El progresismo uruguayo actual, sus periodistas y lo que les dijo Félix Ulloa

Una defensa del modelo Bukele desde el liberalismo clásico, para quienes todavía creen que los derechos humanos empiezan y terminan en el expediente del acusado.

Daisy Tourné, el Frente Amplio que perdí y el arte de tener algo para decir

Antes de hablar de Félix Ulloa, Nayib Bukele y la extraordinaria facilidad con la que ciertos sectores de nuestra opinión pública distribuyen certificados de dictadura, quiero recuperar algo del baúl de los recuerdos. Un video de junio de 2009 que muestra a la entonces ministra del Interior, Daisy Tourné, dirigiéndose a un grupo de jóvenes socialistas. Lo encontré después de diecisiete años, lo escuché nuevamente y terminé bastante más emocionado de lo que esperaba. Porque detrás de aquella mujer de voz aguardentosa, gesticulación teatral, humor corrosivo y una capacidad envidiable para mandar al diablo las solemnidades políticas, había algo que hoy extraño profundamente: una dirigente que pensaba, polemizaba, discutía la seguridad pública y estaba dispuesta a criticar incluso a su propia fuerza política.

En aquella intervención, Daisy hablaba de lo que denominaba populismo penal represivo. Cuestionaba la utilización electoral del miedo y denunciaba la facilidad con la que determinados dirigentes prometían soluciones policiales sin explicar sus fundamentos. Ridiculizaba la consigna de tolerancia cero, reclamaba propuestas concretas y exigía un debate político de verdad. Pero su crítica tenía una particularidad que hoy parece una extravagancia revolucionaria: también apuntaba contra el Frente Amplio. Denunciaba los niveles de discusión parlamentaria y reprochaba a sus propios compañeros la falta de elaboración de propuestas serias sobre seguridad. Mientras algunos dirigentes preferían refugiarse en los éxitos de las políticas sociales, Daisy reclamaba que la izquierda asumiera también la responsabilidad de discutir la criminalidad y sus respuestas institucionales. Aquello le costó caro: dos días después de ese discurso renunció al Ministerio del Interior. No era precisamente una señora que confundiera la militancia partidaria con la obligación de aplaudir todo lo que hicieran sus compañeros.

Daisy fue ministra, diputada, senadora, maestra, fonoaudióloga y una de esas figuras políticas cuya personalidad excedía ampliamente el cargo que ocupaban. Podía ser histriónica, provocadora, excesiva y hasta ordinaria. Pero detrás del espectáculo había una dirigente con pensamiento político, una trayectoria intelectual y una voluntad de confrontación que no se agotaban en repetir las consignas del partido. Era una mujer capaz de discutir una idea, sostenerla públicamente y aceptar que la polémica tuviera consecuencias. La misma que podía recibir una crítica feroz desde una murga y reírse de sí misma. La política uruguaya ha tenido personas con las que podía discreparse profundamente y a las que, sin embargo, resultaba imposible acusar de no tener nada para decir. Daisy pertenecía a esa categoría.

Y voy a decir algo que quizá explique mejor que muchas declaraciones mi distancia actual con el Frente Amplio. Ese era mi Frente Amplio. El de dirigentes como Daisy Tourné, capaces de elaborar, discutir y cuestionar incluso dentro de su propia casa política. Hoy ya no me considero en condiciones de votar a esa fuerza, y lo digo con bastante más tristeza que satisfacción. No porque todas sus figuras actuales me parezcan despreciables, que sería una generalización tan burda como buena parte de las que critico, sino porque encuentro demasiada mediocridad disfrazada de convicción ideológica, demasiada consigna sustituyendo al pensamiento y demasiados opinólogos que confunden su indignación personal con una contribución al debate público. La izquierda que alguna vez admiré era capaz de producir dirigentes que discutían ideas. La versión que hoy domina el parlamento, la cúpula politica y demás deudos, parece producir una cantidad industrial de personas dispuestas a explicar por qué el adversario es moralmente inferior. Ya no hay Daisys ni en el frente, por lo que pedir debate serio es pedir milagros, y católico no soy. Entonces así está el debate político actual, una izquierda con más Instagram que Filosofía política y una derecha que usa un sustantivo, como “camioneta”, y cree que eso cierra un debate sobre cualquier tema que caiga en la opinion pública.

Me resulta especialmente interesante recuperar hoy aquella expresión de mi admirada Daisy, populismo penal represivo, cuando la palabra populismo se utiliza con tanta frecuencia para caracterizar a Bukele. Me pregunto qué habría pensado Daisy frente al caso salvadoreño, donde la discusión sobre severidad penal se encuentra atravesada por un fenómeno de pérdida de soberanía estatal, control territorial criminal y una transformación extraordinaria de las condiciones de seguridad. No tengo respuesta ni pretendo adjudicarle opiniones a una mujer que falleció y ya no puede defender sus propias ideas. Pero estoy convencido de que su manera de abordar la cuestión habría requerido discutir los argumentos, identificar las condiciones concretas y formular una posición política que fuera más allá de un adjetivo o un sustantivo sobre vehículos. Incluso si hubiera terminado discrepando conmigo radicalmente, habría sido una discrepancia que valdría la pena escuchar.

Quiero dejar el video de Daisy Tourné de junio de 2009 porque me parece un testimonio de una forma de hacer política que extraño. Y porque reencontrarme con su voz, su humor y su temperamento me emocionó lo suficiente como para decidir que voy a dedicarle otra publicación completa en esta página. Se la merece. La hermosa Daisy, con todos sus excesos, sus aciertos, sus contradicciones y aquella voz de tango y whisky, representa para mí una parte de la historia política uruguaya que merece algo más que el recuerdo de una polémica televisiva.

Precisamente por eso me interesa tanto el contraste con la visita del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. Porque escuchar a un dirigente extranjero desarrollar argumentos sobre seguridad, soberanía y derecho penal, mientras algunos de nuestros comentaristas parecen más interesados en interrumpirlo que en examinarlos, me recordó aquella exigencia de Daisy: debatir en serio. Diecisiete años después, seguimos necesitando que alguien golpee la mesa para recordarlo. Con la diferencia de que ahora tenemos infinitamente más micrófonos, muchas más pantallas y una sorprendente escasez de pensamiento que justifique tanto aparato.

