bastante barata de disciplina: se construye un sujeto colectivo suficientemente amplio como para incluirte aunque jamás hayas solicitado ingreso, determinadas organizaciones hablan en nombre de ese sujeto y tu desacuerdo con ellas termina demostrando que sos una mala versión de aquello que decidieron representar.
El mecanismo tiene la elegancia de una secta y la eficiencia administrativa de una mutualista.
Para el homosexual disidente aparece una situación particularmente ridícula. Durante años tuvo que explicar a conservadores que ser gay no determinaba su carácter, su moral ni su capacidad para participar de la vida pública. Una vez conseguida esa autonomía, puede encontrarse frente a progresistas que deducen de la misma homosexualidad una serie de opiniones políticas obligatorias. Cambió el catecismo, pero la pretensión sigue siendo parecida: «Como sos gay, deberías pensar esto». La frase fue insoportable cuando venía del cura, del padre o del psiquiatra y no mejora demasiado porque ahora venga acompañada por una bandera con más colores.
Las organizaciones militantes poseen, por supuesto, posiciones. Para eso existen. Una asociación puede defender autodeterminación de género, otra rechazarla; una federación reclamar determinada legislación y otra considerar que esa legislación lesiona derechos distintos. Nada obliga a que sean neutrales. La ficción aparece cuando una de ellas utiliza su posición para hablar en nombre de una población definida mediante características que no producen por sí mismas esa posición.
«Nuestra organización sostiene» es una frase perfectamente honesta; «La comunidad LGBT sostiene» practica ventriloquia. El cambio de sujeto gramatical parece pequeño y altera completamente la autoridad del enunciado. Una ONG puede reunir mil socios. La palabra «comunidad» incorpora simbólicamente a millones que jamás le entregaron mandato alguno. El periodista recibe una declaración fuerte; el ministerio obtiene interlocutor; la organización gana legitimidad y el homosexual que estaba comprando detergente acaba de pronunciarse sobre una reforma educativa sin haber dejado el supermercado.
La representación política siempre selecciona voces. Los sindicatos tampoco entrevistan a cada trabajador antes de hablar, los partidos contienen disidentes y ningún colectivo humano funciona mediante plebiscito permanente. Hay una diferencia decisiva: uno puede abandonar un sindicato o un partido. La orientación sexual permanece aunque alguien deteste a las organizaciones que dicen representarla. Ahí la categoría biográfica se vuelve una trampa política: el homosexual puede renunciar a una asociación, pero no puede renunciar a ser contado dentro de las estadísticas de homosexuales cuando alguien decide hablar por «los LGBT».
Esa incapacidad para salir produce una forma particular de externalidad. Una organización adopta una posición polémica; los costos reputacionales no recaen solamente sobre quienes la adoptaron porque el mensaje fue presentado como posición de una comunidad entera. El beneficio político de la sigla consiste en sumar poblaciones. Su costo aparece cuando las controversias también se suman. Podemos llamarlo externalidad coalicional: un grupo incorpora a otros para aumentar capacidad de representación y descubre que esa misma operación distribuye sobre todos las consecuencias de decisiones adoptadas por algunos. La coalición socializa legitimidad y socializa rechazo. Si el paquete contiene posiciones que una parte importante de la población considera excesivas, la reacción tampoco pregunta con demasiado refinamiento qué letra defendía exactamente qué cosa.
Para el gay que nunca pidió nada de eso, el mecanismo resulta especialmente irritante. Su orientación puede ser utilizada para inflar el tamaño simbólico de una causa que no comparte y luego volver a utilizarse para medir el rechazo generado por esa causa. De ese modo cuenta como apoyo sin haber apoyado y, cuando llega el backlash que el paquete ayudó a producir, vuelve a contar como víctima.
