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Dos feminismos y una palabra
Durante buena parte de su historia, el feminismo pudo utilizar la palabra mujer sin tener que detenerse demasiado a explicar quién entraba en ella. La categoría era discutida por dentro, atravesada por clase, raza, sexualidad, maternidad, trabajo y religión; podía esconder experiencias muy distintas y producir universalizaciones bastante torpes, pero conservaba un referente material relativamente estable. Las mujeres eran las personas de sexo femenino sobre quienes se habían distribuido determinadas expectativas, restricciones, trabajos y riesgos. Que aquellas expectativas fueran sociales no convertía al cuerpo en una ficción. Más bien ocurría lo contrario: el género era interesante políticamente porque una sociedad había hecho una cantidad extraordinaria de cosas alrededor de una diferencia corporal que nadie había pedido.
Una niña no necesitaba identificarse con la feminidad para que empezaran a tratarla según ella. Podía odiar los vestidos, negarse a jugar con muñecas, correr detrás de una pelota, preferir el barro y llegar a la adolescencia con la desagradable noticia de que ninguna de esas decisiones la había emancipado de la menstruación. La vieja intuición feminista tenía ahí parte de su fuerza. Ser mujer no exigía aprobar un examen de feminidad. Precisamente por eso el feminismo podía decir que muchas de las cosas asociadas con las mujeres eran imposiciones y no emanaciones de alguna esencia vaginal secreta que hacía amar espontáneamente las tareas domésticas y los repasadores con florcitas.
El gender-critical feminism conserva esa arquitectura. Holly Lawford-Smith parte de una idea que, hace unas décadas, habría resultado bastante menos exótica dentro del feminismo: el sexo designa una realidad corporal y el género nombra un orden social construido alrededor de ella. Masculinidad y feminidad aparecen entonces como expectativas, normas, premios y castigos distribuidos sobre dos clases sexuales. Una mujer puede ser masculina sin dejar de ser mujer; un hombre femenino continúa siendo hombre. La posibilidad misma de rebelarse contra el género depende de que la pertenencia a la clase no quede definida por el grado de conformidad con sus estereotipos.[1]
Kathleen Stock trabaja desde un ángulo algo distinto, aunque llega a una frontera parecida. Su interés se concentra en lo que ocurre cuando una identidad subjetiva comienza a utilizarse como criterio público para categorías que hasta entonces remitían al sexo. Nombre, presentación, posición social e incluso buena parte de las características visibles del cuerpo admiten cambios; alguien puede vivir durante décadas en un rol femenino y ser tratado por quienes lo rodean como una mujer. Nada de eso vuelve retrospectivamente femenino el sexo con el que nació ni obliga a que cada institución sustituya una clasificación por otra. Stock lleva esta distinción hasta lugares donde la discusión se traduce en decisiones concretas: estadísticas, medicina, deporte, prisiones, vestuarios, refugios. Ahí la palabra ya no participa solamente de una conversación sobre reconocimiento; alguien tiene que utilizarla para decidir algo.[2]
El feminismo queer llega por otra genealogía. Su sospecha se dirige justamente hacia la idea de que exista una categoría mujer capaz de presentarse como fundamento político previo a las normas que la producen. Judith Butler convirtió esa sospecha en una de las operaciones más influyentes de la teoría contemporánea. El género no expresa simplemente una identidad interior que ya estaba completa antes de aparecer en público; se constituye mediante repeticiones, expectativas, gestos, discursos y formas de reconocimiento que hacen inteligibles ciertos cuerpos y ciertas vidas. La mujer que parece representar naturalmente su sexo también ha aprendido una manera de ocuparlo. El varón heterosexual que se considera la criatura más espontánea de la naturaleza lleva años ensayando el papel, aunque se ofenda si alguien le avisa.[3]
La performatividad de Butler fue vulgarizada después hasta adquirir una versión que ella misma habría tenido dificultades para reconocer. En ciertos discursos populares, género terminó pareciéndose a una esencia interior soberana: uno mira hacia adentro, encuentra allí una identidad y la comunica al mundo, que debe actualizar inmediatamente sus casillas. Resulta una descendencia curiosa para una teoría construida contra la fantasía de un sujeto completamente transparente para sí mismo. Entre Gender Trouble y un formulario de recursos humanos con treinta y siete opciones ocurrieron varias cosas; atribuirle toda la taxonomía contemporánea a Butler sería darle demasiado crédito y demasiada culpa.
Su intervención sigue teniendo una consecuencia mucho más seria. Si las categorías sexuales y de género adquieren significado dentro de órdenes sociales, sus fronteras también pueden revisarse. Mujer deja de funcionar como un sustantivo cuya extensión queda resuelta de una vez por la biología y pasa a ser una categoría atravesada por reconocimiento, normas e historia. De allí resulta bastante más fácil concebir que una mujer trans pertenezca a la categoría política mujer aunque no pertenezca al sexo femenino. La incorporación puede presentarse como una ampliación semejante a otras que el feminismo tuvo que realizar cuando descubrió que su sujeto universal se parecía sospechosamente a una mujer blanca, heterosexual y de clase media.
Sally Haslanger complica todavía más la pelea porque se niega a ocupar dócilmente ninguno de los extremos. Su propuesta vincula género con posición social: ser mujer consiste, en su formulación clásica, en ocupar una posición de subordinación asociada a la percepción de características corporales que se toman como evidencia del papel reproductivo femenino. El cuerpo sigue allí, pero la clasificación social adquiere una importancia decisiva. Una persona puede ser tratada como mujer porque los demás creen que pertenece al sexo femenino, y esa creencia puede producir consecuencias materiales aunque sea equivocada. El portero del boliche que acosa, el jefe que discrimina o el desconocido que insulta no solicitan cariotipo antes de empezar. La sociología suele trabajar con instrumentos menos sofisticados.[4]
Haslanger obliga a reconocer algo que una versión demasiado simple del gender-critical feminism podría perder: el sexo real y el sexo atribuido pueden producir efectos diferentes, y ambos son reales. Una mujer trans percibida socialmente como mujer puede recibir formas de hostigamiento que una sociedad reserva para quienes lee de ese modo. Su sexo no cambió porque un desconocido la haya tratado como mujer; tampoco desaparece el hecho social de haber sido tratada así. Las dos afirmaciones caben en la misma habitación sin necesitar que una expulse a la otra por transfóbica o que la otra llame patriarcado al picaporte.
La dificultad institucional aparece cuando la palabra tiene que decidir pertenencia. Una teoría usa mujer para nombrar una clase sexual, otra para describir una posición social y otra para señalar una identidad reconocida. Mientras cada uso permanece dentro de su propio problema, la polisemia resulta administrable. Empieza a hacer ruido cuando se supone que haber mostrado la utilidad de una definición en un dominio obliga a las demás instituciones a adoptarla.
Durante años, una mujer trans puede ocupar una posición social femenina, es percibida como tal y recibe algunas de las sanciones dirigidas a quienes son leídas como mujeres. Esa experiencia resulta decisiva para estudiar discriminación laboral, interacción cotidiana o violencia basada en percepción. Si después se pregunta quién pertenece a una categoría deportiva creada alrededor del sexo, la experiencia social anterior no responde por sí sola. Se cambió de dominio sin avisar y la misma palabra está siendo obligada a transportar otra clase de información.
Para el gender-critical feminism, conservar mujer como categoría basada en sexo permite identificar una población sobre la cual operan procesos que no dependen de cómo cada individuo se perciba: reproducción, embarazo, determinadas patologías, diferencias físicas promedio, explotación sexual, formas históricas de subordinación y normas de feminidad impuestas desde afuera. Si la pertenencia termina dependiendo de identidad, la categoría deja de coincidir necesariamente con la población a la que aquellas estructuras fueron aplicadas.