De la filosofía jurídica a la paciencia de un vicepresidente

Hace algún tiempo escribí un ensayo titulado Cuando la cárcel escribe filosofía en hormigón: Bukele, El Salvador y sus resultados frente a los límites del liberalismo penal clásico. Son 54 páginas de análisis político, filosófico y jurídico sobre el fenómeno salvadoreño. En ellas examino la relación entre soberanía, seguridad, libertad y garantías procesales, recurriendo a Locke, Alexy, Bentham y otros autores que, por fortuna, desarrollaron sus ideas antes de que la discusión pública se redujera a intercambiar adjetivos por televisión. Dejo el enlace al final para quien tenga interés en leerlo y suficiente resistencia cardiovascular para soportar medio centenar de páginas de filosofía del derecho con mi prosa y mi exceso de florituras retóricas, anáforas, hipérboles, sinécdoques y todo el repertorio que aún recuerdo de mi época liceal.

En aquel ensayo procuré mantener una posición analítica equilibrada. Examino los resultados de Bukele, los fundamentos de su estrategia, las objeciones al régimen de excepción y los problemas que plantea la prolongación de medidas extraordinarias. También cuestiono algunas de las justificaciones que sus defensores mediáticos suelen dar por ganadas antes de haberlas argumentado. Considero que la solidez de una tesis depende de su capacidad para sobrevivir al examen crítico, incluso cuando el resultado favorece nuestras convicciones.

Sin embargo, la reciente visita a Uruguay del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa me llevó a escribir esta nueva reflexión. Particularmente, su entrevista en Desayunos Informales, donde Leonardo Haberkorn y sus colegas del equipo periodístico lo interrogaron sobre el gobierno de Nayib Bukele, el régimen de excepción y las denuncias de violaciones de derechos humanos.

También seguí su participación en En Perspectiva, conducida por Emiliano Cotelo, y su aparición en Esta Boca es Mía, donde la discusión adquirió por momentos una temperatura que decía bastante más sobre nuestro debate político que sobre la realidad salvadoreña.

Esta vez voy a adoptar una posición explícita: me pongo la bandera de Bukele y la levanto. Lo hago desde el liberalismo clásico, una tradición política a la que hoy en día adhiero y que considero perfectamente capaz de fundamentar una defensa de las medidas extraordinarias adoptadas por El Salvador frente a las maras. No necesito pedirle permiso al progresismo, al conservadurismo ni a los custodios autoproclamados de la moral democrática para formular ese argumento.

Además, escuchar a Ulloa me hizo reconsiderar algunas cuestiones de mi ensayo anterior. Su explicación sobre los procesos colectivos, la pertenencia a organizaciones terroristas y las reglas probatorias me llevó a ampliar mi defensa del régimen salvadoreño. Me parece una consecuencia perfectamente razonable de escuchar argumentos: cuando alguien desarrolla una justificación que uno no había considerado suficientemente, corresponde incorporarla al propio razonamiento. Cambiar una conclusión después de examinar nuevas premisas no constituye una traición intelectual. Constituye, aunque resulte sorprendente en el panorama político contemporáneo, una de las funciones para las que supuestamente tenemos cerebro.

Félix Ulloa respondió preguntas complejas, explicó la estructura de las organizaciones criminales, describió las reformas procesales y desarrolló las razones por las que su gobierno considera necesario mantener determinadas medidas excepcionales. Durante varios intercambios tuvo que interrumpir a sus propios entrevistadores para terminar una explicación o corregir interpretaciones que consideraba equivocadas. Su paciencia me pareció incluso excesiva. Me arriesgo a suponer que el propio Bukele, bastante menos diplomático en su manera de responder a determinadas críticas, habría utilizado un repertorio retórico considerablemente más contundente.

El problema, a mi juicio, estuvo en la dinámica de ciertos interrogatorios. Había preguntas legítimas sobre garantías individuales, detenciones y juicios colectivos. Pero también una insistencia en volver al mismo reproche, a veces antes de haber dejado concluir la respuesta correspondiente. La entrevista en Desayunos Informales, parecía avanzar por momentos mediante una curiosa metodología: preguntar, interrumpir, reformular la objeción y volver a preguntar como si la respuesta anterior hubiera sido un inconveniente administrativo.

Ulloa mantuvo el control de su argumentación. Con una serenidad que me resultó notable, continuó explicando por qué El Salvador había desarrollado una arquitectura penal diferente para enfrentar organizaciones criminales que, durante décadas, habían sometido a buena parte de su población. Y mientras lo escuchaba me preguntaba si sus interlocutores estaban interesados en comprender la estructura jurídica que describía o si simplemente esperaban encontrar una frase que pudiera transformarse en el próximo titular condenatorio.

Y entonces apareció una de las grandes especialidades de nuestra discusión pública: pronunciar la palabra dictadura con la solemnidad de quien acaba de formular una tesis doctoral y esperar que el resto del argumento se escriba solo.

Cuando la crítica política se confunde con los malos modales

En Esta Boca es Mía hubo un episodio que merece una mención particular. El doctor Miguel Fernández Galeano, colega mío por nuestra profesión médica, se dirigió al vicepresidente salvadoreño de una manera que me resultó extraordinariamente ordinaria, irrespetuosa y desagradable. Las diferencias políticas permiten una confrontación severa, incluso áspera. Pero recibir a una autoridad extranjera que está respondiendo las preguntas planteadas y convertir el intercambio en una exhibición de desdén personal me parece una forma bastante pobre de ejercer el debate público.

Fernández Galeano parecía particularmente interesado en demostrar su autoridad moral frente al invitado. Ignoro quién le extendió semejante título académico, dónde se rinde el examen correspondiente o si existe alguna institución encargada de acreditar la superioridad ética de los panelistas televisivos. Pero la escena me resultó bastante reveladora: mientras Ulloa intentaba desarrollar una explicación, su interlocutor parecía convencido de que la intensidad de su desaprobación constituía, en sí misma, un argumento suficiente.