La palabra solidaridad suele aparecer cuando alguien intenta escapar. «Hay que apoyar a las personas trans porque estuvieron junto a gays y lesbianas.» La historia de las alianzas sexuales contiene efectivamente solidaridades reales, luchas compartidas y personas trans que participaron de movimientos donde había homosexuales, del mismo modo que lesbianas cuidaron hombres enfermos durante la crisis del sida y activistas provenientes de grupos muy diferentes pelearon juntos contra instituciones hostiles. Una deuda histórica no es un cheque en blanco ideológico. Que dos poblaciones hayan luchado juntas frente a una injusticia no obliga a una de ellas a aceptar cada teoría, estrategia o política sostenida posteriormente por organizaciones de la otra. La solidaridad adquiere valor precisamente porque puede elegirse frente a una causa concreta. Convertida en obediencia permanente deja de ser solidaridad y pasa a funcionar como tributo.
La sigla contemporánea tiende a borrar esa libertad porque transforma alianzas sucesivas en identidad retrospectiva. Parece que L, G, B, T, Q y todo lo que venga después hubieran formado desde siempre diferentes expresiones de una misma realidad política profunda, esperando simplemente que alguien encontrara suficientes letras para escribirla. La historia fue bastante menos prolija. Hubo encuentros, conflictos, superposiciones, intereses comunes y diferencias que jamás desaparecieron. Los desacuerdos actuales revelan aquello que la sigla llevaba años escondiendo.
Un gay puede defender que cualquier adulto modifique su cuerpo y oponerse a determinadas intervenciones en menores; tratar cordialmente a una persona trans sin aceptar que sexo e identidad sean intercambiables; utilizar el nombre que alguien solicita y negarse a utilizar un neopronombre, o considerar injusta la discriminación laboral contra una persona trans y pensar que una ley sobre lenguaje va demasiado lejos. Nada de eso contiene contradicción salvo que se acepte antes la ficción de que todas esas posiciones pertenecen a un paquete moral indivisible.
Ese paquete produce una disciplina curiosa porque convierte cuestiones empíricas y conceptuales en pruebas de pertenencia. Ya no interesa solamente qué argumentos existen sobre bloqueadores puberales, qué efectos tiene una política concreta o qué definición de sexo permite explicar mejor determinados fenómenos. Primero se pregunta de qué lado está uno. La respuesta correcta determina después qué dudas resultan legítimas. Así piensa una tribu cuando se disfraza de epistemología.
El homosexual que se niega a jugar adquiere entonces una función particularmente molesta. Su mera existencia rompe una asociación que la política identitaria preferiría naturalizar. Es difícil afirmar que determinada posición constituye «la postura LGBT» cuando delante hay un puto diciendo que le parece una estupidez. Por eso el disidente interno suele irritar más que el adversario externo.
Del conservador se esperaba resistencia. Confirma el mapa. El gay que rechaza una parte de la doctrina lo arruina porque demuestra que orientación y programa político pueden separarse dentro de una misma persona. No puede ser descartado fácilmente como alguien que desconoce la experiencia homosexual; la vive. Tampoco sirve convertirlo en heterosexual honorario cada vez que discrepa. Hay un límite para las expulsiones imaginarias antes de que la comunidad empiece a parecer una fiesta privada donde el dueño va echando a cualquiera que cambie la música.
A veces aparece entonces la palabra «internalizado». Homofobia internalizada, transfobia internalizada, misoginia internalizada. Conceptos capaces de describir procesos reales pueden funcionar también como dispositivos maravillosos para volver infalsable una doctrina: si el miembro del grupo coincide, su experiencia valida la posición; si discrepa, su desacuerdo demuestra cuánto ha interiorizado la opresión. La teoría gana incluso cuando pierde. Un movimiento seguro de sus argumentos no necesita diagnosticar psicológicamente a sus desertores. Puede escucharlos, responderles o ignorarlos. La obsesión por convertir cada disidencia interna en patología política delata cuánto depende la supuesta unidad de que determinados miembros permanezcan callados.
Esta serie nace precisamente de esa negativa. Ser homosexual no me obliga a aceptar una teoría particular sobre género. Tampoco me obliga a aprobar intervenciones médicas determinadas, adoptar cada innovación lingüística propuesta por activistas, considerar equivalentes sexo e identidad ni permitir que una organización hable políticamente en mi nombre porque sus siglas contienen una G.