El feminismo queer observa otra pérdida. Una definición cerrada por sexo deja como extranjeras a personas cuya vida social, presentación, vulnerabilidad y autocomprensión se desarrollan enteramente dentro de lo femenino. La categoría política corre el riesgo de convertirse en una aduana ontológica donde el cuerpo del nacimiento conserva para siempre la última palabra. Desde ese punto de vista, exigir que una mujer trans permanezca fuera de mujer incluso cuando su vida cotidiana se desarrolla bajo ese reconocimiento parece menos una precisión taxonómica que una negativa a permitir que las categorías históricas cambien.
Las dos posiciones están defendiendo bienes diferentes y por eso hablan muchas veces una por encima de la otra. El gender-critical feminism teme que el sujeto político pierda el criterio que permitía identificarlo. Desde el feminismo queer, el problema es distinto: ese criterio deja fuera experiencias femeninas que el vocabulario anterior no sabía alojar. Mientras el desacuerdo permanezca en seminarios, artículos y peleas de Twitter, sobrevive durante años alimentándose de capturas de pantalla y de la energía renovable de personas convencidas de que otra persona está equivocada en internet.
Después aparece una puerta.
A veces es la de un vestuario, una cárcel, un refugio, una pista de atletismo o un programa reservado para mujeres. Ya no alcanza con decir que las categorías son históricas ni con repetir que el sexo es material. Hay una persona de cada lado y una institución obligada a decidir qué propiedad cuenta. La palabra mujer deja de ser solamente una pieza de teoría feminista y se convierte en criterio de acceso.
La disputa cambia en ese instante. Cada definición arrastra consecuencias que eran fáciles de dejar flotando mientras todo ocurría en el terreno de la teoría. Si mujer depende del sexo, algunas personas con identidad femenina quedan fuera de determinados espacios. Si depende de identidad, algunas personas de sexo masculino entran en espacios creados alrededor de la distinción sexual. Cuando ambos criterios se combinan sin jerarquía, la institución necesita resolver qué ocurre cuando apuntan en direcciones contrarias. A partir de ahí, la pelea ya no es sólo doctrinal.
Cuando una categoría tiene una función
Las categorías políticas suelen parecer más simples mientras nadie intenta utilizarlas para repartir nada. Pueden permanecer durante años en manifiestos, clases universitarias, documentos institucionales y discusiones sobre reconocimiento sin que nadie tenga que decidir qué consecuencias concretas se siguen de pertenecer a ellas. La dificultad empieza cuando una palabra abre una inscripción, reserva una plaza, separa una competición, modifica una estadística o determina quién comparte un espacio de intimidad corporal.
Las categorías femeninas aparecieron en muchos de esos ámbitos porque el sexo producía consecuencias que una clasificación indiferenciada no podía absorber sin perjuicio para las mujeres. En el deporte, la división permitió competir dentro de una clase corporal donde las diferencias sexuales de rendimiento no convirtieran la participación femenina en una excursión pedagógica hacia la derrota. En determinadas políticas laborales, la categoría permitió observar discriminaciones vinculadas con embarazo, maternidad, acceso histórico a profesiones o distribución desigual de trabajos. En cárceles, refugios y vestuarios, el sexo intervino también en decisiones sobre privacidad, convivencia y exposición corporal.
Nada de eso convierte todas las categorías llamadas mujer en copias exactas. Una estadística sanitaria puede necesitar saber, según el problema, quién posee cuello uterino; una encuesta sobre discriminación puede necesitar saber quién es socialmente percibido como mujer; un estudio sobre personas trans registra identidad de género; una competición deportiva organiza otra clase de diferencia. El nombre puede repetirse mientras cambia la información que la institución necesita.
La confusión aparece cuando una definición obtenida para resolver uno de esos asuntos se presenta como obligatoria para todos los demás. Si una persona vive socialmente como mujer, ese dato puede resultar indispensable para comprender ciertas experiencias de discriminación. No responde automáticamente quién pertenece a una clasificación deportiva basada en sexo. Si una política sanitaria necesita registrar sexo, tampoco ha descubierto por ese motivo la esencia completa de la feminidad ni adquirido competencia metafísica para resolver cómo alguien debe presentarse en su vida cotidiana.
Durante años se ha pedido a una sola palabra que cargue demasiados paquetes.
Una institución más cuidadosa empieza por algo bastante menos ambicioso: identificar qué diferencia necesita registrar y para qué. A veces será sexo. Otras veces identidad de género. En determinadas investigaciones convendrá recoger ambas variables y dejar de comportarse como si una casilla tuviera la obligación de resolver toda la antropología humana antes del almuerzo.
Esta forma de razonar desplaza una parte importante de la disputa. La pertenencia deja de depender exclusivamente de cuál definición general de mujer consiga imponerse y empieza a relacionarse con la finalidad concreta de la clasificación. Una categoría deportiva femenina y una categoría utilizada para estudiar misoginia no tienen por qué seleccionar exactamente la misma población. La primera puede estar organizada alrededor de diferencias sexuales relevantes para la competición; la segunda puede incluir, según el objeto del estudio, experiencias producidas por percepción social, presentación o identidad.
Las fronteras institucionales siempre hacen alguna selección. Esa característica suele quedar ocultada por el prestigio moral contemporáneo de la palabra inclusión. Incluir parece una acción que se explica sola; excluir exige interrogatorio, testigos y posiblemente un comité. Pero cualquier categoría que conserve contenido deja algo afuera. Una competición sub-18 excluye adultos. Una categoría por peso deja fuera a quien supera el límite aunque sea extraordinariamente amable. Un programa dirigido a embarazadas selecciona personas capaces de encontrarse en esa condición y no se vuelve discriminatorio porque un señor tenga un profundo compromiso emocional con la obstetricia. La legitimidad de la selección depende de la relación entre el criterio utilizado y aquello que la institución intenta hacer.
Impedir que una mujer participe en una elección porque es mujer utiliza el sexo donde carece de relevancia legítima. Reservar una competición femenina para personas de sexo femenino lo utiliza porque la categoría fue creada alrededor de diferencias sexuales que afectan la competición. La misma variable resulta jurídicamente sospechosa en un contexto y necesaria en otro.
Parte de la expansión contemporánea de la identidad de género ocurrió bajo una intuición distinta: cuando una persona es reconocida socialmente como mujer, las categorías que utilizan esa palabra deberían acompañar ese reconocimiento. En muchos ámbitos cotidianos eso puede ocurrir sin conflicto relevante. El nombre con el que alguien se presenta, su vestimenta, su trato social o la manera en que organiza su vida privada no requieren una inspección de la historia sexual de la persona cada vez que pide un café. Sería una sociedad bastante insoportable si el mozo necesitara completar una anamnesis antes de decir «señora».
Las instituciones protegidas plantean otra clase de decisión porque allí la pertenencia entrega acceso a algo cuya distribución depende de una frontera. Una plaza deportiva, un pabellón, una cuota, un dormitorio protegido o una categoría estadística no cumplen la misma función que una fórmula de cortesía. El reconocimiento interpersonal puede ser amplísimo y la clasificación institucional seguir, en ciertos casos, criterios más estrechos.
En la discusión pública aparece una escena habitual: toda negativa a trasladar identidad de género a una categoría basada en sexo se interpreta como una negativa a reconocer la existencia social de la persona. Así, una discusión acerca de elegibilidad deportiva termina convertida en plebiscito sobre la dignidad humana de alguien; la temperatura moral sube y la precisión baja hasta quedar en ropa interior.