Hay que reconocer también la extraordinaria templanza de Victoria Rodríguez, que durante aquel intercambio mantuvo una serenidad digna de una institutriz británica encargada de administrar una excursión escolar particularmente problemática. Cuando la discusión amenazaba con convertirse en un incidente diplomático producido por exceso de solemnidad moral, Victoria intervino con exquisita cortesía para concederle la palabra a otro panelista. Una maniobra ejecutada con la elegancia de quien retira discretamente una granada de la mesa antes de que algún entusiasta decida quitarle la anilla.

Y digo panelistas con toda intención. Algunos integrantes habituales de ese panel parecen confundir el debate con una competencia para determinar quién consigue exhibir mayor indignación por minuto. Ademas de Miguel, hay otros nombres que podría mencionar, aunque mi proverbial flema británica me impide semejante indiscreción. Apenas me permitiré señalar que cierta panelista, afortunadamente ausente aquella tarde, tiene un nombre que comienza con S y termina en oledad. Sobre lo que habría hecho de encontrarse presente, tengo mis sospechas. Pero no voy a especular gratuitamente sobre la conducta hipotética de una persona. Mi refinamiento aristocrático tiene límites, aunque por suerte todavía no hemos descubierto cuáles.

Y antes de que algún lector se apresure a concluir que mi crítica responde a la orientación política de los panelistas, le sugiero guardar el veneno para una ocasión más apropiada. Tengo bastante aprecio por las intervenciones de Pata y también reconozco las cualidades de Eleonora, dos mujeres que, a mi juicio, podrían haber protagonizado un intercambio formidable con un interlocutor tan afable y dispuesto a explicar sus argumentos como Ulloa. La discrepancia ideológica nunca me ha impedido reconocer inteligencia, capacidad argumentativa y talento para debatir. Lo que me resulta insoportable es la mediocridad intelectual presentada con la pompa de una superioridad moral que nadie ha tenido la amabilidad de demostrar.

Y acá viene algo que probablemente sorprenda a quienes conocen mis opiniones políticas: coincidí con Valeria Ripoll.

Sí, con Valeria Ripoll. La misma con la que mantengo profundas discrepancias político-filosóficas y a quien he criticado en redes sociales hasta en japonés. Si algún día me faltan idiomas para cuestionarle una postura, supongo que siempre podré recurrir al latín, que además le daría a mis insultos una respetabilidad académica completamente inmerecida.

Pero en esta ocasión considero acertado su señalamiento sobre la manera en que Fernández Galeano se estaba dirigiendo a Ulloa. Y se lo reconozco sin la menor dificultad. Aplaudo de pie esa intervención, porque la coherencia intelectual también exige admitir cuándo alguien con quien discrepamos habitualmente identifica correctamente un problema.

Lamentablemente, Ripoll, siendo Ripoll, con menos filtro que el café instantáneo y una capacidad casi sobrenatural para prescindir de cualquier protocolo diplomático, terminó de poner a prueba la integridad de la mucosa gástrica de la pobre Victoria. Porque después del intercambio con Fernández Galeano llegó Valeria y dijo lo que tenía que decir, con esa delicadeza suya que recuerda a una topadora ingresando en una cristalería. Y acá debo reiterar, para que no quede la menor duda: estoy completamente de acuerdo con Ripoll en haber puesto en su lugar al desubicado de Miguel Fernández Galeano. Sus formas pueden discutirse, su temperamento es perfectamente reconocible y su capacidad para convertir una observación razonable en un espectáculo de alto voltaje ya forma parte del patrimonio político nacional. Pero en esta ocasión la banco. La banco sin reservas, lo digo en español y, si es necesario, lo repito hasta en japonés. Que quede registrado para la posteridad, porque tampoco es frecuente que Valeria Ripoll y quien escribe terminen del mismo lado de una discusión.

Lo que no sé es cómo habrá sobrevivido Victoria Rodríguez a semejante sucesión de intervenciones. Primero, el doctor Fernández Galeano ejerciendo su magisterio moral ante el vicepresidente de una nación extranjera; después, Ripoll entrando en escena con la sutileza habitual de un operativo de demolición. Mientras tanto, Vicky, impecable, administrando turnos de palabra, conservando la sonrisa y tratando de impedir que el estudio de Esta Boca es Mía terminara convertido en una sucursal improvisada de la Cancillería para la resolución de incidentes diplomáticos. Si aquella mujer no desarrolló una úlcera gastroduodenal, merece ser incorporada inmediatamente a un estudio sobre factores protectores de la mucosa gástrica frente a la exposición prolongada a panelistas.

Y con esto termino mis palabras, probablemente demasiado salameras, hacia nuestra querida Victoria. Vicky, si precisás una receta de omeprazol, una muestra médica, una cucharadita de bicarbonato o, directamente, una interconsulta con Gastroenterología, contá conmigo. Como colega de profesión de uno de tus panelistas, siento que alguna responsabilidad corporativa me corresponde en la reparación del daño digestivo que semejantes espectáculos podrían ocasionarte. Porque hay que aguantar las cosas que aguantás vos, querida. Y hacerlo con esa elegancia, esa sonrisa y esa flema británica que te permiten seguir conduciendo mientras a tu alrededor algunos de tus variopintos panelistas convierten una discusión política en una prueba de esfuerzo para el sistema nervioso autónomo.

Dejo a continuación el video del intercambio entre Miguel Fernández Galeano y Félix Ulloa, hasta la intervención de Victoria para concederle la palabra a otro panelista. La posterior intervención de Valeria Ripoll no está incluida en este fragmento. Queda a disposición del lector para que juzgue por sí mismo si mi descripción resulta excesivamente ácida o si, por el contrario, he incurrido en un episodio de moderación impropio de mi trayectoria. Las imágenes tienen la saludable virtud de permitir que cada cual forme su propio juicio, incluso cuando eso supone discrepar conmigo, actividad que continúa siendo perfectamente legal en esta página.