Mi homosexualidad informa qué hombres pueden despertarme deseo; el resto tendrá que argumentarse.
Esa separación debería resultar banal. Se ha vuelto suficientemente polémica como para necesitar una serie porque una parte de la política contemporánea decidió transformar pertenencia en obediencia y presentar después la obediencia como solidaridad.
El viejo armario exigía silencio para ocultar que uno era homosexual. El nuevo puede exigirlo para ocultar que un homosexual piensa por su cuenta.
Cuando llega la factura
Durante años pareció que la aceptación de la homosexualidad en Estados Unidos tenía una sola dirección posible. Cada encuesta agregaba algunos puntos, cada generación joven mostraba menos interés en discutir si dos hombres debían poder casarse y la vieja oposición religiosa comenzaba a adquirir ese aspecto ligeramente museístico de las batallas culturales que todavía existen pero han dejado de organizar el centro de la conversación. En 1996, Gallup encontraba apenas un 27 por ciento de apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2016, después de Obergefell, ya era 61 por ciento. En 2022 y 2023 alcanzó 71. Después dejó de subir.

En mayo de 2026, Gallup registró 65 por ciento de apoyo al matrimonio igualitario, seis puntos menos que en el máximo de tres años antes. La proporción de estadounidenses que consideraba moralmente aceptables las relaciones gays o lesbianas cayó al 62 por ciento, el nivel más bajo desde 2016. Entre republicanos, el movimiento fue bastante más pronunciado: el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo había llegado al 55 por ciento en 2021 y 2022 y descendió al 37 por ciento en 2026. Entre demócratas seguía en 87 por ciento.[3]

No estamos frente a un regreso masivo a 1996. Sería una exageración inútil. Estados Unidos continúa siendo mucho más favorable al matrimonio homosexual que una década atrás y la mayoría todavía considera aceptables las relaciones entre personas del mismo sexo. El dato interesante está en otra parte: una tendencia que durante veinte años parecía avanzar casi sola encontró un techo y empezó a retroceder justo cuando las cuestiones agrupadas bajo la misma marca LGBT se volvían considerablemente más controvertidas.
Las opiniones sobre políticas trans presentan otra curva. En 2025, Pew encontró que 66 por ciento de los estadounidenses apoyaba exigir que los atletas trans compitieran según su sexo de nacimiento y 56 por ciento respaldaba prohibir tratamientos médicos relacionados con transición de género para menores. Desde 2022, el apoyo a esas dos restricciones había aumentado ocho y diez puntos respectivamente. El movimiento tampoco estaba confinado a republicanos: entre demócratas, el apoyo a prohibir esos tratamientos en menores pasó de 26 a 35 por ciento; el apoyo a exigir equipos deportivos según sexo de nacimiento llegó al 45 por ciento, desde 37 tres años antes.[4]

La misma población que conserva mayoritariamente el matrimonio homosexual puede rechazar políticas promovidas bajo la etiqueta de derechos LGBT y, al mismo tiempo, apoyar que una persona trans no sea despedida de su trabajo y oponerse a que un menor reciba determinadas intervenciones médicas; Pew encontraba precisamente ambas cosas al mismo tiempo: 56 por ciento apoyaba protecciones contra discriminación para personas trans y 56 por ciento apoyaba prohibir tratamientos de transición para menores.[4]

Resulta difícil seguir presentando «derechos LGBT» como si designara una sola variable cuando el mismo ciudadano puede respaldar el matrimonio entre dos hombres, proteger laboralmente a una persona trans, rechazar hormonas para menores y querer que el deporte femenino se organice según sexo. Para el departamento de comunicación quizá todo entre bajo un mismo arcoíris. Para la cabeza del votante, aparentemente no.