La historia del feminismo vuelve especialmente sensible este desplazamiento. Muchas de sus categorías políticas surgieron porque determinados cuerpos eran tratados de determinada manera antes de que sus propietarias formularan una identidad sobre ellos. Una niña podía ser sexualizada, apartada de estudios, preparada para trabajos domésticos o expuesta a un embarazo mucho antes de haber desarrollado ninguna teoría sobre su género. La subordinación encontraba el cuerpo primero y las palabras después.
La secuencia no explica todos los efectos contemporáneos del género, pero conserva información política. Si una categoría fue construida para identificar una población expuesta a determinada desventaja por su sexo, cambiar el criterio de pertenencia modifica también la población sobre la que actúa la política. Puede haber buenas razones para crear protecciones adicionales, reconocer nuevas vulnerabilidades o diseñar instituciones paralelas. Nada obliga a hacerlo alterando la categoría anterior.
La solución parece menos elegante que una única definición universal de mujer, pero las instituciones reales rara vez agradecen la elegancia metafísica. Necesitan saber qué están midiendo. Un hospital registra sexo e identidad de género en campos separados.[5] Una política contra la discriminación protege expresamente a las personas trans sin declarar irrelevante el sexo. Una federación deportiva reserva una categoría y organiza otra bajo criterios diferentes. El mundo administrativo sobrevivirá a tener dos casillas.
La alternativa consiste en utilizar identidad como criterio general y reconstruir después, mediante excepciones, las diferencias que el criterio anterior concentraba. Entonces aparecen fórmulas cada vez más largas: mujeres, personas con determinadas anatomías, personas que menstrúan, personas gestantes, atletas que atravesaron o no determinada pubertad, internos con ciertos antecedentes fisiológicos. La vieja categoría deja de funcionar como criterio general y reaparece convertida en una enumeración de propiedades que antes estaban aproximadamente contenidas en ella.
El gender-critical feminism teme que mujer pierda capacidad para identificar una clase sexual sobre la que actuaron históricamente determinadas formas de subordinación. El feminismo queer señala, en cambio, el costo de dejar fuera a personas cuya vida social se desarrolla bajo una identidad femenina y que sufren violencia o exclusión relacionadas con ella. Ese segundo problema exige políticas propias; no se sigue de ahí que una definición deba absorber a la otra.
Hay mujeres trans que necesitan protección específica frente a discriminación, violencia o victimización. También hay mujeres de sexo femenino que reclaman que determinados espacios sigan organizados alrededor del sexo. La arquitectura institucional empieza a deteriorarse cuando la única manera imaginable de proteger a la primera población consiste en modificar la categoría creada para la segunda.
La pregunta útil es qué propiedad justificó construir cada frontera. La respuesta no será idéntica en una pista de atletismo, una prisión, una empresa o un refugio. Ahí es donde la teoría va a tener que ensuciarse las manos.
La redefinición silenciosa
Las categorías rara vez anuncian que han cambiado de naturaleza. Conservan el nombre, la tipografía, el lugar en los formularios y buena parte de la retórica que las rodea. Lo que se modifica es el criterio mediante el cual alguien entra en ellas. Desde afuera parece una ampliación; por dentro puede haber ocurrido algo bastante más profundo.
Durante décadas, una categoría como mujer admitió una cantidad enorme de diferencias internas sin perder su principio de pertenencia. Heterosexual, lesbiana, fértil, estéril, madre, monja, atleta, ejecutiva, trabajadora sexual, masculina, femenina, rica, pobre, blanca, negra, joven o anciana: esas diferencias modificaban radicalmente la vida concreta de quienes integraban la categoría, pero ninguna sustituía el sexo como condición de pertenencia. La ampliación ocurría dentro del mismo objeto.
Otra operación empieza cuando la inclusión exige incorporar personas de sexo masculino por identidad de género. La modificación parece lingüísticamente pequeña: la palabra permanece y la población se amplía. Sin embargo, ya no estamos agregando variación dentro de la misma clase. Estamos introduciendo un nuevo principio capaz de determinar pertenencia.
Una categoría se expande de maneras distintas. Puede descubrir que aplicaba de forma demasiado estrecha su propio criterio: una definición jurídica de ciudadanía que excluye a determinadas minorías étnicas puede ampliarse sin abandonar la idea de ciudadanía, y una categoría de trabajadores puede incorporar ocupaciones antes ignoradas. Otra cosa ocurre cuando se sustituye el criterio. Si una asociación creada para personas menores de dieciocho años comienza a admitir adultos que se identifican con la adolescencia, conservar la palabra juvenil no resuelve qué acaba de pasar.
La comparación parece absurda porque la identidad de género posee una historia, una fenomenología y una densidad social que una supuesta identidad etaria no tiene. Por eso conviene conservar la diferencia entre la analogía lógica y los fenómenos comparados. Lo que interesa es la operación categorial: una propiedad externa deja de ser condición suficiente o necesaria y una forma de autoadscripción adquiere capacidad de modificar la frontera.
El problema aparece cuando la palabra empieza a desempeñar dos funciones que no siempre coinciden. Debe seguir nombrando a la población sobre la cual actúan procesos ligados al sexo y, simultáneamente, incluir a personas cuyo acceso depende de identidad. Mientras ambas propiedades coinciden, la tensión pasa inadvertida; cuando se separan, la institución necesita decidir qué hacer con el desacuerdo entre cuerpo e identidad.
La salida más habitual consiste en reconstruir por debajo las diferencias que la categoría general dejó de conservar. Aparecen nuevas expresiones para hablar de aquello que antes se nombraba de manera bastante directa. Si mujer deja de garantizar sexo femenino, una política sanitaria especifica mujeres con cuello uterino, personas gestantes, personas que menstrúan o pacientes con determinada anatomía. Algunas expresiones pueden ser útiles en contextos médicos concretos; el cambio interesante está en por qué comenzaron a ser necesarias con tanta frecuencia.
Algo semejante ocurre con las estadísticas. Si una base de datos registra únicamente género y después necesita conocer diferencias sexuales en mortalidad, enfermedades, embarazo o violencia, deberá recuperar el dato por otra vía. Los sistemas administrativos sobreviven a varias columnas. La rareza aparece cuando primero se declara que la distinción sexual es demasiado limitada para clasificar y luego se reconstruye cuidadosamente porque los datos siguen dependiendo de ella.[5]
El deporte vuelve visible esa operación con una crudeza particular. Si female deja de significar pertenencia al sexo femenino y comienza a admitir identidad de género como criterio, todavía habrá que determinar qué hacer con las diferencias corporales que justificaron separar la competición. Entonces reaparecen pubertad, testosterona, masa muscular, estructura corporal, historial hormonal y tiempos de transición.[6] El criterio que se quiso abandonar regresa fragmentado en media docena de variables, acompañado ahora por informes, certificados y discusiones sobre cuánto de cada característica cuenta como demasiado.
El resultado puede terminar siendo más intrusivo que la clasificación anterior. Una regla que originalmente preguntaba por sexo acaba investigando biografías endocrinas, historiales de tratamiento y umbrales cuya relevancia debe discutirse caso por caso.
La resistencia gender-critical frente a los modelos individualizados de elegibilidad nace en parte de ahí. Si la categoría femenina existe para proteger una clase sexual, convertir cada caso en una evaluación de ventaja personal transforma la naturaleza de la regla. Una mujer particularmente alta, fuerte o genéticamente favorecida no tiene que demostrar que sigue siendo suficientemente femenina para competir con otras mujeres. Su excepcionalidad ocurre dentro de la clase. El criterio de pertenencia no depende de que reproduzca el promedio de sus integrantes.