Fragmento de Esta Boca es Mía, Teledoce, 8 de octubre de 2026. Intercambio entre Miguel Fernández Galeano y el vicepresidente Félix Ulloa, .

Terminados los homenajes a Victoria, mi inesperada alianza diplomática con Ripoll y las consideraciones sobre la gastroenterología del periodismo uruguayo, corresponde regresar al asunto que motivó este artículo: la defensa filosófica y jurídica del modelo Bukele, la recuperación de la soberanía estatal y los argumentos que Félix Ulloa expuso durante su visita a Uruguay. Porque detrás de todo este circo televisivo hay un problema político suficientemente importante como para merecer algo más que cuatro personas intercambiando indignaciones frente a una cámara.

La excepción empezó antes de que Bukele llegara al poder

El régimen de excepción salvadoreño comenzó formalmente en marzo de 2022. Pero la situación extraordinaria que lo precedió llevaba muchos años desarrollándose.

La Mara Salvatrucha y Barrio 18 habían establecido mecanismos de control territorial, extorsión, intimidación, reclutamiento y violencia organizada. En determinados barrios, las decisiones cotidianas de las personas estaban condicionadas por reglas impuestas mediante amenazas. Cruzar una calle, abrir un comercio, denunciar un delito o negarse a pagar una extorsión podían convertirse en decisiones que comprometieran la propia vida.

El orden jurídico estatal seguía formalmente vigente. Había Constitución, tribunales, elecciones, policías y autoridades administrativas. Lo que se encontraba deteriorado era la capacidad efectiva de ese conjunto institucional para proteger a los ciudadanos frente a otro poder organizado.

Esa es la cuestión que examiné extensamente en mi ensayo anterior y que considero indispensable recuperar.

La soberanía tiene una dimensión normativa, pero también una dimensión material. Una autoridad puede disponer del título jurídico para gobernar y, sin embargo, encontrarse con que determinadas decisiones solo adquieren eficacia si una organización criminal permite su cumplimiento.

Si un comerciante tiene autorización estatal para abrir su negocio, pero necesita pagarle a una mara para que no lo maten, la autoridad efectiva sobre su actividad económica se encuentra disputada. El permiso del Estado está perfectamente redactado, sellado y archivado; la extorsión criminal, mientras tanto, decide si el hombre llega vivo al viernes.

No hace falta que una organización criminal tenga ministerios para ejercer funciones de gobierno. Le alcanza con poder imponer obediencia, castigar la desobediencia y organizar la conducta de una población mediante la amenaza. En ese contexto, el Estado ha dejado de cumplir una de las obligaciones fundamentales que justifican su existencia.

Y es precisamente acá donde comienza mi defensa liberal del modelo Bukele.

Locke, la libertad y el deber de proteger

El liberalismo clásico ha sido extraordinariamente cuidadoso al establecer límites frente al poder estatal. Tiene excelentes razones históricas para desconfiar de cualquier institución que disponga de policía, tribunales, cárceles y capacidad de imponer obediencia mediante la fuerza.

Pero reducir el liberalismo a una teoría destinada exclusivamente a impedir los excesos estatales implica mutilar una parte esencial de sus fundamentos.

John Locke explica en el Segundo tratado sobre el gobierno civil que los individuos forman sociedades políticas para asegurar una protección más efectiva de sus vidas, sus libertades y sus bienes. El estado de naturaleza presenta dificultades porque carece de una autoridad común capaz de aplicar imparcialmente reglas conocidas y ejecutar sus decisiones.

El Estado adquiere legitimidad, entre otras razones, porque permite sustituir la inseguridad del poder privado por un orden jurídico común.

¿Qué ocurre cuando una organización criminal consigue restaurar, dentro del territorio estatal, condiciones de inseguridad semejantes a las que justificaron originalmente la constitución de la sociedad política?

El problema liberal adquiere entonces una dimensión especialmente grave. Los ciudadanos continúan sometidos a las obligaciones legales del Estado y, simultáneamente, deben responder a las exigencias coercitivas de una organización que carece de legitimidad democrática, no reconoce garantías procesales y no está obligada a justificar sus decisiones ante tribunal alguno.

Quien exige protección frente a ese poder está formulando una reclamación profundamente liberal.

El ciudadano extorsionado quiere ejercer su libertad económica. El trabajador amenazado quiere circular. La familia sometida al control territorial quiere recuperar su autonomía. Ninguna de esas demandas es una nostalgia autoritaria de mi parte, y muchísimo menosuna inclinación patológica hacia el castigo.

Una sociedad puede conservar formalmente sus libertades y perder materialmente la posibilidad de ejercerlas.

Ese fue uno de los grandes fracasos del Estado salvadoreño anterior a Bukele. Y la respuesta de su gobierno debe examinarse también desde esa obligación protectora incumplida.

Podemos discutir cuánto poder extraordinario corresponde otorgarle a un Estado que enfrenta una amenaza semejante. Pero cualquier teoría que ignore la obligación de proteger a quienes estaban sometidos por las maras ofrece una versión extraordinariamente empobrecida del liberalismo.

Un liberalismo que solo consigue identificar el poder coercitivo cuando lleva uniforme oficial y firma resoluciones administrativas necesita ampliar urgentemente su instrumental conceptual. Porque la libertad tampoco sobrevive demasiado bien cuando quien decide sobre ella lleva un arma, pertenece a una organización criminal y no tiene la menor intención de respetar el recurso de apelación que acabamos de redactar con tanto entusiasmo.

Hay una concepción particularmente ingenua de la seguridad pública que parece confiar en que la mera existencia de una prohibición jurídica constituye una respuesta suficiente frente a estructuras criminales organizadas. Bajo esa lógica, bastaría con disponer de normas penales adecuadas, garantías perfectamente formuladas y declaraciones institucionales suficientemente solemnes para que el problema terminara resolviéndose por agotamiento legislativo.

Eso es tan absurdo como poner un cartel gigante en Avenida Varela que diga «PROHIBIDO MATAR» y creer que con eso vamos a terminar el sicariato en Villa Española.