Incluso dentro de la propia población agrupada por las letras aparecen fracturas importantes. En la encuesta de Pew de 2025, los adultos trans se oponían en un 75 por ciento a una prohibición de tratamientos de transición para menores; entre gays y lesbianas, la oposición era 47 por ciento. En deporte, 75 por ciento de los encuestados trans rechazaba exigir equipos según sexo de nacimiento, frente a 35 por ciento entre gays y lesbianas.[5] No estamos mirando pequeñas diferencias de intensidad dentro de una doctrina compartida. En algunos asuntos hay distancias de cuarenta puntos entre poblaciones que la comunicación institucional presenta rutinariamente mediante una sola sigla.

La historia reciente ofrece además una paradoja particularmente fea. El movimiento homosexual consiguió buena parte de su legitimidad pública reduciendo el área del conflicto. Dos adultos querían construir una vida juntos. Nadie perdía un derecho porque ellos pudieran hacerlo. La despenalización retiraba al Estado del dormitorio; el matrimonio igualitario extendía una institución existente; las leyes antidiscriminatorias impedían que una característica privada funcionara como permiso para excluir a alguien del trabajo o de un servicio. Había debates reales detrás de cada conquista, pero el núcleo de la demanda podía comprenderse sin adoptar una teoría general de la sociedad.
Una parte considerable del programa asociado hoy a LGBT funciona de otra manera. Pide decidir qué cuenta como hombre o mujer en instituciones organizadas por sexo; qué lenguaje puede considerarse discriminatorio; qué debe enseñar una escuela; cuándo un menor posee capacidad suficiente para participar en decisiones médicas de consecuencias prolongadas; qué criterio organiza determinadas categorías deportivas. Cada asunto introduce terceros, instituciones, bienes en conflicto y preguntas que no aparecían cuando dos adultos pedían que el Estado dejara de impedirles casarse.
Meter todo eso en una misma bolsa y escribir «derechos» afuera produce una ventaja retórica considerable. Quien rechaza cualquier elemento del paquete puede ser descrito como alguien contrario a los derechos LGBT. También produce una factura.
Cuando las reivindicaciones se presentan colectivamente, el rechazo puede volverse colectivo. Una organización utiliza gays, lesbianas y bisexuales para aumentar el tamaño político del sujeto al que representa al promover una política sobre género; esos mismos gays, lesbianas y bisexuales permanecen dentro de la fotografía si la política genera resistencia. La G sirve para sumar autoridad en la ida y no puede desaparecer mágicamente durante la vuelta; ésa es la externalidad coalicional en su forma menos abstracta.
Durante décadas se acumuló un capital social alrededor de la homosexualidad. Vecinos descubrieron que la pareja gay del apartamento de al lado no había provocado el Apocalipsis. Padres que inicialmente temían por un hijo terminaron conociendo a su novio. El matrimonio igualitario dejó de ser una amenaza teórica y se transformó en dos señores discutiendo quién había olvidado comprar detergente. La normalización hizo su trabajo porque la experiencia cotidiana desinfló fantasías políticas bastante más espectaculares que la vida real. Ese capital empezó después a circular como respaldo de una marca mucho más extensa.
La estrategia era comprensible. Si «gay rights» había adquirido legitimidad, incorporar nuevas demandas dentro de «LGBT rights» permitía heredar parte de esa legitimidad. La continuidad histórica entre poblaciones perseguidas hacía el resto. Cada nueva controversia llegaba acompañada de una analogía preparada: ustedes también rechazaron a los homosexuales; ustedes también dijeron que el matrimonio gay destruiría la sociedad; ésta es simplemente la siguiente frontera de los derechos civiles.
Las analogías funcionan hasta que empiezan a sustituir argumentos. Que una sociedad se haya equivocado al criminalizar la homosexualidad no demuestra que deba aceptar cualquier política posterior defendida por organizaciones LGBT. La persecución pasada de gays y lesbianas no resuelve qué hacer con bloqueadores puberales, categorías deportivas o lenguaje obligatorio. El matrimonio entre dos hombres no constituye un ensayo clínico cuyos resultados puedan extrapolarse a endocrinología pediátrica. Sin embargo, durante años disentir con la nueva agenda pudo presentarse como repetir exactamente la vieja homofobia con otra víctima.