Las excepciones biológicas tampoco eliminan la clase. Las variaciones del desarrollo sexual pueden generar casos difíciles, algunos especialmente difíciles para cualquier sistema clasificatorio que pretenda funcionar con botones grandes y respuestas instantáneas. La existencia de bordes complejos obliga a disponer de protocolos para esos bordes; no convierte automáticamente una categoría sexual en una categoría de identidad.
La medicina convive con esos bordes. Las categorías biológicas rara vez ofrecen la pulcritud de un diagrama escolar. Hay anomalías, mosaicos, variaciones anatómicas, síndromes que mezclan características esperadas y pacientes empeñados en recordarle al manual que la naturaleza no firmó ningún contrato de simplicidad. La reacción científica habitual consiste en describir mejor la excepción, no en concluir que toda la clasificación anterior era imaginaria.
La política identitaria introduce otra tentación porque la excepción puede adquirir, en ciertas discusiones, valor normativo. Si existe una persona difícil de ubicar, la propia dificultad comienza a presentarse como prueba de que la regla es injusta. El movimiento es intelectualmente seductor: donde aparece una anomalía, se sospecha de la clasificación entera. Las categorías útiles no necesitan exhaustividad metafísica; necesitan discriminar suficientemente aquello para lo que fueron creadas.
Nada de eso impide reconocer casos de desarrollo sexual excepcional y mantener una categoría femenina basada en sexo, ni reconocer mujeres trans sin convertir identidad en el criterio de entrada a cualquier espacio femenino. Sexo e identidad también se registran por separado cuando el problema exige ambas variables. Incluso el uso social más amplio de mujer convive con female en función estrictamente sexual en ciertos contextos. La convivencia lingüística es menos elegante que una definición única, pero probablemente se parezca más al mundo.
La resistencia a estas distinciones suele apoyarse en una intuición moral comprensible: crear categorías diferentes parece producir ciudadanos de primera y segunda. Esa asociación entre diferencia y jerarquía tiene detrás una historia suficientemente desagradable como para que nadie deba tomársela a la ligera. También puede convertirse, sin embargo, en un reflejo. Dos categorías diferentes no son jerárquicas por definición; lo serán si distribuyen dignidad, derechos o recursos de manera injustificada.
El feminismo conoció durante mucho tiempo esa paradoja. Para combatir desigualdades producidas por sexo tuvo que insistir en que el sexo no debía determinar capacidades, destinos ni valor social y, al mismo tiempo, conservarlo como variable capaz de revelar quién estaba siendo perjudicado. La emancipación no exigía dejar de contar mujeres. Exigía dejar de utilizar el hecho de ser mujer como argumento para mantenerlas fuera de aquello donde el sexo no tenía nada que hacer.
La discusión contemporánea introduce un giro adicional: una categoría conquistada para hacer visible una desigualdad queda acusada de exclusión precisamente por conservar el criterio que permitió identificarla. El movimiento es potente porque utiliza el lenguaje moral de las luchas anteriores. En algunos contextos retirar ese criterio continúa la emancipación; en otros elimina la función que justificaba la categoría.
La palabra inclusión necesita algo más que buena reputación. Hay que preguntar quién entra, mediante qué criterio y qué ocurre con la razón por la cual el espacio había sido delimitado. Según el caso, una modificación mejora la institución o mantiene el nombre mientras cambia aquello que estaba destinada a proteger.
Cuando la definición controla una puerta
La discusión cambia de textura cuando la categoría deja de circular entre libros y tiene que organizar cuerpos en el espacio. Una federación deportiva debe decidir quién compite con quién; una cárcel, dónde aloja a cada interno; un refugio, quién duerme en qué habitación; una empresa, qué población intenta alcanzar con una cuota o un programa de promoción. Hasta ese momento podía hablarse de reconocimiento, identidad, inclusión o exclusión con relativa libertad. Frente a una puerta real, alguien termina encargado de la llave.
El deporte de élite ofrece la versión más nítida porque la existencia de la categoría femenina ya contiene una explicación bastante clara. Si hombres y mujeres compitieran siempre dentro de una única clasificación, una parte importante del deporte femenino perdería sentido competitivo. La separación no fue inventada para afirmar que las mujeres constituyen una subespecie delicada necesitada de protección ceremonial; fue creada porque el dimorfismo sexual humano produce, después de la pubertad, diferencias corporales relevantes para numerosas disciplinas.[6] La categoría permite que las mujeres compitan dentro de una clase donde esas diferencias no vuelvan marginal su presencia en podios, récords, selecciones y carreras profesionales.
Ese origen importa más que la intención de cada atleta. Una mujer excepcionalmente fuerte no amenaza la categoría porque su fuerza ocurre dentro de la población para la cual fue construida. Tampoco una mujer alta, de brazos extraordinariamente largos o dotada de una genética poco considerada con sus rivales necesita demostrar que su ventaja sigue siendo suficientemente femenina. La competición deportiva está llena de desigualdades naturales; de hecho, gran parte de su encanto consiste en contemplar personas obscenamente favorecidas por una combinación de entrenamiento, talento y lotería biológica mientras el resto fingimos que con disciplina también habríamos corrido cien metros en diez segundos.
La separación por sexo introduce una frontera distinta de esas desigualdades internas. Intenta impedir que una ventaja estructural asociada a pertenecer a otra clase sexual reorganice la competición completa. Una vez que identidad de género adquiere capacidad para modificar la pertenencia, la categoría femenina deja de estar definida exclusivamente por aquello que justificó su creación.
Una solución individualizada parece, al principio, más sofisticada. Se podría investigar qué tratamiento recibió cada atleta, cuándo comenzó, cuánto duró la exposición a determinadas hormonas, qué cambios corporales persisten y hasta dónde alguno de esos rasgos conserva relevancia deportiva. El resultado es menos elegante de lo que promete. La categoría deja de apoyarse en un criterio común y pasa a depender de reconstrucciones retrospectivas, documentación médica, umbrales discutibles y una proliferación de situaciones intermedias.[7] Pubertad iniciada pero incompleta, bloqueo temprano, tratamiento irregular, interrupciones, documentación fragmentaria, diferencias individuales de desarrollo. La frontera que debía ofrecer una regla general termina convertida en una comisión médica permanente.
Además, el procedimiento modifica la carga que soporta la categoría. Las mujeres de sexo femenino entran por pertenencia a la clase; las mujeres trans entrarían mediante evaluación de cuánto de una historia masculina resulta todavía relevante. La propia admisión confirma que el sexo importa, sólo que ahora se lo reconstruye en fragmentos después de haber abandonado la frontera que permitía tratarlo como variable general.
Una categoría open evita buena parte de esa gimnasia conceptual. La categoría femenina mantiene su criterio sexual y la categoría abierta permite competir a quienes cumplan las demás condiciones reglamentarias sin que identidad de género tenga que reescribir la primera. Su implementación concreta dependerá del tamaño, los recursos y la estructura de cada deporte. Una federación grande puede disponer de opciones que no existen en un torneo regional con pocos participantes; la imposibilidad práctica de ofrecer siempre una división adicional no modifica la diferencia conceptual entre proteger una categoría y redefinirla.
El deporte recreativo vive bajo otra gravedad. Un partido entre amigos, una liga barrial o un entrenamiento social no distribuyen necesariamente carreras profesionales, récords o plazas olímpicas. Allí los acuerdos de quienes participan pueden hacer mucho más trabajo. Si un grupo decide jugar mezclado y nadie tiene objeciones, resulta difícil encontrar una tragedia civilizatoria escondida detrás de la pelota. La situación cambia cuando la inclusión de una persona exige que otras renuncien a una condición que consideraban parte del espacio: una competición sólo entre mujeres, un vestuario sexualmente segregado o determinada forma de privacidad corporal.