La prohibición del homicidio es jurídicamente indispensable. Pero su existencia no desarticula por generación espontánea las organizaciones capaces de financiarlo, ordenarlo y ejecutarlo. Para que la prohibición sea algo más que una aspiración normativa, el Estado necesita capacidad investigativa, control territorial, instituciones penitenciarias eficaces y suficiente poder coercitivo para hacer cumplir sus decisiones.

La diferencia entre tener derechos y poder ejercerlos merece una consideración más seria que la que algunos debates parecen dispuestos a concederle.

Una organización terrorista exige una respuesta penal diferente

Hay una cuestión que Ulloa explicó y que considero central: las maras deben ser entendidas como organizaciones criminales estructuradas, con jerarquías, funciones distribuidas, mecanismos de reclutamiento, capacidad financiera y continuidad operativa.

En 2015, la Sala de lo Constitucional salvadoreña reconoció el carácter terrorista de determinadas organizaciones, como la MS-13 y Barrio 18. Una década después, Estados Unidos incorporó formalmente a ambas organizaciones a sus designaciones de terrorismo extranjero.

Esto tiene consecuencias jurídicas importantes.

La criminalidad organizada no puede investigarse adecuadamente mediante una comprensión exclusivamente individual y fragmentaria de cada delito. Una estructura puede distribuir funciones entre quienes ejecutan homicidios, quienes transmiten órdenes, quienes obtienen información, quienes financian operaciones y quienes garantizan la continuidad de la organización.

El individuo que dispara realiza una conducta criminal identificable. Pero puede existir una estructura mucho más amplia que hace posible ese homicidio, facilita su ejecución y garantiza que otro integrante pueda reemplazar al ejecutor si termina detenido.

Un derecho penal que solo observa la mano que aprieta el gatillo, deja fuera del análisis a quienes mantienen funcionando la maquinaria que pone las armas, selecciona objetivos y organiza los recursos.

De ahí la importancia de investigar la pertenencia consciente a una organización terrorista como una conducta jurídicamente relevante en sí misma, cuando la legislación aplicable la tipifica como delito.

Eso ayuda también a comprender el valor de determinados signos de pertenencia.

Históricamente, los tatuajes de las maras funcionaron como elementos de identificación organizacional y afirmación de una identidad criminal. En algunos grupos y períodos, los rituales de incorporación podían incluir actos violentos de extrema gravedad, incluso homicidios. Las modalidades de ingreso y las prácticas de tatuaje no fueron uniformes, y su evolución obliga a evitar afirmaciones universales que la evidencia no sostiene, del estilo de los bukelistas uruguayos que lo reducen a tatuaje=mara.

Un tatuaje inequívocamente asociado a una estructura criminal, acompañado de información policial corroborada y otros elementos de identificación, es un indicio relevante de pertenencia.

Su importancia aumenta cuando la afiliación misma representa una conducta penalmente sancionada.

Y esto vuelve especialmente interesante la explicación de Ulloa sobre las clicas y los juicios colectivos.

Una organización criminal puede ser investigada en cuanto estructura. Sus integrantes pueden comparecer dentro de un procedimiento común, siempre que se determine qué elementos acreditan la participación de cada uno y qué responsabilidad corresponde atribuirle.

El derecho penal moderno necesita disponer de herramientas capaces de identificar organizaciones enteras y desarticular sus mecanismos de continuidad. La idea de que investigar criminalidad organizada consiste simplemente en acumular expedientes aislados y esperar pacientemente a que todos los testigos sobrevivan para declarar constituye una curiosa demostración de optimismo procesal.

La presunción de inocencia y el problema extraordinario de la prueba

Esta es la cuestión más delicada de mi posición, y precisamente por eso merece le quiero dedicar una formulación rigurosa.

La presunción de inocencia ocupa un lugar central en el derecho penal liberal. Protege al individuo frente a la posibilidad de que el Estado utilice su poder coercitivo para detener, acusar y condenar arbitrariamente. Su fundamento histórico está estrechamente vinculado con el reconocimiento de la enorme desigualdad material entre el aparato estatal y el ciudadano sometido a investigación.

Sin embargo, la configuración del riesgo cambia cuando las autoridades enfrentan una organización terrorista que controla territorios, intimida testigos, destruye evidencia, infiltra instituciones y dispone de capacidad para continuar ejerciendo violencia mientras sus integrantes están sometidos a procesos judiciales.

En ese escenario, considero defendible establecer un régimen cautelar excepcional que atribuya un peso probatorio especialmente relevante a los indicios objetivos de pertenencia terrorista y que permita exigir al sospechoso una carga reforzada de refutación respecto de esa vinculación.

Esta posición admite una redistribución extraordinaria de determinadas cargas procesales. Supone aceptar que, ante evidencia inicial suficientemente sólida de afiliación voluntaria a una organización terrorista, el Estado pueda mantener restricciones cautelares más severas mientras se desarrolla la investigación y se examinan los elementos de descargo.

La distinción entre carga de aportar evidencia y carga definitiva de demostrar culpabilidad resulta fundamental para comprender el alcance de esta propuesta. La primera puede adquirir una configuración excepcional en procedimientos especializados. La segunda determina las condiciones necesarias para imponer una condena penal.

El derecho uruguayo, en un sentido filosófico de analogía de mecanismo inferencial, me asiste como ejemplo, para justificar una prisión sin sentencia en situaciones, muy definidas (estas son las que son propias de nuestro ordenamiento júridico y el que me lea como ignorante por usarlo lo remito a un principio filosófico que no requiere saber ni fenomenología ni metafísica, la caridad interpretativa). En uruguay en el par normativo penal, CPP y CP, existen en determinados delitos graves, presunciones legales vinculadas con riesgos, que pueden justificar la prisión preventiva de un sujeto. La ampliación del concepto hacia organizaciones terroristas implica una discusión distinta y más exigente, claro está, no podemos equiparar prisión preventiva con estado de excepcion, pero nunca pretendí hacerlo, mi pretensión era mucho más humilde, señar que el aparato normativo liberal contemporáneo no desconoce completamente las presunciones procesales relacionadas con la gravedad del delito ni las particularidades propias de quien delinque, su capacidad de distorsionar el proceso o dañar a un tercero.