La comparación tenía además una capacidad disciplinaria extraordinaria hacia adentro. El homosexual que se apartaba de alguna posición no era simplemente un ciudadano con otro criterio; estaba colaborando con quienes antes habrían querido quitarle sus propios derechos. De este modo la memoria de la persecución podía utilizarse para asegurar obediencia presente.
El efecto político de semejante estrategia merece algo más que indignación retrospectiva. Esta serie sostiene que el empaquetamiento contribuye al backlash contemporáneo porque permite que controversias diferentes compartan reputación. No alcanza para explicar por sí solo el descenso observado en las encuestas. Estados Unidos atravesó durante esos mismos años una intensificación de la polarización partidaria, campañas conservadoras organizadas, decisiones judiciales, movilización religiosa y una presidencia que convirtió las cuestiones trans en tema político nacional. Atribuir seis puntos de Gallup a una causa única sería astrología con Excel.
Cuando una marca política insiste durante años en que matrimonio gay, transición infantil, identidad de género, deporte, lenguaje y una cantidad creciente de políticas constituyen partes inseparables de una misma causa, aumenta la posibilidad de que quienes rechazan una parte reevalúen también su relación con la marca completa. No es necesario que todos lo hagan ni que ésa sea la única fuente del retroceso para que el empaquetamiento facilite la transferencia.
Los datos recientes son compatibles con esa lectura porque muestran simultáneamente tres movimientos: el matrimonio homosexual conserva apoyo mayoritario; las políticas trans encuentran resistencias mayores, incluidas resistencias entre demócratas; y algunas medidas generales etiquetadas como derechos LGBTQ han retrocedido desde sus máximos. PRRI encontró en 2025 un 65 por ciento de apoyo al matrimonio igualitario y 72 por ciento a protecciones generales contra discriminación LGBTQ, ambas cifras inferiores a sus máximos de 2022, aunque todavía superiores a las de una década atrás.[6] Los datos no muestran un retroceso en bloque, sino un paquete que empieza a desarmarse.

Eso vuelve especialmente imprudente responder al backlash ampliando todavía más la obligación de adhesión interna. Cuando gays y lesbianas advierten que no comparten determinadas demandas, tratarlos como traidores consigue exactamente lo contrario de aquello que necesitaría una coalición inteligente: oculta información acerca de dónde dejó de existir el consenso. El disidente puede funcionar como sensor y decir antes que la encuesta dónde la narrativa colectiva empezó a romperse.
Puede estar equivocado, por supuesto, y también estar viendo una grieta que la burocracia no registra porque sus reuniones están llenas de personas que ya aceptaron el vocabulario de la institución. Una comunidad que castiga demasiado la disidencia termina obteniendo resultados estadísticos excelentes sobre sí misma: todos los que quedan piensan igual. Después llega una elección, una encuesta o una reacción cultural y parece que el país se volvió loco durante la noche. Quizá llevaba años hablando afuera de la reunión.
La respuesta habitual consiste en atribuir todo retroceso a una ofensiva reaccionaria. La ofensiva existe y tiene actores identificables; convertirla en explicación total concede al movimiento una inocencia histórica bastante infantil. Los adversarios políticos utilizan aquello que encuentran. Una campaña eficaz selecciona ejemplos capaces de activar intuiciones ya presentes, exagera algunos, inventa otros y repite los más rentables hasta agotarlos. Proporcionarle material particularmente fácil y después indignarse porque lo utiliza pertenece a una estrategia política cuya sofisticación rivaliza con dejar las llaves puestas y denunciar que el ladrón no respetó la propiedad privada. La responsabilidad de un adversario por explotar una controversia no vuelve sensata la controversia ni obliga al homosexual a inmolar su credibilidad para defenderla.