Obligar a aceptar esa modificación en nombre de la inclusión reproduce una estructura curiosa. La expectativa de una persona se convierte en obligación para otra. Una mujer que no desea desvestirse frente a alguien de sexo masculino deja de ser alguien con una frontera corporal y pasa a aparecer como obstáculo político. El conflicto puede resolverse localmente de muchas maneras, desde vestuarios individuales hasta horarios distintos o acuerdos específicos, pero convertir el consentimiento de las mujeres en una variable prescindible sería una forma bastante peculiar de emancipación femenina.
Las cárceles eliminan cualquier tentación de trasladar mecánicamente la solución deportiva. Allí nadie está intentando preservar una competición justa. Se administran convivencia forzada, vulnerabilidad, violencia y privacidad dentro de una institución que ya restringe casi todas las opciones ordinarias de salida. Una presa no puede decidir que rechaza determinada convivencia y volver a su casa.
La separación sexual adquirió en ese contexto una función propia. Las prisiones femeninas alojan a personas de sexo femenino; las masculinas, a personas de sexo masculino. La identidad trans introduce riesgos adicionales que una organización puramente binaria puede manejar mal algunos casos, especialmente cuando una persona trans presenta una vulnerabilidad elevada dentro del pabellón correspondiente a su sexo. Esa vulnerabilidad requiere protección. Convertirla en argumento para trasladar la frontera sexual de la prisión femenina produce otro efecto: la seguridad de unas internas queda subordinada a una regla de reconocimiento formulada para resolver la vulnerabilidad de otra población.
Hay una alternativa menos grandiosa y más administrativa: unidades protegidas específicas.
El nombre importa menos que su función. Pueden alojar internos cuya ubicación ordinaria los expone a riesgos especiales, con criterios que distingan antecedentes de violencia, vulnerabilidad, anatomía relevante para determinadas situaciones y necesidades de protección. Un hombre trans no tiene por qué ser enviado sin más a convivir con una población masculina donde quede especialmente expuesto. Una mujer trans tampoco necesita que su seguridad dependa de acceder a una cárcel femenina. El diseño institucional puede reconocer el riesgo sin convertir identidad en el criterio capaz de desplazar sexo.
Esta solución tampoco exige imaginar a las mujeres trans como peligrosas por definición. Sería una inferencia tan torpe como asumir que toda presa de sexo femenino es inofensiva porque comparte categoría con las demás. La pertenencia al pabellón y la evaluación individual de peligrosidad son operaciones diferentes. Una mujer condenada por agresiones violentas sigue perteneciendo a la población femenina; su riesgo se gestiona dentro de esa institución. Confundir ambas tareas produce políticas donde cada excepción amenaza con cambiar la clasificación general.
El mismo principio evita otro atajo frecuente. Que existan mujeres peligrosas para otras mujeres no vuelve irrelevante la separación sexual, del mismo modo que la existencia de una adolescente de diecisiete años más fuerte que un hombre de treinta no elimina las categorías etarias. Las poblaciones se organizan mediante propiedades generales y después gestionan la heterogeneidad que existe dentro de ellas. Pedir a una categoría que prediga perfectamente la conducta individual sería condenarla al fracaso antes de empezar.
Los refugios para víctimas de violencia colocan el conflicto en una escala más íntima. Allí la privacidad y el trauma pueden tener una relación directa con el sexo de quienes comparten dormitorios, baños o duchas. Una mujer que escapó de violencia masculina puede experimentar la presencia de cuerpos masculinos de una forma que ninguna declaración institucional consigue apagar por decreto. Exigirle que suprima esa respuesta para demostrar apertura convierte su vulnerabilidad en una especie de examen moral.
Una persona trans víctima de violencia necesita también protección. El error aparece cuando se supone que reconocer ambas necesidades obliga a colocar a todos en el mismo espacio privado. Un refugio puede compartir comedor, asistencia jurídica, atención psicológica, actividades y zonas comunes mientras dormitorios, duchas o determinadas áreas siguen organizados de manera diferenciada. En instalaciones pequeñas la arquitectura será más difícil y habrá que improvisar soluciones menos perfectas.
La privacidad corporal conserva una extraña tendencia a desaparecer en discusiones donde todo se formula como reconocimiento identitario. Vestuarios y duchas son quizá el ejemplo más banal. Durante décadas, aceptar que las personas podían preferir desnudarse frente a otras de su mismo sexo no exigía una teoría complicada de la mente humana. La redefinición identitaria transforma esa expectativa en algo negociable porque la identidad de quien entra pasa a tener prioridad sobre el sexo que las demás personas encuentran frente a sí.
Una sociedad puede ofrecer alternativas individuales, espacios unisex adicionales o mayor privacidad sin convertir todos los lugares anteriores en espacios mixtos por definición.
El trabajo plantea un tipo de dificultad diferente porque las expresiones derechos de las mujeres o políticas para mujeres reúnen intervenciones que persiguen objetivos muy distintos. Una licencia relacionada con embarazo responde a una condición corporal. Un programa para aumentar participación femenina en una profesión históricamente masculina puede intentar corregir una exclusión vinculada al sexo. Una política contra hostigamiento puede ocuparse de conductas dirigidas a quien es percibido socialmente como mujer. Un programa destinado a reducir discriminación contra personas trans tiene como población a quienes poseen esa condición.
Agrupar todos esos objetivos bajo una única definición produce resultados extraños. Si una empresa reserva plazas para mujeres porque intenta corregir una brecha histórica en el acceso de personas de sexo femenino y luego permite que identidad determine la pertenencia, la población beneficiaria dejó de coincidir por completo con aquella sobre la que se midió la desigualdad. Puede haber una razón adicional para incluir personas trans, pero esa razón debería formularse con su propio nombre en vez de esconderse dentro de la primera categoría.
La obsesión por una definición única de mujer vuelve innecesariamente difícil lo que un sistema de datos resuelve con bastante poca poesía. Sexo e identidad de género se registran por separado.[5] Una política analiza discriminación por sexo y discriminación por identidad; si ambas variables intervienen, se estudian ambas.
La medicina lleva esta necesidad hasta un punto difícil de ignorar. Algunas decisiones clínicas dependen de órganos, fisiología, exposición hormonal o capacidad reproductiva. Otras pueden depender de identidad, trato social, historia de transición o riesgos específicos asociados a determinadas intervenciones. El profesional necesita información suficientemente precisa para saber qué cuerpo está tratando y qué experiencia acompaña a ese cuerpo. Sustituir una variable por la otra empobrece el registro en ambos sentidos.
La misma separación permite analizar desigualdades laborales sin obligar a decidir primero una ontología completa del género. Una mujer trans puede sufrir acoso por ser percibida como mujer y discriminación específica por ser trans. Una mujer de sexo femenino enfrenta discriminación por embarazo, por maternidad anticipada por el empleador o por estereotipos dirigidos a su sexo. Algunas experiencias coincidirán; otras no. El aparato jurídico protege unas y otras sin fingir que tienen idéntica causa.
La tentación de resolver cada conflicto ampliando una categoría tiene una ventaja política evidente: parece evitar la creación de fronteras nuevas. A veces oculta, sin embargo, la pérdida de una frontera anterior. El resultado termina siendo especialmente extraño cuando la población originalmente protegida debe justificar por qué conserva algún interés propio que no quede absorbido por la categoría ampliada.