La pregunta que debe formularse es qué ocurre cuando el error de liberar a un integrante de una organización terrorista puede permitirle intimidar testigos, recuperar funciones de mando, destruir pruebas o contribuir a reconstituir una estructura de violencia colectiva.

Ese riesgo posee una relevancia que la teoría procesal no debería minimizar.

No todas las amenazas criminales son equivalentes. Un sistema judicial que enfrenta organizaciones dotadas de continuidad institucional clandestina necesita herramientas capaces de reconocer esa diferencia.

Y si el Estado dispone de indicios serios y verificables de pertenencia a una estructura terrorista, considero legítimo discutir una restricción cautelar de la libertad considerablemente más rigurosa que la aplicable a un acusado de delincuencia común.

La finalidad es impedir que la investigación penal se transforme en una oportunidad operativa para la organización investigada.

Los abogados, las comunicaciones y las cárceles-oficina-prostíbulo-discoteca

Ulloa también explicó por qué la estrategia salvadoreña presta especial atención al aislamiento operativo de las organizaciones criminales.

Durante años, donde el gobierno lo conducía el FMLN, las instituciones de fórma tácita permitieron que integrantes de las maras conservaran facultades de mando y coordinación hacia el exterior. La detención neutralizaba parcialmente la libertad física del individuo sin interrumpir sus funciones dentro de la organización.

La cárcel terminaba funcionando como una sede administrativa con barrotes, financiada por el contribuyente y con una estructura de gestión que nadie había tenido la gentileza de someter a licitación pública. También se celebraron eventos intrapenitenciaros, en ocasiones stremeados live por plataformas, donde los capos mareros y su nómina de recursos humanos disfrutaba de prostitutas, música en vivo y la cocaína suficiente para mantener a un elefante despierto una semana. Todo mientras en la rendición de cuentas estatal del FMLN, eso se seguía llamando Cárcel. Con carceles como esa, hubieran hecho guita vendiendo paquetes all inclusive por booking.

El problema es serio porque una organización criminal no desaparece cuando alguno de sus miembros ingresa en prisión. Sus redes pueden continuar operando mediante intermediarios, familiares, colaboradores, contactos institucionales y profesionales que actúen conscientemente al servicio de la organización.

Esto también exige estudiar con cuidado las comunicaciones entre los detenidos y el exterior.

El régimen salvadoreño amplió de tres a quince días el plazo máximo de detención administrativa y suspendió determinadas garantías constitucionales relacionadas con la asistencia letrada y las comunicaciones. La posibilidad de restringir esos canales encuentra su justificación en la necesidad de impedir que las estructuras terroristas interfieran con las investigaciones.

La cuestión de los profesionales que pudieran actuar como intermediarios merece también una explícita consideración.

Un abogado puede ejercer legítimamente la defensa de un acusado. También puede ocurrir que una organización criminal utilice a un profesional para transmitir información, ocultar recursos, coordinar versiones o facilitar comunicaciones ilícitas.

La pertenencia al ámbito profesional no confiere inmunidad frente a una eventual complicidad criminal.

Por eso considero legítimo que los regímenes antiterroristas incluyan controles especialmente rigurosos de las comunicaciones cuando existen indicios concretos de colaboración con una estructura organizada, largamente conocidos y hasta stremeados. El desafío consiste en impedir la continuidad operativa de la organización preservando una defensa jurídica capaz de discutir las acusaciones y detectar errores.

Vamos a un ejemplo más del norte, que cercano a nostros. Estados Unidos ha reconocido también la necesidad de procedimientos especiales frente al terrorismo. Las directrices del Departamento de Justicia de 2010 contemplan excepciones a las advertencias ordinarias de Miranda durante determinados interrogatorios vinculados con amenazas terroristas y necesidades de seguridad pública.

Los modelos estadounidense y salvadoreño tienen fundamentos y alcances diferentes. Su existencia permite, sin embargo, reconocer un hecho jurídico relevante: los Estados liberales contemporáneos han considerado necesario desarrollar instrumentos excepcionales frente a organizaciones terroristas.

Esa constatación obliga a examinar con mayor precisión las críticas al modelo salvadoreño.

Si admitimos que el terrorismo organizado presenta amenazas particulares capaces de justificar regímenes especiales de investigación, la discusión debe concentrarse en la necesidad, el alcance y los límites de los instrumentos utilizados.

Y también en las razones por las que determinados procedimientos extraordinarios reciben un tratamiento político internacional tan diferente dependiendo del Estado que los aplica.

Estados Unidos posee una capacidad considerable para desentenderse de las críticas internacionales a sus propias políticas antiterroristas. Un pequeño país centroamericano dispone de bastante menos margen diplomático para hacerlo.

La fuerza jurídica de un argumento debería permanecer idéntica, aunque el Estado que deba responderlo tenga menos influencia internacional y una bandera con menos estrellas.

Los errores de detención y la dimensión temporal de la excepción

Las autoridades salvadoreñas han reconocido que miles de personas inicialmente detenidas recuperaron su libertad al no acreditarse su vinculación con organizaciones criminales. Ulloa mencionó aproximadamente 8.000 liberaciones durante sus entrevistas.

Esa cifra permite establecer que existieron mecanismos de excarcelación. La política de seguridad debe poder distinguir entre integrantes de las organizaciones criminales y personas indebidamente incorporadas a los procedimientos.

En un régimen extraordinario de detenciones, la capacidad para revisar identificaciones, examinar pruebas y corregir errores tiene que ser particularmente robusta. La eficacia policial necesita una justicia capaz de procesar sus resultados y determinar responsabilidades individuales.