Ahí aparece quizá la consecuencia más incómoda del divorcio que propone esta serie. Separar LGB de TIQ+ no significa imaginar que nunca volverán a colaborar. Una coalición puede reunirse frente a una ley antidiscriminatoria, separarse ante una política pediátrica y volver a encontrarse cuando exista una agresión común. Así funcionan las alianzas entre adultos que no necesitan fingir parentesco ontológico para poder compartir una causa. La unidad permanente exige más obediencia. Para mantenerla hay que minimizar desacuerdos, disciplinar a quienes los hacen públicos y presentar cada nueva reivindicación como continuación necesaria de la anterior. El movimiento acaba dependiendo de que un gay que sólo quería vivir con otro hombre descubra cada pocos años una obligación política nueva incluida retroactivamente en su orientación.
Un día era el matrimonio; después llegaron el pronombre y el menor, más tarde la definición de mujer. Y cuando pregunta cuándo exactamente aceptó el paquete, alguien le informa que siempre estuvo incluido porque la bandera tenía su letra.
Una G impresa entre otras letras no constituye poder notarial.
La aceptación homosexual fue demasiado difícil de conquistar como para tratarla como capital gratuito disponible para cualquier doctrina posterior. Quienes quieran defender una política sobre identidad de género pueden hacerlo con sus argumentos, su evidencia, sus organizaciones y sus propios nombres. Si esos argumentos son buenos, no necesitarán esconderse detrás de Stonewall ni usar el matrimonio de dos hombres como escudo histórico. Si son malos, tampoco corresponde que nosotros paguemos la factura.
El backlash reciente todavía no ha devuelto a Estados Unidos al mundo anterior a Obergefell. Ha hecho algo más instructivo: demostró que ningún consenso social es una propiedad adquirida para siempre. En 2026, el apoyo al matrimonio igualitario seguía cuatro puntos por encima de 2016 y veintiuno por encima de 2010, pero seis puntos debajo de su máximo.[3] Una conquista puede consolidarse durante veinte años y después descubrir que la cultura continúa moviéndose.
La homosexualidad tardó décadas en convencer a buena parte de Occidente de algo bastante sencillo: dos adultos del mismo sexo podían vivir, coger, enamorarse, casarse o divorciarse sin que esa diferencia otorgara a nadie jurisdicción sobre sus vidas. Sería una ironía de una estupidez casi perfecta que termináramos perdiendo parte de ese consenso porque alguien decidió que, además, habíamos votado en bloque sobre todo lo demás.
Referencias
- Canada, Parliament. (2017). Bill C-16: An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code, S.C. 2017, c. 13. https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/c-16/royal-assent ↩ Volver
- Ontario Human Rights Commission. (s. f.). Questions and answers about gender identity and pronouns. https://www.ohrc.on.ca/en/questions-and-answers-about-gender-identity-and-pronouns ↩ Volver
- Jones, J. M. (2026, 3 de junio). U.S. Support for LGBTQ+ Issues Remains Down From Peak. Gallup. https://news.gallup.com/poll/710810/support-lgbtq-issues-remains-down-peak.aspx ↩ Volver: a b
- Pew Research Center. (2025, 26 de febrero). Americans have grown more supportive of restrictions for trans people in recent years. https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/02/26/americans-have-grown-more-supportive-of-restrictions-for-trans-people-in-recent-years/ ↩ Volver: a b
- Pew Research Center. (2025, 26 de febrero). Most LGBTQ adults expect Trump’s policies to affect gay, lesbian, bisexual and trans people negatively. https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/02/26/most-lgbtq-adults-expect-trumps-policies-to-affect-gay-lesbian-bisexual-and-trans-people-negatively/ ↩ Volver
- Public Religion Research Institute. (2026, 19 de marzo). Mapping Support for LGBTQ Rights Across the 50 States: Insights from PRRI’s 2025 American Values Atlas. https://prri.org/research/mapping-support-for-lgbtq-rights-across-the-50-states-insights-from-prris-2025-american-values-atlas/ ↩ Volver

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