En deporte, la mujer pregunta por qué una clasificación construida alrededor de sexo ya no puede utilizar sexo como criterio suficiente. En una cárcel, pregunta por qué un espacio sexualmente segregado debe reorganizarse mediante identidad. En un refugio, por qué su expectativa de privacidad depende de la autodefinición de quien solicita entrar. En una política laboral, por qué una desigualdad medida sobre una población se repara distribuyendo parte de sus beneficios según otra variable. Ninguna de esas preguntas se responde pronunciando la palabra inclusión con suficiente solemnidad.
Las instituciones reconocen personas trans, las protegen contra discriminación, crean recursos específicos y garantizan acceso a servicios sin convertir cada espacio femenino en una frontera provisional. Eso exige más diseño que una definición universal y complica la administración. La realidad tiene esa vulgar costumbre de pedir presupuesto después de la teoría.
La alternativa parece más simple porque modifica una sola palabra: donde antes sexo determinaba pertenencia, entra identidad. Después empiezan las excepciones, los protocolos, los casos especiales y la reconstrucción de las diferencias materiales que la nueva definición dejó de conservar.
Cuatro teorías ante el mismo problema
Una institución no recibe de Lawford-Smith, Stock, Haslanger y Butler una respuesta única. Las cuatro pueden describir dimensiones que existen: cuerpos sexuados, identidades, posiciones sociales, normas que hacen inteligibles ciertos sujetos. Pero esas dimensiones no pesan igual cuando hay que convertirlas en una regla de pertenencia.
Holly Lawford-Smith parte del sexo. La categoría política mujeres conserva para ella una referencia material porque la subordinación femenina se organizó históricamente alrededor de las hembras humanas. El género aparece después, como conjunto de expectativas y relaciones sociales que recaen sobre esa población: feminidad obligatoria, papeles reproductivos, dependencia, restricciones económicas, sexualización. La vieja tarea feminista consistía justamente en romper la asociación entre haber nacido mujer y deber convertirse en determinado tipo de persona.
En una institución, esta concepción tiene una ventaja considerable: la pertenencia puede determinarse sin interrogar qué relación subjetiva mantiene cada individuo con masculinidad o feminidad. Una mujer puede odiar cada característica culturalmente asociada con su sexo y seguir dentro de la categoría. El feminismo no necesita comprobar si se siente suficientemente mujer. De hecho, preguntárselo habría resultado durante bastante tiempo una idea bastante antifeminista: la mujer masculina, la lesbiana butch o la adolescente que detestaba la feminidad no eran sospechosas de haber abandonado su sexo por incumplimiento de contrato.
Lawford-Smith ve en la noción contemporánea de identidad de género un desplazamiento de esa estructura. Si alguien puede pertenecer a la categoría mujer debido a una identidad femenina interior, aquello que antes debía ser criticado como sistema de normas corre el riesgo de reaparecer como información sobre quién es la persona. Lo que el feminismo había intentado separar vuelve a intervenir en la pertenencia, aunque mediante otro vocabulario y con una teoría subjetiva mucho más sofisticada que «las niñas prefieren rosa».
La objeción queer aparece enseguida. Una categoría puramente sexual puede describir con precisión una clase biológica y aun así queda corta frente a determinadas vidas sociales: hay personas trans que viven durante años como mujeres, son reconocidas así por prácticamente todo su entorno y reciben formas de hostigamiento dirigidas a ellas precisamente porque son leídas como mujeres. Lawford-Smith concede buena parte de esa descripción sin mover el criterio de pertenencia. Un hombre homosexual afeminado, por ejemplo, recibe insultos destinados a disciplinar feminidad y conoce bien el repertorio de humillaciones asociado a parecer «demasiado mujer»; eso no lo convierte en mujer.
Kathleen Stock llega a una conclusión cercana por un camino más analítico. Su interés está menos centrado en reconstruir la opresión femenina como clase y más en separar proposiciones que suelen quedar pegadas durante el debate. Que una identidad sea importante para la vida de una persona, merezca reconocimiento jurídico y haga injusta la discriminación contra ella no determina automáticamente qué categorías descriptivas deben modificarse. Sexo e identidad siguen siendo conceptos separables incluso cuando una vida concreta los vuelve inseparables en experiencia; una mujer trans puede organizar su existencia entera alrededor de una identidad femenina, modificar su cuerpo, su presentación y sus documentos y ser reconocida socialmente como mujer sin que de esa descripción se siga que su sexo se volvió femenino.
La distinción permite además que el lenguaje social opere con convenciones distintas según el contexto. En la vida social nos dirigimos a alguien del modo que esa persona prefiere; en medicina, deporte o determinadas estadísticas se registra también el sexo cuando resulta relevante. No hay contradicción lógica en esa convivencia. A veces hay, simplemente, una base de datos con dos columnas.
Stock ha utilizado la idea de ficción social para explicar parte de ese fenómeno, una formulación que tiene el mérito de la claridad y el defecto de llegar a la cena con un bidón de nafta. Para este recorrido no hace falta seguirla hasta allí. Una identidad puede ser fenomenológicamente real para quien la vive y socialmente real por sus efectos sin adquirir por ello la capacidad de alterar cada propiedad corporal relevante. La experiencia subjetiva no necesita ser falsa para que otra dimensión siga existiendo.[2]
Ese punto nos separa además de una versión tosca del materialismo que reduciría toda la existencia humana a genitales, cromosomas y una ficha de laboratorio. Nadie vive su sexo como una secuencia de resultados citogenéticos. Los cuerpos son interpretados, vestidos, deseados, rechazados y reconocidos dentro de sistemas culturales. La entrega anterior ya mostró hasta qué punto el deseo trabaja sobre cuerpos completos y significados incorporados, no sobre informes anatomopatológicos. La materialidad pone límites; la vida social construye bastante dentro de ellos.
Sally Haslanger ocupa una zona menos fácil de ordenar dentro de una oposición demasiado prolija. Su análisis de género empieza por la posición social que ocupa una persona, antes que por la identidad que declara. Una mujer, dentro de su propuesta clásica, es alguien sistemáticamente subordinado porque se la percibe o imagina como portadora de rasgos corporales asociados a la función reproductiva femenina. Por eso una mujer trans que pasa socialmente como mujer puede quedar, bajo determinadas condiciones, situada dentro de esa estructura aunque no pertenezca al sexo femenino: quien discrimina actúa sobre una lectura, correcta o equivocada, y no necesita conocer el cuerpo real.
Un empleador considera menos competente a alguien porque la lee como mujer; un desconocido la acosa sexualmente por el mismo motivo. La subordinación ocurre mediante percepción y no desaparece cuando después descubrimos que la clasificación inicial era incorrecta. Sexo material y posición social pueden desacoplarse.
Ser tratada como mujer resulta decisivo para estudiar misoginia y puede ser insuficiente para determinar elegibilidad en una competición basada en sexo. Una atleta que ocupó una posición social femenina durante toda su vida sigue perteneciendo a la clase sexual que la categoría deportiva separó originalmente. Esto no constituye un defecto accidental de Haslanger: su proyecto es político y ameliorativo, y una categoría construida para identificar relaciones de subordinación no tiene por qué funcionar también como reglamento deportivo.[8]
El sexo no agota la experiencia social y la identidad subjetiva tampoco la gobierna. Entre ambos existe una maquinaria de percepción, interpretación y jerarquía que puede tratar a las personas según propiedades que poseen, propiedades que los demás creen que poseen o signos asociados a ellas. El conflicto con el gender-critical feminism surge cuando esa posición social adquiere peso suficiente para modificar la extensión política de mujeres: Lawford-Smith quiere conservar una clase sexuada; Haslanger puede admitir, bajo su definición social, que alguien de sexo masculino quede situado en la categoría de género mujer. Entonces las teorías cuentan poblaciones diferentes.