También corresponde investigar las denuncias concretas sobre muertes bajo custodia, malos tratos y condiciones penitenciarias. Comparar cantidades de fallecimientos entre períodos exige conocer la población penitenciaria, la duración de las exposiciones y las causas verificadas de muerte. Cosa que el gobierno salvadoreño, no detalló. Ahí quizás es donde no estoy de acuerdo con Bukele y Ulloa, si hay que cerrarle la boca a Amnistia Internacional y Humans Right watch, convendría que se hiciera con números que sostengan el 8000 dentro de un total específico y numeros que lo desglosen en que tipo de situacion fue la de cada uno de esos 8000. Porque no le voy a palmear la espalda a estos señores, solo porque tengan buenos argumentos como los que vengo examinando… Cuando se quedan cortos en cierto aspectos, también hay que decirlo. La caridad interpretativa tienee la desagradable característica de aplicarse a ambos lados del debate, y yo juego con ese boomerang sin que me golpee en la jeta, cosa que los críticos medio pelo, no suelen hacer.

El razonamiento jurídico sobre la excepcionalidad adquiere, además, una dimensión temporal que desarrollé en mi ensayo original a partir de la teoría de Robert Alexy.

La proporcionalidad exige examinar la idoneidad de una medida, su necesidad y la relación entre los beneficios perseguidos y las restricciones impuestas. Pero el peso de esas consideraciones puede cambiar cuando una intervención transforma el escenario que originalmente justificó su adopción.

Una medida extraordinaria puede encontrar fundamentos particularmente fuertes cuando la organización criminal conserva capacidad territorial y el Estado carece de medios suficientes para neutralizarla. Si la intervención logra desarticular esa estructura, la continuidad de sus instrumentos debe examinarse según las amenazas que todavía subsisten.

Ulloa sostuvo que las maras fueron derrotadas operativamente, pero que permanecen integrantes y mecanismos capaces de favorecer su reconstrucción. Esa es la justificación gubernamental para continuar con el régimen de excepción mientras avanza la recuperación del tejido social.

El argumento de la continuidad organizacional tiene relevancia. Una estructura terrorista puede perder visibilidad territorial y conservar recursos, contactos y posibilidades de reorganización.

La pregunta jurídicamente exigente consiste en determinar qué herramientas siguen siendo indispensables para impedir esa reconstrucción y cómo se conserva la capacidad protectora recuperada cuando algunas facultades extraordinarias comienzan a retirarse.

Porque sería una ironía bastante cruel que el Estado, después de conseguir desarticular organizaciones que habían controlado territorios durante años, volviera a facilitar su recuperación por confundir normalización institucional con desmantelamiento preventivo.

Los derechos humanos también pertenecían a quienes vivían bajo las maras

Hay un acontecimiento que me molesta bastante de los opinólogos de turno cuando examinan la historia reciente de El Salvador.

El 20 de junio de 2010, integrantes de Barrio 18 incendiaron un microbús con pasajeros en Mejicanos. Diecisiete personas murieron en un ataque de una brutalidad extraordinaria.

Esas personas habían cometido la osadía de utilizar un transporte público.

No participaban en una operación policial, no estaban disputando el control de una clica y no habían solicitado incorporarse al debate internacional sobre los derechos humanos. Intentaban desplazarse dentro de su propio país y terminaron convertidas en víctimas de una organización criminal.

Ese episodio permite comprender algo que la abstracción jurídica puede perder con demasiada facilidad: la violencia de las maras afectaba las condiciones elementales de existencia de los ciudadanos.

Por eso encuentro insuficientes los análisis que comienzan examinando las restricciones del régimen de excepción sin reconstruir la magnitud del sometimiento anterior.

Una discusión filosófica seria debe incorporar las garantías de los acusados, las obligaciones de las autoridades, los resultados de las políticas de seguridad y los derechos de la población que necesitaba protección.

Cuando una estrategia estatal reduce sustancialmente la capacidad de organizaciones criminales para extorsionar, intimidar y asesinar, ese resultado tiene una relevancia moral propia. No se trata simplemente de una mejora estadística. Supone una transformación en las condiciones efectivas bajo las cuales las personas pueden ejercer sus libertades.

Una madre que puede dejar salir a su hijo con menos temor, un trabajador que circula sin atravesar los controles informales de una organización criminal o un comerciante que deja de pagar extorsiones experimentan consecuencias concretas de la recuperación de autoridad estatal. La libertad material importa. Y debería importarle especialmente a cualquiera que pretenda hablar en nombre del liberalismo.

El problema de unos cuantos discursos que escuché, sobre derechos humanos es que desarrollan una extraordinaria precisión para describir las restricciones impuestas por el Estado y una capacidad bastante más limitada para incorporar al análisis político el sometimiento prolongado de las poblaciones por organizaciones criminales.

En ocasiones, la arquitectura conceptual parece disponer de una habitación perfectamente iluminada para el acusado, otra para el Estado y un pequeño depósito al fondo para las víctimas anteriores a la intervención. Me parece que ya es hora de ampliar el edificio.

El pueblo salvadoreño y la legitimidad democrática

La legitimidad política constituye, a mi entender, otro de los fundamentos centrales para defender el modelo Bukele.

Las encuestas han registrado niveles extraordinariamente elevados de aprobación presidencial. En enero de 2026, LPG Datos situó ese respaldo en 91,9 %, mientras que su medición publicada en junio lo ubicó en 85,5 %. Las cifras cambian según el momento y la institución que realiza el relevamiento, pero muestran una aprobación sostenida que merece ser examinada como fenómeno político.

La popularidad presidencial y el respaldo específico al régimen de excepción son indicadores diferentes. Sin embargo, el apoyo expresado por amplios sectores de la población constituye una dimensión indispensable para comprender la legitimidad democrática del gobierno y de su política de seguridad.

Esto resulta particularmente importante cuando las críticas provienen de actores internacionales que evalúan el proceso desde contextos institucionales y sociales muy diferentes.

El pueblo salvadoreño experimentó directamente las condiciones de violencia que precedieron al gobierno actual. Sus ciudadanos conocen las consecuencias de la extorsión, las restricciones territoriales y la capacidad de intimidación que habían adquirido las maras.

Y son ellos quienes experimentan también las transformaciones producidas por la recuperación del control estatal. El Estado salvadoreño está constituido por esas personas.