Una política que estudie discriminación por embarazo encontrará más precisión en la primera. Para investigar hostigamiento dirigido a quienes son percibidos como mujeres, en cambio, puede hacer falta algo cercano a la segunda. Elegir una definición como «la verdadera» e imponerla a ambos problemas haría perder información.
Judith Butler lleva la sospecha más abajo. Si Haslanger todavía conserva una estructura capaz de relacionar ciertos cuerpos con determinadas posiciones sociales, Butler cuestiona la facilidad con que sexo mismo aparece como suelo prediscursivo perfectamente disponible. Los cuerpos existen, pero la manera de dividirlos, interpretarlos y convertir determinadas características en criterios fundamentales pertenece también a una historia. El cuerpo ofrece materialidad y resistencia; ninguna sociedad se relaciona con esa materialidad sin interpretación. Saber que una característica es anatómica no dice todavía por qué se convirtió en frontera política ni qué valor se le atribuyó.[9]
Para una teoría feminista, la intervención vuelve sospechosa la tentación de tomar mujeres como sujeto político completamente resuelto antes de la política. Las normas que producen feminidad, heterosexualidad y roles sexuales participan de la inteligibilidad mediante la cual reconocemos hombres y mujeres. Una categoría presentada como natural puede esconder una larga historia institucional.
El gender-critical feminism acepta una parte de ese movimiento y puede conceder que las sociedades interpretan sexualmente los cuerpos, exageran diferencias, convierten algunas en destino y fabrican roles alrededor de ellas. Rechaza que esa historicidad vuelva al sexo dependiente de la identidad. Butler y sus herederos queer preguntan entonces por qué otorgar al sexo una autoridad especial cuando una persona vive social y subjetivamente en otra categoría. La respuesta gender-critical remite a las instituciones cuyo propósito depende de consecuencias que el sexo produce con independencia de aquella autocomprensión.
En una competición femenina, Lawford-Smith puede responder que la categoría protege una clase sexual; Stock converge en que la elegibilidad material no se resuelve por identidad. Haslanger añade información que esa regla no captura: la atleta trans puede haber vivido como mujer y sufrido discriminaciones asociadas a esa posición. Butler recuerda que la categoría deportiva es histórica y que sus reglas cambian. Ninguno de esos datos, por sí solo, decide qué modificación conserva la función de la clasificación y cuál la sustituye por otra.
En una prisión, Haslanger puede mostrar por qué colocar a una mujer trans con hombres puede ignorar una trayectoria social y una vulnerabilidad reales. Ese dato no determina automáticamente el criterio del pabellón femenino. Las soluciones separadas, además, cargan con una objeción histórica seria: «protección específica» ha significado demasiadas veces inferioridad, abandono o segregación. Un pabellón especial que recibe menos recursos, impone mayor aislamiento o funciona como depósito no resuelve el problema.
La propuesta de conservar categorías sexuales y crear protecciones adicionales tiene, por tanto, un costo que no desaparece en el vocabulario. Hacen falta metros cuadrados, funcionarios, protocolos, acceso sanitario y suficiente población para que el recurso específico no equivalga a confinamiento solitario con branding inclusivo. La inclusión mediante redefinición parece administrativamente más barata porque usa instalaciones ya existentes; parte del costo se traslada entonces al interior de la categoría modificada.
Los refugios dejan otro residuo que ninguna definición ordena del todo. Desde una perspectiva queer, excluir a una mujer trans puede reproducir una forma de desconocimiento que contribuye a su vulnerabilidad. En un espacio pensado para mujeres traumatizadas por violencia masculina, sin embargo, el sexo de quienes comparten intimidad corporal puede dejar de ser un dato abstracto. Reconocer las dos necesidades no obliga a fingir que pertenecen a la misma clase para todos los efectos.
En la práctica, el feminismo queer suele extender reconocimiento hasta modificar fronteras categoriales. El gender-critical feminism conserva sexo como principio de determinadas clasificaciones y busca protecciones adicionales para experiencias que quedan fuera.
En ese punto ninguna teoría se esconde detrás de su vocabulario favorito. La institución debe convertir descripciones distintas en una regla de pertenencia y asumir los costos concretos de esa decisión.
Igualdad sin equivalencia
La igualdad política adquirió una relación extraña con la semejanza. Durante mucho tiempo, una parte importante de las luchas emancipatorias consistió en demostrar que diferencias reales entre personas o grupos no autorizaban a convertirlas en jerarquías. Tener otro sexo, otra orientación sexual o determinadas características corporales podía describir algo verdadero sin decir nada acerca del valor moral de quien las poseía. El derecho aprendió, con una lentitud irritante y abundante derramamiento de sangre, que tratar a dos personas como igualmente dignas no exigía demostrar primero que eran idénticas.
En algunas discusiones contemporáneas esa relación parece haberse invertido. Reconocer diferencias categoriales empieza a sentirse sospechoso porque la diferencia misma se interpreta como antesala de una desigualdad. Si una mujer trans no pertenece a la clase sexual femenina, la afirmación puede recibirse como si ya contuviera una opinión sobre cuánto merece ser respetada, qué derechos debería tener o hasta qué punto su vida resulta legítima. La descripción llega al debate cargando un juicio moral que todavía nadie formuló.
Ese acoplamiento vuelve especialmente difícil cualquier discusión sobre fronteras. Si distinguir equivale a degradar, la única política segura consiste en ampliar categorías hasta que todos los conflictos de pertenencia desaparezcan. La estrategia tiene una elegancia aparente. También deja sin herramientas para aquellos casos en los que la diferencia era justamente la razón por la cual una categoría existía.
La protección jurídica de las personas homosexuales ofrece un antecedente útil. Conseguir igualdad ante la ley nunca requirió demostrar que la homosexualidad y la heterosexualidad fueran el mismo fenómeno. Un hombre que desea hombres no necesita convertirse conceptualmente en una variante del heterosexual para poder casarse, heredar, trabajar, criar hijos o caminar por la calle sin recibir una paliza. La conquista política consistió en volver irrelevante su orientación allí donde carecía de justificación utilizarla contra él. Nadie tuvo que declarar que el deseo de un hombre por otro hombre ocupa exactamente el mismo lugar erótico que el de una mujer por un hombre para que ese hombre mereciera los mismos derechos. La diferencia se conservó porque había dejado de funcionar como permiso para la subordinación.
Con las personas trans puede operar una estructura semejante. Su protección frente a violencia, exclusión laboral, hostigamiento, arbitrariedad administrativa o negación de atención sanitaria no depende de convertir sexo e identidad de género en términos equivalentes. Una sociedad puede reconocer una identidad, facilitar una vida social acorde con ella y sancionar discriminaciones injustas mientras conserva el sexo como variable allí donde resulte materialmente relevante. La coexistencia exige soportar una dosis de complejidad que las consignas suelen considerar una falta de educación.
Buena parte del enfrentamiento entre feminismo queer y gender-critical feminism aparece porque cada tradición sospecha del lugar donde la otra coloca esa complejidad. El feminismo queer aprendió de una historia en la que las fronteras sirvieron demasiadas veces para excluir: quién era una mujer respetable, quién podía hablar por el movimiento, qué sexualidades merecían reconocimiento, qué cuerpos podían aparecer sin avergonzar a la comunidad. Esa memoria vuelve sospechosa una política que empieza dibujando líneas.
La sospecha importa, pero también puede adquirir la forma de una regla general: la frontera parece políticamente inferior a su eliminación. Entonces la inclusión deja de ser una herramienta entre otras y obtiene una ventaja argumentativa de partida; conservar una clasificación exige más justificación que ampliarla.
El gender-critical feminism conserva otra memoria. El feminismo necesitó identificar a las mujeres como clase para poder mostrar desigualdades que desaparecían cuando se trataban como una serie de historias individuales. La maternidad impuesta, la exclusión educativa, la dependencia económica, la violencia sexual, la división del trabajo y las restricciones jurídicas no recaían sobre personas que previamente hubieran declarado una identidad femenina. El cuerpo podía bastar para que la sociedad empezara a organizarles la vida.
Perder esa referencia sexual vuelve más difícil contar algunas de esas desigualdades. Si la población nombrada por mujeres empieza a determinarse por otra propiedad, los datos históricos y los programas construidos alrededor de la primera ya no mantienen necesariamente la misma extensión. Parte del problema puede solucionarse registrando variables con mayor precisión; la propia necesidad de hacerlo confirma que las variables continúan siendo distintas.
El desacuerdo se vuelve más manejable cuando dejamos de exigir que una palabra resuelva todas las capas a la vez. Una persona puede tener sexo masculino, identidad femenina, presentación social femenina y ser habitualmente percibida como mujer. Cada afirmación transporta información diferente. En algunos contextos una puede ser central y otra quedará prácticamente muda.
La insistencia en una categoría única obliga además a disputar constantemente quién posee legitimidad para hablar de experiencias que convendría nombrar con mayor precisión. Una investigación sobre embarazo puede definir la población capaz de embarazarse; otra sobre discriminación contra mujeres de sexo femenino en determinada profesión puede registrar esa población; la violencia contra personas trans requiere otra variable. Si el objeto es misoginia basada en percepción, habrá que observar cómo son leídas socialmente las personas estudiadas.
El lenguaje común seguirá siendo más sucio, como corresponde. Nadie quiere completar una ficha metodológica antes de presentarle una amiga a su madre. La vida cotidiana puede soportar ambigüedades que una estadística o una federación deportiva no admiten con la misma facilidad.
Las categorías funcionales tampoco garantizan justicia por el simple hecho de estar bien definidas. Una clasificación deportiva, una unidad protegida o un refugio diferenciado funcionan bien o mal según recursos, diseño, condiciones materiales y la forma concreta en que sean administrados.
El costo de las alternativas paralelas hay que pagarlo. Si la categoría open existe sólo en el reglamento y nunca hay competición, es poco más que decoración. Si un pabellón protegido significa aislamiento prolongado, la solución se volvió castigo. Si un refugio deriva a una persona trans a un lugar inexistente a cuarenta kilómetros, la burocracia resolvió el conflicto trasladando al ciudadano hasta que deje de aparecer en la planilla.
Que esas alternativas deban existir de verdad no convierte la absorción dentro de una categoría previa en la única salida imaginable. Obliga a diseñar mejor. Durante años las instituciones aprendieron a acomodar discapacidades, necesidades religiosas, maternidad y distintos riesgos sanitarios en situaciones donde tratar exactamente igual a todos habría producido resultados absurdos. La igualdad jurídica está llena de diferencias operativas.
La palabra segregación suele entrar en este punto con toda su artillería histórica. Tiene motivos: fue utilizada para sostener jerarquías raciales, excluir poblaciones y convertir separación en inferioridad legal. Pero no toda separación pertenece a esa genealogía moral. Hospitales tienen salas diferenciadas, deportes tienen categorías, cárceles separan poblaciones, escuelas organizan edades y algunos espacios preservan privacidad corporal. El juicio depende de qué separe, por qué, con qué consecuencias y qué posición ocupan quienes quedan a cada lado.
Una frontera protege en ciertos casos y degrada en otros; incluso hace ambas cosas para poblaciones distintas y obliga a rediseñar la institución. El nombre que le pongamos después no resuelve la distribución de costos.
El feminismo queer conserva razón al señalar que toda categoría adquiere, en determinadas circunstancias, una vida disciplinaria propia. Las mujeres que no encajaban con cierta feminidad lo aprendieron mucho antes de que existiera la palabra queer. Las lesbianas fueron sospechosas de no ser mujeres adecuadas; las mujeres masculinas fueron medicalizadas, ridiculizadas o convertidas en síntomas; quienes rechazaban maternidad o matrimonio descubrían que el género incluía bastante más policía social de la anunciada en los manuales de urbanidad.
Por esa historia resulta extraño volver a hacer depender mujer de una relación interior con la feminidad o con alguna identidad difícil de describir sin recurrir a símbolos, roles y sensaciones aprendidos dentro del mismo orden de género que se pretendía criticar. Una mujer gender-nonconforming había sido durante décadas una evidencia de que sexo y feminidad podían separarse. Si su falta de identificación con lo femenino empieza a contar como indicio de que quizá no sea mujer, el viejo corsé reaparece con un packaging conceptual bastante más caro.
El feminismo queer tiene respuestas a esa crítica. La identidad de género no necesita consistir en gusto por vestidos, maquillaje o domesticidad; involucra para muchas personas una relación profunda con el cuerpo, el reconocimiento, el nombre y la ubicación social. Esa complejidad merece ser tomada en serio y, precisamente por su carácter íntimo, vuelve más difícil utilizar identidad como criterio administrativo general.
Una diferencia profunda entre ambos feminismos aparece aquí. El feminismo queer parte de la experiencia de quienes buscan reconocimiento dentro de la categoría. El gender-critical feminism pregunta primero qué población permite identificar esa categoría cuando una institución necesita medir, separar o proteger algo. El choque llega cuando esas funciones no seleccionan a las mismas personas.
El conflicto no desaparecerá con una definición verbal suficientemente ingeniosa. Obliga a preguntar qué estamos intentando proteger cada vez que utilizamos una categoría y cuánto de ese objetivo sigue presente después de modificarla.
Durante buena parte de la política identitaria reciente, inclusión adquirió la ventaja retórica de parecer el punto final de esa conversación. Cuantas más personas entran, más justa parece la categoría. Ese razonamiento funciona bien en algunos espacios y peor en instituciones cuyo trabajo depende de distinguir una variable relevante.
El feminismo necesitó cuestionar innumerables fronteras impuestas a las mujeres y, al mismo tiempo, conservar una referencia suficiente para saber de quién estaba hablando. Revisar las categorías forma parte de la política; abandonarlas sin conservar información sobre la población que intentan representar crea otro problema. Queda una tarea menos épica: decidir qué distinciones siguen haciendo trabajo útil.
Hay ámbitos donde el sexo deja de importar por completo. En las instituciones examinadas aquí, en cambio, sigue organizando riesgos, cuerpos o desigualdades que la identidad no borra; cuando la identidad de género sea relevante, deberá registrarse como una variable distinta.
No siempre hay que abrirla ni cerrarla por costumbre: importa saber qué función cumple la separación y qué ocurre con quienes necesitan protección del otro lado. A veces hará falta otra entrada, y alguien tendrá que pagar la obra.
Referencias
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- Stock, K. (2021). Material girls: Why reality matters for feminism. Fleet. ↩ Volver: a b
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- Haslanger, S. (2000). Gender and race: (What) are they? (What) do we want them to be? Noûs, 34(1), 31–55. https://doi.org/10.1111/0029-4624.00201 ↩ Volver
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- Haslanger, S. (2012). Resisting reality: Social construction and social critique. Oxford University Press. ↩ Volver
- Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”. Routledge. ↩ Volver

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