El Estado es la comunidad política que reclama protección frente a la violencia y que, mediante sus instituciones, busca garantizar las condiciones necesarias para una convivencia libre.

Bukele ejerce la presidencia de ese Estado. Su gobierno es una autoridad política que debe responder ante sus ciudadanos y ante el orden jurídico correspondiente. Pero su legitimidad democrática se vincula también con la recuperación de una función que durante años estuvo gravemente deteriorada.

Me resulta llamativo que algunos análisis concedan enorme importancia a la voluntad popular cuando exige determinados derechos o transformaciones sociales y manifiesten una sospecha considerablemente mayor cuando esa misma voluntad respalda políticas de seguridad extraordinariamente severas. La soberanía popular merece un examen consistente, no una caricatura como hicieron algunos

El respaldo ciudadano no convierte automáticamente cualquier medida en constitucional. Sin embargo, tampoco puede ser reducido a una especie de anomalía psicológica colectiva que los observadores internacionales deban corregir desde la superioridad moral de sus escritorios. O desde su silla en un panel como el simpatico Miguelito en el programa de Victoria Rodriguez.

La población salvadoreña tiene experiencias, intereses y razones propias para evaluar a sus gobernantes.

Y si una mayoría extraordinariamente amplia considera que su vida cotidiana ha mejorado bajo una política determinada, esa experiencia merece formar parte del análisis filosófico y político.

El liberalismo clásico encuentra aquí uno de sus problemas más interesantes: la legitimidad del poder estatal está vinculada con su capacidad de proteger los derechos para cuya defensa fue constituido. La recuperación de esa capacidad tiene consecuencias materiales y democráticas.

Por eso considero que la discusión sobre Bukele debe incorporar la voz de quienes vivieron bajo el poder de las maras y ahora evalúan las condiciones producidas por la respuesta estatal.

La sociedad que soportó el problema posee una autoridad experiencial que no puede ser reemplazada mediante comunicados redactados desde el exterior.

Félix Ulloa y una discusión que Uruguay todavía necesita aprender a tener

La visita de Félix Ulloa ofreció una oportunidad importante para comprender un proceso político y jurídico que desafía muchas de las categorías habituales con las que analizamos la seguridad pública.

El vicepresidente explicó que el modelo salvadoreño no puede exportarse mecánicamente. Describió su origen institucional, el Plan Control Territorial, los cambios legislativos y las condiciones particulares que hicieron posible la intervención.

También desarrolló una posición jurídica polémica sobre la responsabilidad colectiva, los procedimientos contra estructuras criminales y la distribución de las cargas probatorias.

Esos argumentos merecen ser examinados con rigor. Lo que me interesa destacar es que Ulloa efectivamente los explicó y aceptó discutirlos frente a periodistas que, la mayor parte del tiempo, formularon objeciones insistentes y críticas severas.

Su disposición a responder, incluso cuando consideró que sus palabras estaban siendo malinterpretadas, me pareció digna de reconocimiento.

Y la discusión uruguaya debería aprovechar esa explicación para formular preguntas más profundas que la alternativa habitual entre importar el modelo completo y condenarlo mediante una etiqueta política.

Uruguay tiene su propia configuración criminal, sus instituciones y sus problemas de seguridad. Las estructuras que operan en nuestro país presentan diferencias importantes respecto de las maras salvadoreñas, y el diseño de políticas públicas debe responder a esas diferencias.

La experiencia de El Salvador, sin embargo, plantea una cuestión que considero universal: ¿cuánto tiempo puede un Estado tolerar la expansión de una organización criminal antes de admitir que las herramientas ordinarias resultan insuficientes para recuperar su autoridad?

Y agrega otra pregunta todavía más difícil: ¿qué responsabilidad política tiene un gobierno que observa cómo su población pierde libertades efectivas frente a organizaciones criminales y continúa invocando las virtudes formales de procedimientos que ya no consiguen protegerla?

Me preocupa profundamente la facilidad con la que determinadas discusiones convierten la preservación del procedimiento en el objetivo último de la política penal, incluso cuando las condiciones materiales de libertad de los ciudadanos se encuentran gravemente deterioradas.

Un Estado constitucional necesita garantías, jueces, reglas probatorias y procedimientos de revisión. También necesita capacidad real para impedir que organizaciones privadas establezcan mediante violencia el orden que las instituciones públicas no consiguen garantizar.

Defiendo que Bukele enfrentó ese problema mediante una estrategia extraordinaria que alteró de manera profunda el poder de las maras y las condiciones de seguridad de El Salvador.

Defiendo también la legitimidad de discutir procedimientos cautelares especiales frente a organizaciones terroristas, con reglas probatorias y facultades de investigación adaptadas a su capacidad estructural.

Y considero que Félix Ulloa presentó ante la opinión pública uruguaya argumentos que merecían ser escuchados y discutidos con mayor profundidad de la que permite la repetición automática de determinados reproches.

La historia salvadoreña obliga a reconocer que el Estado puede incumplir su deber de proteger tanto por exceso de coerción como por incapacidad para contener la coerción criminal.

En ambos casos, las consecuencias las soportan personas concretas.

El liberalismo que defiendo exige hacerse cargo de esa realidad.

Porque cuando un Estado pierde la capacidad de proteger a sus ciudadanos frente a organizaciones que gobiernan mediante el terror, la libertad deja de ser una garantía efectiva y se convierte en una promesa que alguien más tiene el poder de incumplir.

Y cuando ese Estado consigue recuperar su autoridad, considero legítimo reconocer la magnitud política, jurídica y moral de lo que ha conseguido.

Aunque al hacerlo haya que soportar otro interminable festival de indignación televisiva, con los adjetivos perfectamente acomodados, para que la historia de El Salvador termine empezando, no en el proceso de incompetencia del FMLN, si no, por alguna misteriosa razón, el día que Bukele decidió responder

Material complementario

Ensayo previo

Cuando la cárcel escribe filosofía en hormigón: Bukele, El Salvador y sus resultados frente a los límites del liberalismo penal clásico.

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Entrevistas que motivaron este artículo

Referencias jurídicas y documentales

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